sábado, 11 de septiembre de 2010

El comandante en su laberinto


¿QUÉ BUSCA FIDEL CASTRO?

JESUS JIMENEZ LABAN

¿Cómo sería Cuba si volviera a la Democracia? Quizás entraría al mismo periodo de reconstrucción que los países del este europeo después de la caída del Muro de Berlín. Más allá de la reforma económica, política y social e inversiones e infraestructura y telecomunicaciones, sería la vuelta de las elecciones libres y soberanas del ejercicio de los derechos humanos y con él el de la libertad de expresión.

Desde que apareció a los ojos de la prensa Fidel Castro, líder de la revolución cubana, una vez repuesto de su dolencia gástrica, se ha mostrado muy mediático en sus declaraciones -desde advertencias de una guerra mundial hasta la confesión de que “el modelo cubano ya no funciona ni para nosotros”.

Mucho eco se ha hecho de estas declaraciones en los medios. Sin embargo, parece ser una estratagema para distraer a todos. ¿Puede fácilmente una dictadura aplicar un antibiótico político contra su propia estructura? Hay quienes creen que el reconocimiento del agotamiento del modelo cubano está muy lejos de una transferencia del poder a la civilidad. Pero no hay necesidad ya de especular. Al momento de escribir estas líneas, una cadena mundial de noticias informa que Castro alega que fue malinterpretado en la entrevista por la revista estadounidense “Atlantic”.

Lo que parece probable es que, en medio del largo y profundo sufrimiento del pueblo, el dictador tal vez –desde lo más profundo de su subconsciente- pretenda cambiar de piel para curarse en salud. Buscaría entonces encajar en uno de los modelos recientes que aporta la historia. La reconversión de la ex Unión Soviética –hoy Rusia- en una democracia tras un agitado proceso de reformas estructurales (Perestroika) y de transparencia (Glasnot). Ahí empezó primero la reforma política para dar paso después a la reforma económica.

Lo contrario está pasando en China. Como se sabe, en este gigante asiático se han incorporado inicialmente al capitalismo unos 300 millones de chinos en una zona liberada para el capitalismo, la libre competencia, escenario que le ha permito el ingreso de multinacionales, la capitalización con inversores vía Hong Kong y abrir los ojos hacia afuera. Sin embargo, el resto del sistema totalitario está intacto, tanto que quien decide el otorgamiento del préstamo en un banco es el jefe del partido comunista.

La historia de Cuba es conocida. La ex Unión Soviética subsidio la economía cubana. Después de la debacle política, es Venezuela que la auspicia. Pero esto no durará eternamente.

¿Seguir el modelo chino es lo que quiere Castro? Algunos dicen que Cuba está muy cerca geográficamente de Estados Unidos para permitir esta posibilidad. Además, tendría que levantarse la enmienda Helms Burton (1996), que prohíbe a empresarios americanos a hacer negocios en Cuba, decisión que sólo podría revertirse si vuelve la democracia a Cuba.

Más tarde o más temprano, el camino que le espera a la Isla es el retorno de la Democracia, el respeto de los derechos humanos y el ejercicio pleno de la libertad de expresión. Los presos de conciencia, la negación de las libertades, el aislamiento informativo de todo un país y el sufrimiento horroroso de cubanos por privaciones económicas, deben constituir una dura lección para el presente y el futuro de este último rezago de la prehistoria.

¿Dónde está el bien común?


REFLEXIONES SOBRE UNA CAMPAÑA QUE TERMINA Y OTRA QUE EMPIEZA

JESUS JIMENEZ LABAN

En esta campaña electoral pesa mucho la comicidad, la palabra dura y el insulto. El elector se deja llevar por los gestos, pero es necesario educarlo para que aprenda elegir de manera informada. Dicho de otro modo, que la relación afectiva entre elector y candidato se convierta en el conocimiento pleno de lo que se quiere hacer y cómo se quiere hacer. Si esto se llegara a hacer, el efecto gestual daría paso al voto racional porque la simpatía del votante se daría por las ideas y propuestas y no por el show.

