viernes, 12 de noviembre de 2010

COLEGAS, SEGUIMOS AL PIE DEL CAÑON

COLEGAS, SEGUIMOS AL PIE DEL CAÑON
JESUS JIMENEZ LABAN

El primero de octubre  de 1980 el Colegio de periodistas hizo realidad el sueño de muchos colegas.  Era la gran esperanza –tal como lo vi en Palacio cuando se promulgó su Ley 23221- y la fuente de inspiración deontológica de la profesión.   

Me acuerdo que la ética era el punto fuerte de la campaña de los primeros candidatos al Decanato en la historia de la Orden, junto con aquello de que la colegiación era indispensable para el ejercicio de la profesión, cosa que fue reiterada en su reglamento del 30 de septiembre de 1981. Y, por supuesto, la esperanza de la profesionalización, del sueldo decente y de un ente que uniera e integrara a los profesionales de la pluma y del micrófono.

En realidad, la profesionalización fue un hito importante en la vida de todos nosotros.  Por aquel entonces, ya con los estatutos aprobados en 1982, había poquísimos periodistas con estudios y título profesional otorgado por una universidad, de manera que muchos con ocho (8) años de experiencia lograron colegiarse y otros con tres (3) años de ejercicio con otro título profesional  pudieron también hacerlo.  Otro paso importante fue el de los tres sueldos mínimos y dos días de descanso como logro laboral en el periodismo.

El Colegio de Periodistas, institución autónoma con jerarquía constitucional en su artículo 20 de la Carta Política,  ha tenido épocas de gloria –como lo pueden acreditar el liderazgo y la gestión de los primeros Decanos; épocas de profundo dolor –con la masacre de Uchuraccay hasta ahora no esclarecida- y épocas de decadencia –escándalo tras escándalo-  por apetitos de poder, vale decir, pretender tener todo el poder en un sólo puño de espaldas a la visión, misión, metas y objetivos del gremio.

En realidad, el Colegio -más allá de su jurisdicción limeña o nacional- es para mí un solo sentimiento:  EL COLEGIO DE PERIODISTAS, la orden sagrada que nos debiera honrar, defender, unir a la sombra de sus fundadores, de nuestros colegas muertos que estuvieron siempre al pie del cañón en defensa de la Libertad de Expresión y SIEMPRE UNIDOS.

Sin embargo, por razones que escapan a estas reflexiones, con la llegada de la dictadura de los años 90, la fuerza, la energía y el valor del gremio ya no fueron los mismos.   Vino una etapa de desmoronamiento legal de la orden que empezó con la supresión del financiamiento -1 por ciento de ingresos publicitarios-, el recorte de los derechos laborales y la división, flecha con veneno que contaminó en poco tiempo todo el tejido jurídico del periodismo y con ello el surgimiento del sensacionalismo y amarillismo en malas manos.  La estocada final vino cuando una ley de los años noventa debilitó, en la práctica, el artículo segundo de la ley 23221 que establecía que la colegiación es “requisito indispensable para el ejercicio de la profesión periodística. 

Debilitado y casi agónico –debido a la fallida administración y gestión de dirigencias- el Colegio estuvo al borde del ocaso, circunstancia en la que aparecieron de manera sucesiva el Consejo de la Prensa Peruana e YPYS - Instituto de Prensa y Sociedad, instituciones respetables, pero que no han llenado – ni creo que sea o haya sido su pretensión- el vacío dejado por el Colegio, salvo mejor parecer.  Las cosas se complicaron en medio de un debate doctrinario en torno al campo de acción en el ejercicio de la libertad de expresión.  Surgieron dos corrientes.  Los que defendían la libertad de expresión como facultad exclusiva de los periodistas colegiados y aquellos que sentían podían ejercerla como un derecho humano universal.   Al medio, hubo periodistas –como ahora- que se negaban a colegiarse y –como apuntan juristas- no hay manera de coaccionarlos.

