miércoles, 7 de julio de 2010

Cuenta regresiva en tema migratorio


CORTE SUPREMA PODRIA ALLANAR CAMINO PARA DEBATE DE REFORMA FINANCIERA EN EL CAPITOLIO

JESUS JIMENEZ LABAN

Susan E. Bolton, la juez federal a quien las autoridades judiciales le han asignado las demandas vinculadas a la controversial SB1070, Ley Arizona, tiene previsto celebrar dos audiencias, 15 y 22 de Julio. En ambas escuchará y evaluará las posiciones de las partes. Una de ellas es para actuar las pruebas presentada por un policía David Salgado que hace referencia a la enmienda 14 de la Constitución de Estados Unidos. Otra, la del policía de Tucson Martin Escobar que sostiene que la iniciativa viola derechos constitucionales, incluyendo el riesgo de acoso y detención de visitantes extranjeros o inmigrantes que son residentes legales, así como de ciudadanos estadounidenses, lo cual entra en el pleno de las garantías individuales de las personas.

Entretanto, la gobernadora republicana de Arizona Jan Brewer argumenta en sus alegatos que busca la protección ciudadana de los peligros que encarnan la violencia y los carteles de la droga que traspasan la frontera desde México. Alega también que el Ejecutivo no puede interferir en su facultad de dar leyes como uno de los cincuenta Estados de la Unión americana. Incluso, estima que el gobierno distrae recursos en demandas basadas en suposiciones cuando debe orientarlos a la seguridad de los ciudadanos.

Hay quienes señalan que éste es el momento de dar argumentos jurídicos para generar convicción en la juez que con lucidez de criterio podría emitir un mandato provisorio como lo solicita el Ejecutivo en su demanda. Se comenta que cuando el mensaje del presidente Barack Obama hablo del conflicto entre federales y estatales, más de un magistrado de la Corte Suprema debe haber vuelto su mirada manteniendo el dedo puesto en la Constitución. Con los ojos muy abiertos, estarían esperando la apelación y parece un hecho que el asunto es de derecho constitucional que involucra derechos fundamentales y civiles.

Pero no solo estamos hablando de la SB1070 que criminaliza el ser indocumentado. También estamos refiriéndonos a la norma del año 2007 (Caso Cámara de Comercio versus Candelaria, 09-115) que castiga con la cancelación de licencia y cierre de establecimiento a los empleadores por contratar a trabajadores indocumentados, la misma que encontró una impugnación de los empresarios –desde los pequeños hasta Wall Street- que será analizada en breve por la Corte Suprema, después de pasar por tribunales inferiores que ratificaron la decisión de las autoridades del Estado de Arizona. Aquí también se presentaría el perfil racial porque se exige contrastar los datos del sistema E-Verify con los de seguridad social y la base de datos de seguridad nacional, según fuentes de información especializadas.

La exigencia de la ley es que todas las empresas verifiquen vía el sistema e.Verify la elegibilidad de empleados potenciales para no contratar a indocumentados a sabiendas. Sin embargo, esta norma federal regula su aplicación de manera voluntaria para lograr un equilibrio entre desalentar la inmigración ilegal y los temores de discriminaciones de inmigrantes, ilegales o no.

Sea como fuere, la juez debe fallar antes del 29 de Julio fecha de puesta en vigencia de la norma. Si no se neutraliza la ley Arizona, los empleadores corren el riesgo de un endurecimiento de la ley contra ellos mismos que castiga con el cierre de sus locales la contratación de ilegales, algo que preocupa en apelación al Tribunal Supremo.

Por último, el gobierno México ha querido apoyar las demandas hasta ahora presentadas por un grupo de organizaciones civiles ante la Corte Federal, bajo la figura del amigo de la corte “amicus curiae”, en la causa denominada “Friendly House” et al. Vs Michael B. Whiting et al”. Como se sabe, el amicus curiae (también llamado amigo del tribunal), es la presentación de un tercero ajeno a un litigio que ofrece por su propia voluntad una opinión en un punto determinado a fin de que el juez alargue su visión en la resolución de una demanda.

A manera de conclusión existe una tendencia clara de que el gobierno federal busca reafirmar sus poderes en materia de leyes migratorias, algo que puede justificar. De obtener un fallo favorable de la Corte Suprema, es deducible que esto podría apurar el debate en el Capitolio para una reforma migratoria, cuyos votos decisivos son los de los republicanos, por lo que se vislumbra el destino de los inmigrantes ilegales, unos once millones, como punto de la campaña electoral con miras a las elecciones legislativas de Noviembre de este año.