miércoles, 7 de julio de 2010

BATALLA LEGAL POR EL BLOQUEO DE LEY ARIZONA


BATALLA LEGAL POR EL BLOQUEO DE LEY ARIZONA

JESUS JIMENEZ LABAN

La marejada de demandas presentada por policías de ascendencia hispana, grupos de defensa de los derechos civiles, religiosos, un estudiante y ahora el gobierno, empiezan marear a Susan E. Bolton, la juez federal a quien las autoridades judiciales le han asignado las demandas vinculadas a la controversial SB1070, Ley Arizona. Bolton, nacida en Pensilvania, trabajó como abogada privada en Phoenix y fue asistente de un juez de la Corte de Apelaciones de Arizona, luego de recibir su Doctorado en Jurisprudencia por la Universidad de Iowa en 1975.

En lo que parece una reacción emocional y desesperada, se han acumulado siete demandas en el despacho de la jueza. La primera fue presentada por el estudiante hispano Robert Frisancho que se fusionará con la de un policía de Phoenix, David Salgado, quienes hablan de la exclusividad del gobierno federal para aplicar leyes de inmigración y del principio de igualdad ante la ley al amparo de la 14 Enmienda Constitucional. Otra, la del policía de Tucson Martin Escobar, que argumenta que es imposible implementar la ley SB 1070 sin criterio racial casi en simultaneo con la organización Legal Momentum, que defiende a víctimas de violencia doméstica.

Además, la que corresponde a la acción conjunta del Fondo México-Americano de Defensa Legal y Educativa (MALDEF), el Centro Nacional de Derecho Migratorio y la Unión Americana de Libertades Civiles.). Y ahora la demanda del gobierno del Presidente Barack Obama que bloquea la puesta en vigor de la ley del estado de Arizona por considerarla inconstitucional al interferir la esfera estatal en el poder federal. El Departamento de Justicia, que presenta los documentos que avalan la denuncia, señala que “es de incumbencia federal la formulación de acciones, leyes o programas respecto al tema migratorio”.

Claro no es gran cosa lo que se podría lograr si prosperan los alegatos de la gobernadora republicana Jan Brewer en el sentido de que son suposiciones las acusaciones de los demandantes porque nada ha ocurrido hasta ahora. Haciendo eco de esta posición ha surgido el ex candidato presidencial John Mc Caín quien defiende el control y la seguridad de las fronteras como una prioridad. Sin embargo, fuera del argumento racial, tiene un peso enorme el hecho de que es el gobierno federal el que tiene poderes exclusivos para dar leyes migratorias y no el estado federal, según varias opiniones.

Para nadie es un secreto que si bien el asunto está en una instancia federal, la decisión final no será el fallo de la magistrada, sino el de la Corte Suprema en vía de apelación. Aun así, es un avance importante que la causa sea ventilada a nivel federal porque antes del 29 de Julio muchos esperan que la justicia suspenda parcialmente la aplicación de la norma, la confirme o dicte un fallo que satisfaga a ambas partes, teniendo en cuenta el factor étnico y la seguridad nacional.

Si la decisión fuera parcial, es altamente probable que tengan gravitación los argumentos de los peligros que encierran la criminalidad y los carteles de la droga en la frontera y más de la mitad de los ciudadanos a favor la protección de su seguridad, según encuestas últimas (CNN/Opinion Research Corp). Aunque los jueces son independientes en Estados Unidos, vale recordar que la juez Bolton fue propuesta por el senador republicano Jon Kyl para la Corte de Distrito de Arizona y nominada por ex presidente demócrata William Clinton en el año 2000.

En medio de esta batalla legal, existe un ejército de inmigrantes que se encuentra en shock ante la proximidad de la puesta en vigencia de la SB 1070. En la práctica, como lo reconocen los propios analistas, se corre el riesgo de que se vulneren derechos civiles y fundamentales de residentes legales o turistas extranjeros de ascendencia hispana.

Aunque ha sido puesto en circulación un video en el que los oficiales dan instrucciones a sus subalternos para que no incurran en excesos, lo cierto es que no se borra la idea de muchos de que una persona –en cualquier momento, cualquier lugar- sea interceptado, interrogado y detenido bajo el simple pretexto del perfil racial.

Dentro de los alcances de la norma, no se podrá –caso típico de los jornaleros- pedir ayuda en la calle, transportar, dar alojamiento o trabajo a los indocumentados. Algunos distinguen tres rasgos muy marcados que se desprenden de la ley. Por ejemplo, los policías podrían ver reducida la colaboración de hispanos en casos delictivos para las investigaciones por el temor de ser apresados por la policía bajo sospecha de indocumentados, caso que es materia de una demanda ante el tribunal federal. Y es que no tener los papeles en orden no es una falta sino un delito –según la ley, criminalización que convierte a los policías del estado en agentes migratorios.