domingo, 17 de mayo de 2009

EL DESAFIO DE LA AMAZONIA

DIÁLOGO, DIÁLOGO Y MÁS DIÁLOGO
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Jesús Jiménez Labán (*)
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Las comunidades nativas en la selva peruana están en pie de guerra. Quieren que se derogue todo un andamiaje de leyes aprobadas por el Congreso porque las consideran lesivas a sus intereses comunitarios. Tras protagonizar hechos de violencia, empezó el diálogo, pero de manera simultánea el Ejecutivo decretó el estado de emergencia en la zona para prevenir mayores desórdenes.
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Parte de estas normas pertenecen al marco jurídico del acuerdo comercial entre Estados Unidos y Perú. Ahora la situación se complica. En cierto modo, como reacción a la declaratoria del estado de emergencia, preocupa e inquieta que un sector de las comunidades nativas pretendiera sin éxito hacer ejercicio del derecho de insurgencia, decisión que voceros oficiales han calificado como maniobra de desestabilización de la democracia.
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Si bien es cierto el derecho a la insurgencia es un recurso que ampara la Constitución, esta figura se inventó como antídoto contra los golpes de estado y gobiernos usurpadores. Nadie debe obediencia a “quienes asumen funciones públicas en violación de la Constitución y de las leyes”. “Son nulos los actos de quienes usurpan funciones públicas”.
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De vieja data, el derecho de insurgencia aparece en la Carta Magna que aceptó en 1215 el rey inglés Juan sin Tierra. El mismo Santo Tomás de Aquino admite la licitud de la rebelión cuando un gobierno no está alineado al bien común. Es justo no obedecer a los hombres (Encíclica “Libertas” durante el papado de León XIII) cuando alguien gobierna contra la razón o la ley eterna.
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Más adelante, la Declaración de Independencia de los Estados Unidos proclama abolir cualquier forma de gobierno que contravenga los derechos que al hombre ha otorgado el Creador. La declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (1789) que es preámbulo de la Constitución francesa, dice que nadie debe obediencia cuando se atenta contra los derechos de libertad, propiedad, seguridad y resistencia a la opresión.
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Gandhi ejerció la resistencia pasiva para expulsar a la autoridad británica. Aquí en el Perú no se ejerció el derecho de insurgencia tras el golpe del 5 de abril 1992, salvo un puñado de militares que fracasó en el intento.
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En esencia, volviendo al tema que nos ocupa, lo que los nativos piden es que no se les prive de sus tierras y demandan el ejercicio de responsabilidad social por parte de empresas que invierten capitales en sus territorios. Vale decir, que se les consulte previamente las decisiones a tomar y que la rentabilidad de las operadoras deje recursos para el crecimiento y desarrollo para sus pueblos.
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Resulta peligroso para la unidad e integridad del país azuzar vientos y tempestades bajo circunstancias que no se justifican por ningún motivo. Los esfuerzos de ambas partes deben estar centrados –como no puede ser de otro modo- en generar condiciones de diálogo, diálogo y más diálogo.
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Como su propio nombra lo indica, las comunidades campesinas y nativas se guían por un sentido de propiedad comunitaria o colectiva y son poseedoras de un espíritu de integración que heredan del Ayllu incaico, una especie de socialismo práctico en la agricultura y en la vida indígena como lo escribe el ensayista José Carlos Mariátegui. Experiencias similares se han dado en el mundo con el Mir de Rusia, el Ejido de México, la Zadruga de Serbia y la Marca de Alemania, todas ellas colectividades unidas por los mismos lazos económicos, sociales, históricos y culturales.
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Sin duda, este es un tema delicado. Las comunidades campesinas y nativas tienen, por decirlo así, vida propia incluso antes de su existencia legal y reconocimiento de personas jurídicas. Nadie puede privarlas de sus tierras, salvo abandono previsto en la Constitución, tampoco se les puede imponer nada que afecte la autonomía en su vida económica y administrativa, de acuerdo a ley.
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La supervivencia de estas comunidades en el tiempo ha sido siempre un tema de cuidado desde las Leyes de Indias, que amparaban la propiedad indígena y su organización; los decretos de Bolívar, que declaraba a los indios propietarios, aunque les negó vida legal. Posteriormente, las constituciones de 1920 y 1933 garantizan la integridad e imprescriptibilidad de sus propiedades. En 1979, se intentó sin éxito condicionar su existencia al requisito de la inscripción en los Registros Públicos, y en 1993 se les garantiza el uso y libre disposición de sus tierras.
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(*) Presidente de CENTRUM LABAN

