miércoles, 7 de julio de 2010

La fuerza económica de los inmigrantes


EXPERTOS DESTACAN APORTE VALIOSO DE INMIGRANTES EN ESTADOS UNIDOS[1]

JESUS JIMENEZ LABAN

Para muchos, por largo tiempo la reforma migratoria ha estado debajo de la alfombra mientras que para otros es el elefante dentro de la sala que nadie ve o no se quiere ver.

¡Quien lo hubiera creído! Uno le tira la pelota al otro. El tema de las migraciones ha caído en un juego de “ping pong”. Esto es lo que precisamente ha pasado entre Jan Brewer, la gobernadora de California con la decisión SB 1070 y el discurso bien planteado del Presidente Barack Obama cuando abordan el tema migratorio con sentido de urgencia.

El razonamiento de algunos especialistas es más o menos como éste. Como el sistema federal no daba solución, una gobernación dio la Ley Arizona contra los inmigrantes ilegales, poniendo en evidencia la debilidad en el manejo en el tema por el Presidente. En respuesta Obama devuelve la pelota a los republicanos –el partido de la gobernadora- haciendo notar que la pelota está en la cancha de los republicanos.

En cambio, otros piensan que el discurso de Obama –sin plan de trabajo ni nada nuevo- es un intento para que el electorado hispano no castigue con su voto a los demócratas en las elecciones de noviembre próximo cuando será relevada la totalidad de escaños de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado.

Sumada a otras seis, la demanda del gobierno del Presidente Obama trata de bloquear la puesta en vigor de la ley del estado de Arizona. El Departamento de Justicia, que avala la denuncia con documentos, señala que “es de incumbencia federal la formulación de acciones, leyes o programas respecto al tema migratorio. La estrategia del presidente sería capitalizar el voto latino, recuperar el control del Senado y entrar con fuerza a la Reforma migratoria después de las elecciones, preferentemente desde comienzos de 2011.

Sin embargo, sería difícil repetir los procedimientos de las reformas sanitaria y financiera y el tratamiento de la emergencia del petróleo en el Golfo de México porque una reforma migratoria no tiene como trasfondo el poder del dinero. Aquí este es un problema que tiene otras connotaciones, códigos y significados, a no ser que la Corte Suprema en vía de apelación de una de una de sus cortes que ve el tema, allane el camino.

La cosa parece ser diferente partiendo del hecho de que los estadounidenses no miran a los inmigrantes ilegales como delincuentes sino más bien como gente que necesita ayuda de ellos, según el especialista Jorge Santivañez. La impresión casi generalizada es que los americanos están haciendo un favor a los inmigrantes, cosa que no es así por cuanto la fuerza económico del movimiento migratorio es enorme, según estudios económicos.

No es tan cierto que los recursos de los latinos salgan enteramente del país bajo la forma de remesas. Aun cuando hay transferencias interestatales de dinero, el potencial económico del inmigrante es poderoso. Por ejemplo, en 1950 por cada estadounidense se requería la mano de obra de 15 inmigrantes para financiar la pensión de los jubilados, en tanto que en el actualidad están a la par, vale decir, por cada inmigrante, un pensionista recibe su pensión. Esto quiere decir que muchos de la tercera edad no podrían recibir su pensión sin los aportes de los inmigrantes. Además, estados enteros verían desmoronada su agricultura sin la mano de obra de latinos en Texas, California y Florida, fuera de sus contribuciones en impuestos, tasas, contribuciones, aranceles.

En una palabra, están dando más de lo que reciben, argumento -para muchos hispanos- poderoso para despertar el interés y justificar entre los republicanos la ansiada reforma migratoria.

Sin embargo, una norma del año 2007 (Caso Cámara de Comercio versus Candelaria, 09-115) castiga con la cancelación de licencia y cierre de establecimiento a los empleadores por contratar a trabajadores indocumentados, la misma que encontró una impugnación de los empresarios –desde los pequeños hasta Wall Street- que será analizada en breve por la Corte Suprema, después de pasar por tribunales inferiores que ratificaron la decisión de las autoridades del Estado de Arizona.


[1] Este documento fue redactado tomando como base las investigaciones de Jorge Santivañez, especialista en migración internacional.