Se dijo con razón que este derecho humano podía ser ejercido por todos a la luz de la ley, el derecho y la doctrina jurídica, siguiendo los alcances de la Constitución de 1979 vigente en ese entonces.   Por la misma razón, la Defensoría del Pueblo emitió una resolución al amparo de dicho mandato constitucional de 1979 que ha sido ratificado en su artículo 2, Inc, 4 de la vigente Constitución Política de 1993.  Del mismo temperamento, tras interpretar el texto constitucional mucho después, lo fue el Tribunal Constitucional.  

Quedaba claro que había que colegiarse para ejercer la profesión, pero también quedaba intacto lo dispuesto por el inciso 4 del artículo segundo de la Constitución, vale decir,  el derecho que tiene toda persona “a las libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento…”  Aclaradas las cosas, incluso a los ojos de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) -muy celosa y prevenida en el tema-, las aguas volvieron a su nivel, porque –siguiendo a los juristas- se entendió que en el Peru se respeta los derechos constitucionales de cualquiera, periodista o no,  para expresarse libremente en los medios de comunicación social.  Con la llegada de internet, el periodismo ciudadano que compite con el tradicional se inscribe en estos derechos, aun en las redes sociales y en el bloguerismo.

Pero la dispersión de los colegas había comenzado porque desapareció la fuerza –en cierto modo coercitiva- de la ley para el ejercicio del periodismo por parte de periodistas profesionales tanto en entidades públicas como privadas.   Dicho de otro modo, la colegiación de periodistas no es siempre obligatoria para el ejercicio profesional como pasa con los abogados y los médicos. 

El gran tema ahora es que se necesita de un poder fuerte para representar, unir y proteger al gremio, es decir, un liderazgo que se sustente en la ética, alejado de la influencia de cualquier poder ajeno a la prensa y en la UNION y la SOLIDARIDAD gremiales. Y cuando hablo de unión y solidaridad me refiero al Colegio de Periodistas, la Asociación Nacional de Periodistas (ANP) y la Federación de Periodistas del Perú (FPP).  El Colegio en su relevante misión ética, en tanto que las otras instituciones al servicio de los fines de defensa gremial como lo plantea la institucionalidad democrática en el Perú.   Bien puede el ambiente de armonía y de amistad que se vive en el Club de Periodistas, un excelente club de amigos, ser un buen punto de partida para confraternizar entre colegas, pero NUNCA DIVIDIDOS.

Por eso, los candidatos que se presentan en estas elecciones deben ser transparentes –no tengo por qué dudar de alguno- alejados de cualquier influencia del poder y, por supuesto, de la tentación de llegar a la dirigencia para asegurar un puesto público y privado, hipótesis negada para esta consulta de periodistas.   Creo firmemente que en la unidad y la solidaridad está el Poder de la Prensa que las exigen para ejercer un periodismo en la búsqueda de la verdad, en la profundización de la investigación como respuesta a la corrupción y la libertad con responsabilidad para no demonizar a nadie antes de conocer toda la verdad o la resolución judicial.  Es la memoria sagrada de los colegas que ya no están con nosotros, que las reclaman: UNION Y SOLIDARIDAD. Así sea.       

lunes, 8 de noviembre de 2010

TODOS VUELVEN


SALVATAJE DE PERSONAS, DE FAMILIAS Y DE EMPRESAS (2)
JESUS JIMENEZ LABAN

El sueño de una Ley de Inmigración aprobada por el Capitolio es un anhelo vivo que se mantiene entre millones de hispanos en los Estados Unidos.  Aunque hay quienes creen que la nueva conformación de las Cámaras hará más difícil tocar el tema migratorio, hay otros que se entusiasman con la llegada al Congreso estadounidense de varios demócratas y republicanos con voto de hispanos, lo cual en su opinión es un anticipo de su poder en las elecciones de 2012, una prueba de fuego.

La decisión SB 1070 y otras iniciativas como la restricción de carta fianza y negación de nacionalidad a los hijos de los inmigrantes, generan preocupaciones en todos.  Por eso, una vez terminadas las tensiones y preocupaciones de las elecciones de medio término, parece un hecho que autoridades la Casa Blanca se reunirán en las próximas semanas con representantes del Congreso del Perú para constatar in situ la problemática migratoria.

