jueves, 1 de abril de 2010

UN LOGRO DE PROPORCIONES HISTORICAS



¿PUEDE LA OPOSICION MATAR UNA LEY?
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Jesus Jimenez Laban
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Después de la aprobación de la ley de salud, el más grande logro de proporciones históricas desde el Medicare y el Medicaid en 1965, el Presidente de Estados Unidos Barack Obama inciará una campaña de concientización, especialmente entre los ciudadanos que votarán en las elecciones legislativas de noviembre próximo. Viendo las cosas en perspectiva, los votos que decidirán la victoria o derrota de Obama serán de pacientes, ahorristas y migrantes porque detrás de la reforma sanitaria van a generar ruido político la reforma financiera y la reforma migratoria, según fuentes familiarizadas con la situación.
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Ciertamente, el presidente Obama necesita mantener mayoría en ambas Cámaras, la de senadores y representantes, pero esto dependerá de cómo vea el público los servicios de salud. A pesar de que la reforma sanitaria ya está promulgada y sólo faltan algunos perfeccionamientos, aun genera resistencias en la acción legislativa. La reforma es impresionante en cifras. Le cuesta al país más de 900 mil millones de dólares en el curso de 10 años, pero le ahorra en el mismo tiempo 130 mil millones.
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La ley tiene tres rasgos bien marcados. 1.- Prohíbe la desatención de pacientes por enfermedades pre-existentes frenando los abusos de las aseguradoras. 2.- Aunque paguen su seguro, los indocumentados no tendrán acceso a esta protección. 3.- Impide cancelar las pólizas cuando el paciente se enferma porque habrá más control para que los seguros sean efectivos en sus servicios cuando el paciente vive y no cuando está muerto.
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Sin embargo, no queda claro aun cómo se va reducir los gastos en el Medicare y aumentar los subsidios al Medicaid, que demandarían unos 400 mil millones de dólares y que se tomarían de una parte de los impuestos a recaudar. Según las primeras estimaciones, será gravados con más impuestos los adultos mayores que perciban más de 200 mil dólares por año. De igual modo, aquellos que en conjunto hacen un ingreso familiar de 250 mil dólares por año. Por esto se cree que el gasto será en vano.
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Aun queda en el recuerdo aquel ciudadano de a pie quien desde las galerías del senado pego un grito a la oposición: ¡maten la ley! No es un secreto que los republicanos –como se lee en los últimos reportes- quieren matar la ley, desacreditando la reforma con acusaciones de controles, prohibiciones, despilfarro y hasta violación de libertad individual en las decisiones de comercio.
Por su parte, funcionarios de varios estados presentan desafíos legales de inconstitucionalidad de la ley. Se critica mucho el control estatal, en un país donde la libertad de las personas es una prioridad, porque obliga al ciudadano a comprar un seguro y multar al que no lo compra. Los fiscales que han abierto acciones judiciales contra la ley, alegan que esta norma viola la clausula de comercio porque obliga a comprar y multar al que se resiste.
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De otro lado, funcionarios de la Casa Blanca alertan que la población latina muestra elevados índices de asma, problemas respiratorios y diabetes. ¿Qué cosas van a cambiar respeto a la gente que se enferma o tiene una dolencia en camino? Desde otra óptica, parece que la reforma de salud pone en marcha servicios gratuitos de prevención, protege de la discriminación y da incentivos tributarios a hombres de negocios que brindan seguros médicos a sus trabajadores.
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Hay, por ejemplo, un programa de intercambio de seguros médicos que administra el gobierno para abaratar costos. Lamentablemente, por el hecho de ser indocumentados, las personas no podrán hacer uso de planes médicos privados, aun cuando los compren con su propio dinero.
No solo los ilegales tienen problemas. Los legales tienen el inconveniente de la larga espera de cinco años para tener acceso a beneficios públicos. Felizmente, las mujeres embarazadas y los niños se salvan de esta restricción, es decir, pueden acceder a los beneficios desde ahora o una vez implementada la ley.
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Pero ¿qué pueden hacer los indocumentados durante todo este tiempo si se enferman o tienen alguna complicación?. La misma fuente señala que –fuera del programa de intercambio que maneja el gobierno- pueden comprar seguros privados para atenderse en clínicas comunitarias a las cuales la ley les ha asignado 11 mil millones de dólares. Ninguna de estas clínicas está obligada a preguntar a sus pacientes si es legal o no. Hay que esperar para saber cómo quedará finalmente la ley.