A mi modo de ver, esta campaña por las elecciones municipales y regionales está plagada de desinformación. Los medios de comunicación se han esforzado en cubrir la noticia destacando el titular de la pelea, de la frase bonita y el enfrentamiento, la polarización ideológica y desapareciendo del mapa a los pequeños, aun cuando se sabe, por ciencia política, que las minorías son también democracia.

Sin embargo, ha sido un acierto promover foros, encuentros y centros de debates de ideas, pero las conclusiones no han alcanzado la difusión que esperaba el elector.

Esta es una campaña atípica que seguramente será objeto de estudio por la publicidad y el marketing político. Se podría decir que la caída de un candidato –por carencia de formalidades a la luz de las autoridades electorales- ha gobernado las estrategias políticas de todos. El caudal electoral del caído ha migrado proporcionalmente a las otras candidaturas en unos casos reforzando el posicionamiento de las candidaturas que quedan en contienda y en otros, aumentado el número de votantes indecisos, lo cual hace pensar que hasta la último día nadie podrá estar seguro de la victoria.

Las encuestas, que son métodos para palpar el sentimiento del elector, se han manejado de manera muy sesgada, algo que debe evitarse en las elecciones presidenciales. Las encuestas toman una foto de lo que piensa la opinión pública en un determinado momento. La opinión pública es una expresión de simpatía por alguien o por algo. La simpatía es compartir un sentimiento. Estas encuestas no pueden –ni deberían- ser usadas para orientar la intencionalidad del elector porque sería negación de la propia democracia. El voto es el reflejo exacto de lo que decide el elector sin influencia de ningún tipo.

Orientar al elector a que siga las ideas y propuestas es el fin, pero no influenciar en la voluntad porque todos sabemos que la gente prefiere al que está puntero, al que se le ve triunfador y apuesta por el rompedor. Nadie vota por un segundón… Sin embargo, las encuestas se puede equivocar y en las últimas experiencias se ha visto que el margen de error no es una garantía, de manera que debemos ser cuidadosos al encargar encuestas y publicarlas, sobre todo cuando hay intereses creados.

Los asesores mediáticos han tocado de manera epidérmica los temas más sensibles –seguridad, transporte y asistencia social en las zonas marginales- pero lo importante es que sus candidatos guarden coherencia entre lo que ofrecen y lo que pueden hacer. Todos ahora se acuerdan de las riberas del Rímac, de los cerros tugurizados que rodean Lima y de la fiscalización de las cuentas del alcalde que sale. La gente no es tonta.

Sin embargo, nadie toca el tema de fondo. Las ideas y propuestas para echar andar el gobierno local o el gobierno regional, las mismas que han sido desplazadas y arrinconadas por insultos, ataques a lo bruto y polarización entre derechas e izquierda, algo que ya no pertenece al mundo global.

¿Dónde están las propuestas? El elector tiene derecho a conocer los riesgos y peligros de una propuesta municipal y regional porque debe conocer si su candidato hará borrón y cuenta nueva de todo, o si continuará las cosas buenas que deja su predecesor o simplemente no encuentra recursos ni herramientas financieras suficientes para asegurar una buena gestión en los próximos cuatro años.

¿De qué estamos hablando? Históricamente está demostrado –caso de la plaza de Lima- que llegar a la Alcaldía no es trampolín para llegar a Palacio de Gobierno, salvo una excepción remota. Dejemos de pensar en la próxima elección, sirvamos al bien común. Es el fin.

Arrecian críticas


CATARATA DE PROTESTAS POR DECRETOS SOBRE DERECHOS HUMANOS

JESUS JIMENEZ LABAN

Gran consternación ha causado la promulgación de cuatro decretos legislativos –emitidos el 1 de septiembre por el Ejecutivo- que favorecería a violadores de derechos humanos, según varias opiniones de organismos de derechos humanos de los cuales ha hecho eco la prensa local y extranjera.