Entretanto, lo que quedó claro en la reciente presentación de la Defensora del Pueblo, Beatriz Merino ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso peruano es que no existe una política migratoria en el Perú sino un conjunto de parches sectoriales que hace muy difícil –si no imposible- proteger los derechos de los peruanos en el exterior.  

Las cifras de desempleo, la situación de incertidumbre en materia migratoria y el anhelo de unidad familiar, juegan como factores decisivos para pensar en aquello de "Todos vuelven".  

Siendo así,  si el inmigrante tiene los papeles en orden, puede pensar y hacerse estas preguntas para volver a la casa que abandonó en su país de nacimiento.  ¿Cómo convalido los estudios de mis hijos?  ¿Por cuánto es el impuesto que tengo que pagar para transportar mis cosas de regreso al país?   ¿Dónde puedo encontrar trabajo en mi propio país?   ¿Que me puede pasar después si aquí donde radico soy ilegal?  ¿Que consecuencias me traerá mi actual situación de indocumentado en mi propio país?   Preguntas que, muchas veces, no tienen respuesta.

El Congreso del Perú ha recibido desde mediados de año a defensores de los inmigrantes para tratar estos temas y buscar una salida o escape al problema.  Como resultado, varios congresistas de diferentes bancadas han presentado cuatro (4) proyectos de ley, cuyos contenidos en su redacción son muy similares. (Proyectos de Ley de Incentivos Migratorios 02414/02450/03506/03681)
 
En síntesis, el texto legal propuesto apunta a exonerar de impuestos a todas las personas que decidan volver a su país de origen con sus enseres, menaje y autos –en el caso de personas naturales-, y de equipos, dispositivos, maquinarias y bienes de capital –en el caso de empresarios y profesionales-, además de librar de cargas tributarias (IR) –por lo menos en los primeros dos ejercicios fiscales- a quienes instalen sus negocios con “know how” del país de donde proceden.  Los montos mínimos y máximos en el tema de los bienes van entre US$ 80.000 y US$ 150.000.  Contempla uno de ellos la compra de casas o departamentos exonerados de todo tributo para los jubilados.

Pero ninguno de los proyectos habla de los inmigrantes que quieren volver por su propia voluntad, aunque están entrampados en situación de ilegales.  La pregunta que se hacen es cómo hacer para no retornar al Perú con antecedentes criminales.  Funcionarios de la Cancillería dejan abierta la posibilidad de que Perú pueda firmar acuerdos –como lo ha hecho México- con las autoridades de otro país.  Esto es para los que quieren volver por su propia voluntad antes que los deportes, según los debates de este año en el Congreso.
  
Asimismo, en el texto en referencia se dan facilidades a los estudiantes para que hagan valer en colegios y universidades del Perú  los estudios que cursaron en el país donde estuvieron viviendo hasta antes de la mudanza.   Y, por último, deja abierta la posibilidad de ocupar un cargo público, siempre y cuando el inmigrante demuestre solvencia profesional vía maestrías y doctorados.

Todo esto, vale repetirlo por la seriedad del caso y apego a la verdad, es sólo un conjunto de proyectos por debatir en el Congreso, lo cual no significa que tenga que aprobarse todo o sólo una parte.   Depende de cómo se muevan los defensores de los PERUANOS EN EL EXTERIOR. 

A los peruanos que han decidido quedarse en el exterior, le expreso mis respetos por su fuerza, energía y valor.      Dios es –quién más- la fortaleza que nos vuelve resistentes al sufrimiento, la energía que nos levanta de las cenizas y el valor para dar testimonio de vida dejando una huella de amor, de verdad y de un futuro mejor a nuestros hijos.    Pase lo que pase, encomendemos al Creador nuestro trabajo, nuestra salud y nuestra felicidad siempre en familia, aun en la distancia…

TODOS VUELVEN

SALVATAJE DE PERSONAS, DE FAMILIAS Y DE EMPRESAS
JESUS JIMENEZ LABAN                                                                          

Cuando un inmigrante gana poco, no le alcanza para cubrir sus necesidades primarias de alimentación y alojamiento, , o está en una situación de riesgo porque no puede cubrir la eventualidad de una emergencia médica, entonces esta persona se encuentra en una situación muy delicada. 

