sábado, 9 de agosto de 2008

LEVANTAR EL PRESTIGIO DEL CONGRESO ES AYUDAR A LA ESTABILIDAD DE LA DEMOCRAACIA Y DE LAS INVERSIONES

Jesus Jimenez Laban
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"Hay hermanos muchísimo que hacer", decía el poeta César Vallejo. Aun queda un largo trecho para que concluya su periodo constitucional el Presidente Alan García, pero lo que se vive en el Congreso es un ambiente de vacaciones, pese a la enorme tarea legislativa que impone el momento.
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Pareciera que los representantes no tuvieran interés por lo que pasa a su alrededor, no hacen autocrítica sobre lo que acontece ni muestran espíritu de enmienda.
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Hay quienes quieren mostrar con legítimo derecho el lado bueno del Congreso, pero esto se empaña cuando las comisiones son presididas por desconocidos, gente que parece tener compromisos extraños o que arreglan, direccionan y negocian sus votos en decisiones cruciales o que ponen en duda los cargos, según las denuncias hechas en la propia Comisión de Etica. ¨Esto no puede ser¨, dicen muchos ¨sotto voce¨ dentro de los muros del Congreso como si hablar en voz alta fuera una ofensa cuando se defienden los intereses de la democracia. Ellos no saben que es el mismo comentario que hace un pasajero indignado con el agotado chofer de un microbús en camino a su villorrio.
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Como en otros periodos parlamentarios, no ayuda en nada hacer sesiones a puertas cerradas porque da pie a las especulaciones que siempre han terminado en maldiciones contra la prensa.
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El corazón del problema es la crisis ética y moral en la que está sumida más de la mitad de la representación parlamentaria, a juzgar no sólo por el grupo de ética parlamentaria sino por sondeos libres y responsables de centros académicos.
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Esta triste realidad en opinión de valorados y respetados cronistas parlamentarios se explica en los cuatros pecados capitales que corroen el Congreso que van desde nepotismo, pasando por arreglos bajo la mesa, violación de la ley laboral en contra de terceros hasta la fe pública porque hacen al pueblo ofrecimientos demagógicos a sabiendas que no tienen iniciativa de gasto.
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Aquí no estamos hablando en contra de los parlamentarios ni le estamos faltando el respeto al Presidente de la República. No estamos atacando a las personas sino el problema. Es una actitud de defensa del sistema democrático que se retroalimenta de valores y de principios con los cuales se podrán poner en alto la bandera, el estado de derecho, libertad con transparencia contra la corrupción, un país viable para nuestros hijos.
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Sólo hay que leer las historias clínicas, los partes policiales, la denuncias en los colegios y los secuestros y asaltos de cada día para darnos cuenta de que hace falta una política de servicio al ciudadano que lo proteja de la falta de equipamiento médico, de la tutela del Estado, de la calidad de la enseñanza y probidad del maestro y de la seguridad y bienestar del hombre de a pie.
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Por ahí se debe comenzar. Proyectar un ambiente de de armonía constitucional y estabilidad jurídica en el país. El ejemplo, empieza por casa.
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Los fundamentos del modelo de desarrollo económico son sólidos. No en vano dos clasificadoras de riesgo nos han otorgado el ansiado grado de inversión porque ven en el país perspectivas de futuro.
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De manera que un Congreso que tiene funcionamiento virtual, pero no real inquieta de alguna manera las inversiones porque la estabilidad económica –sin sobresaltos especulativos y desorden e indisciplina- se gana con hechos, no se recibe, en base a buenas señales y reflejos democráticos.
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Nadie quisiera que pase aquí lo que ocurrió en Colombia en 1998 cuando recibió el grado de inversión, pero por razones de inestabilidad política se le tuvo que privar de esa distinción financiera.
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Lo que se busca en un momento como este es que el Congreso se ponga de acuerdo y maneje las cosas con visión de futuro de tal manera que los pueblos se vean representados en el Pleno, que las urgencias ciudadanas sean canalizadas desde los barrios más olvidados, que se asegure una remuneración al servidor público de acuerdo a sus méritos, se apague los conflictos –huelga médica, regalías mineras y reclamos sindicales- en base a un entendimiento armonioso basado en un diálogo constructivo para ambas partes, ciudadano y estado.