EL DESTINO DEL NUEVO CONTRALOR

DESPUES DE SEIS MESES DE VACIO
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Jesús Jiménez Labán (*)
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Después de seis meses de vacío, el Perú tiene un nuevo Contralor. Aunque hay mecanismos de control (ex - ante) sobre licitaciones, este es el hombre que va a revisar las cuentas. Es obvio que alguien tiene que estar con el ojo abierto sobre el gasto público. Esta persona es el Contralor que se ubica a la cabeza del Sistema Nacional de Control.
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La Contraloría General de la República, descentralizada y autónoma, es constitucionalmente el órgano superior del Sistema Nacional de Control. Su Jefe, el Contralor, viene a ser una especie de fiscal supremo del gasto público, una función trascendente en un momento en que para muchos ésta puede resultar incómoda, un estorbo o un “paralizante” del país.
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Es tan importante este cargo que en Chile se le ha dado poderes no sólo para supervisar el dinero del Presupuesto Público, sino también, atribuciones para casar los decretos del ejecutivo, es decir, señalar si están acordes o no con la Constitución y la ley.
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En el Perú no son menos poderosas las atribuciones de la Contraloría General de la República que le franquea la Constitución. Son tres las fundamentales: supervisar la ejecución del Presupuesto, las operaciones de endeudamiento externo y fiscalizar los actos de las entidades públicas.
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Sabiamente, el legislador ha decidido que el periodo de ejercicio del Contralor se extienda a siete años para que no coincida con el periodo constitucional, algo que contribuye a la transparencia y da salud la democracia.
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Dada su importancia, la Constitución de 1933, pasando por la de 1979 y la que ahora nos rige, dejan intacta la autonomía e independencia de la Contraloría, pese a que su máximo funcionario es propuesto por el Ejecutivo y necesita la aprobación del Congreso. Siendo así, nadie puede remover al Contralor, excepto por falta grave, atribución que le corresponde al Congreso de la República.
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Por consiguiente, el país celebrará que este nuevo funcionario sea independiente y sin alianzas con ningún poder, partido o interés. Su misión es cautelar los recursos que salen de nuestros bolsillos vía impuestos.
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Algunos congresistas han hecho notar que se pretende recortar las facultades de esta institución, reducir su presupuesto y replantear su estructura. Un buen comienzo sería poner lupa de aumento en lo que se hizo o se dejó de hacer en la propia Contraloría en estos seis largos meses de vacancia y mejorar el número actual de 800 inspectores para supervisar los actos de 2000 entidades públicas.
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Cualquier replanteamiento proyectado debe dejar intacto el control del uso del dinero y la gestión de las entidades que tienen que ver con rentas o bienes del Estado. Habrá que ver.
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(*) Presidente de CENTRUM LABAN