Si a ello se suma el hecho de perder el empleo, terminar en la calle tras el embargo y ejecución de su vivienda por no pagar el préstamo y, además, terminar endeudado con el banco y sin casa, entonces la situación de esa misma persona no es grave, sino extremadamente grave.   

Tal situación resulta terrible e inaguantable cuando hay familia –especialmente niños y ancianos dependientes.  Como dicen los testimonios vivos o mudos de estas personas "o comes o pagas".

La crisis financiera internacional arroja cada vez más estos escenarios dramáticos.  Esperamos todos que está tendencia perversa se revierta y que funcionen los programas de salvataje.  Mientras eso no ocurra, millones de inmigrantes peruanos en todo el mundo están expuestos a lo peor.  Es el caso, por ejemplo,  de los inmigrantes que viven en España y en Los Estados Unidos y en menor grado en los países del sudeste asiático, aunque no hay mucha diferencia.

En países de lo que ahora se llama la Europa periférica ha empezado el colapso de las instituciones de caridad.   Es decir, los fondos no alcanzan para cubrir los programas de ayuda social con que se atiende las urgencias de los más necesitados que han perdido empleo, casa y ahorros.   Gente que no acudía a dichos centros, ahora visita por necesidad.   En Estados Unidos, según reportes recientes, un enorme pool de fiscales investiga supuestos abusos en la ejecución de viviendas con hipoteca.  La gente se queja que los bancos –los que están en el letrero- que animaron a los ahorristas a endeudarse con facilidad, son los mismos que ahora quieren deshacerse de ellos, pero eso está en investigación en manos de las autoridades.

Ahora bien, ¿qué pasa con un inmigrante legal que atraviesa por esta situación?   Como conseguir empleo, recuperar la vivienda y generar dinero, se ha vuelto muy difícil –debido a la crisis-, lo que pasa por la cabeza de muchos es volver a su Patria.  Sin embargo, no es fácil porque reengancharse en un trabajo en el país de origen toma mucho tiempo además de una tramitología que debe manejarse con cuidado.   

Hagamos un esfuerzo, ¿qué pasa ahora con un inmigrante indocumentado?  La situación es mucho peor porque si la nueva legislación –como la Ley Arizona y otras que están en el tapete para limitar derecho de fianza (para los que cometen delitos) o privar de nacionalidad a los hijos- permite detener a alguien bajo sospecha de ser ilegal por no poder acreditar su estatus migratorio, éste puede ser interceptado y encarcelado.    Desgraciadamente,  sin amparo de una oficina consular –porque los abogados poco es lo que pueden hacer- el indocumentado va a un centro de migración –que en el práctica es una prisión que le cuesta al Estado US$ 80 por día-  y luego el detenido podría ser puesto en el avión de retorno a su país, dejando a una familia  quebrada en su unidad, sin protección y sin esperanza.

Ningún peruano –sea cual fuera su situación jurídica- ha perdido derechos por haber salido del país.   Como sostienen funcionarios de la Cancillería peruana, la migración ilegal es una falta y no un delito. De manera que lo que haga un diplomático inmediatamente de la detención de un peruano es crucial porque el agente diplomático puede entrar a la cárcel en representación del Estado peruano para que los oficiales de migración respeten los derechos del detenido. 

Nada se podrá hacer si el Congreso no acelera las iniciativas legislativas para sentar las bases de una real política migratoria –que no existe en el Perú-, especialmente en lo referente a las facilidades e incentivos que brindará el Estado peruano a quienes hayan decidido retornar al país, tema que nos ocupará en un próximo análisis. (PL de Incentivos Migratorios  02414/02450/03506/03681)

Claro, escapa a la extensión de este artículo ver todo el panorama.  Pero es importante destacar que se requiere un nuevo accionar de la diplomacia a nivel global en defensa del inmigrante peruano, así como un seguimiento minucioso por parte de las autoridades peruanas sobre la real dimensión del problema migratorio de nuestros connacionales.  Un clamor ciudadanos dentro y fuera de nuestras fronteras es brindar guía y orientación al inmigrante, el mismo que no tiene por qué estar desinformado, sólo un detalle que descuida la Cancillería, según se informó en el Congreso.