En uso de las facultades que el Congreso le otorgó al Ejecutivo, los citados decretos legislativos son cuestionados porque sorprendentemente considera delitos de lesa humanidad –asesinatos, desapariciones, torturas- sólo a los que se registran después de noviembre de 2003 y no se considera como tales a los perpetrados durante las décadas del 80 y 90, tiempo de guerra interna entre las fuerzas armadas y los subversivos. El problema se complica aún más cuando uno de los cuatro decretos establece el archivamiento definitivo (sobreseimiento) si en un periodo de 36 meses, desde que se inicia la etapa de instrucción, no se dicta sentencia.

Haciendo eco de esto, Human Rights Watch cree que la medida equivale a un marco jurídico por una amnistía generalizada. Poco antes, Amnistía Internacional pidió al gobierno la modificatoria de los decretos, argumentando varios tratados internacionales suscritos por Peru que lo obligan a investigar y juzgar violaciones graves de derechos humanos. La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) expresó al Presidente Alan Garcia su consternación por los decretos puesto que en su opinión “pondrá fin en términos efectivos a muchas investigaciones y juicios relacionados a casos de derechos humanos actualmente en marcha”.

En respuesta, el ministro Rafael Rey defiende el principio de la irretroactividad de la ley, recordando además que el estado suscribió la Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Crímenes de Lesa Humanidad en 2003, instrumento que entró en vigencia en noviembre de ese año.

Por su parte, la Conferencia Episcopal Peruana invoca en un comunicado que las normas dadas no se traduzcan en “actos que lleven a la impunidad” del riesgo que podrían derivarse de estos decretos. A diferencia de los delitos comunes, los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles. La Defensoría del Pueblo cree que estos delitos son imprescriptibles sin importar la fecha en que se cometieron por lo que ineludiblemente deben ser investigados y juzgados.

En tanto, la Fiscalía de la Nación, por boca del doctor Pablo Sánchez, ha reconocido que el decreto 1097 “afecta normas constitucionales e internacionales”. Es lo mismo que afirma el Relator Especial de la ONU, Martin Scheinin. Es más, el Centro de Estudios Legales y Sociales de Argentina, que cuestiona también los decretos, considera que los mismos suponen “un claro retroceso en la lucha contra la impunidad en la región, en la cual el histórico juicio al ex presidente Alberto Fujimori constituyó un hito fundamental”.

En tanto, 37 congresistas de las bancadas opositoras del Partido Nacionalista, Unión por el Peru, Alianza Democrática y Bloque Democrático han recurrido al Tribunal Constitucional en pos de una declaratoria de inconstitucionalidad del decreto 1097. Otras organizaciones de derechos humanos tratan de demostrar la incompatibilidad de estas disposiciones con el Derecho Internacional y con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y la Corte Suprema dictada en el caso Fujimori. Aunque su hija Keiko Fujimori lo niega, Carlos Rivera, del Instituto de Defensa Legal, cree que el objetivo de estas normas es liberar al ex presidente Fujimori, condenado a 25 años de cárcel por violaciones a los derechos humanos.

Esta semana, el presidente Alan García negó el miércoles que sus decretos puedan beneficiar a acusados de crímenes de lesa humanidad. El Ministro de Justicia Victor Garcia Toma dice que el decreto legislativo 1097 estará sujeto al control político del parlamento y a la interpretación del Poder Judicial, pero adelanta que es inaplicable a los casos Frontón y Barrios Altos.

Sin embargo, a pocos días de la publicación de los decretos, 21 militares del Grupo Colina, procesado por matanzas durante el régimen fujimorista (1990-2000), buscaban acogerse a esas normas para que se archiven sus juicios al haberse vencido los plazos para ser juzgados. Habrá que ver.