LOS NIÑOS


EL OTRO RETO

Jesús Jiménez Labán (*)
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El Perú –qué duda cabe- es un país de emprendedores, reconocido por el mundo occidental. Para nadie es un secreto que el futuro del Perú se vislumbra -en la prospectiva más realista- en la consolidación y difusión de la micro y la pequeña empresa.
Por consiguiente, es obvio que la necesidad urgente es familiarizar a los niños con los conceptos fundamentales de la empresa desde la escuela más capitalina hasta las más remotas de nuestras fronteras. Hay que empoderar a los niños, vale decir, desarrollar sus capacidades y habilidades, y estimular su curiosidad.
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Es necesario incentivarlos con concursos, con premios por su aventura intelectual y desarrollarlos emocionalmente para que –cuando sean grandes- se levanten con éxito después de una caída en la vida. Forjar en ellos un blindaje para enfrentar un trabajo duro y rápido acorde con las exigencias del mundo moderno respecto a velocidad, integración y solidaridad. No debemos bajar la guardia en esto.
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Al fomento del conocimiento y la práctica de las humanidades, el arte, la ciencia y la técnica, no se contrapone incluir conceptos tales como mercado, ahorro, inversión, utilidades, respeto al consumidor, así como transparencia, trato justo y lealtad, en un lenguaje apropiado a la edad, condición y desarrollo intelectual de los menores.
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No cabe duda, la primera escuela es lo que aprende el niño en el hogar. La escuela es el complemento del hogar y no a la inversa. Esta idea involucra a los tres componentes: padres de familia, docentes y alumnos.
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Dotar de ideas viables al educando para que las ponga en práctica al servicio de la sociedad, es una tarea noble. Eje fundamental de esta visión es reivindicar para la educación el concepto clásico que supone el culto grecorromano o renacentista del bien, la verdad y la belleza.
Una asociación público-privada con participación de la comunidad puede ayudar enormemente en este empeño.
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De los esfuerzos que haga el Estado en combinación con los de la iniciativa privada en nutrición, superación de la brecha digital y acceso a los microcréditos para las familias que menos tienen, dependerá el futuro de nuestros niños.
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Me parece bien que se aplique la política educativa –un alumno/una computadora- pero es importante el desarrollo de software con contenidos educativos. He visto en otros países que se entienden perfectamente bien la academia, el estado y la empresa para desarrollar las capacidades y las habilidades de los niños.
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¿Por qué no puede ocurrir lo mismo en el Perú? Podemos promover concursos entre los mejores estudiantes de las universidades de ingeniería, sistemas, electrónica y otras especialidades para hacer, por ejemplo, software con animaciones, muñecos, películas animadas con las ventajas de las tecnologías de la tercera generación (3D).
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El tema es capacitar a los niños de primaria con sentido empresarial y a los de secundaria con incubadoras empresariales, de tal manera que puedan simular el manejo de su pequeña empresa en formato virtual. La empresa privada podría, en aplicación de su responsabilidad social, promover centros de innovación para estimular la creatividad y la investigación científico tecnológica de los jóvenes. Tenemos un potencial enorme en las redes de cómputo. Hay cerca de seis millones de cabinas públicas que podría convertirse en aulas virtuales como complemento a los esfuerzos iniciales emprendidos por el sector Educación.
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Sabido es que parte de estas innovaciones se llevan a cabo bajo experiencias piloto en los colegios privados, pero es necesario democratizar las tecnologías aplicadas a la enseñanza dentro de la educación pública, algo que supone también la capacitación de los padres de familia para que estén a tono con los nuevos tiempos, teniendo en cuenta las culturas campesinas o nativas y educación empresarial en su propio idioma o lengua, ya sea ésta, quechua, aymara y otras.
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Todo se reduce a una conexión de la sociedad del conocimiento, la capacitación a través de redes y la productividad (te conecto, te capacito y te vuelvo productivo). De esta manera, promoveremos en las nuevas generaciones aquello de “aprender, aprender, aprender”, “comercializar lo aprendido” y “velocidad”. Hay dejarse atraer por el futuro.
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Sólo entonces, podemos sentirnos orgullosos de convertir al Perú en el nuevo jaguar latinoamericano, pero esta vez con un blindaje sostenido en el tiempo para los niños del Perú.
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(*) Presidente de CENTRUM LABAN