domingo, 27 de junio de 2010

¡Alto al terrorismo…un paso atrás!

PERU EN BUSCA DEL DESARROLLO, LA PAZ Y LA SEGURIDAD

JESUS JIMENEZ LABAN

Marchas proselitistas en la universidad y de nuevo arengas extremistas en la cárcel llaman ciertamente a preocupación, pero no miedo. El tema no es que Sendero se esté recomponiendo –es más ruido mediático que otra cosa- sino la intención de reclutar nuevos adeptos dentro del claustro universitario, uno de los cinco ejes de acción del terrorismo revelados por expertos civiles y militares que estuvieron en el campo de batalla.

Los otros ejes –siguiendo a los mismos analistas- son el cierre de la base naval y la liberación del cabecilla de sendero luminoso Abimael Guzmán -que no han funcionado dentro de lo previsto- pero han servido para revivir mediáticamente a un muerto –incluyendo libro escrito y matrimonio Elena Iparraguirre-, apurar la excarcelación de los que faltan, una amnistía, y desprestigiar a los uniformados que pueden haber tenido fallas en el combate, pero no hay que generalizar.

Lo que me llama la atención es que el ruido que se escucha es por los espacios que brindan los propios medios. En la época más difícil del terrorismo –comienzos de los 90-, los dueños de los canales tuvieron una gran iniciativa –que debería re- estudiarse- el “Acuerdo del Minuto”, de manera que las cosas vinculadas al terrorismo se trataran con libertad, pero con responsabilidad en los medios, especialmente la radio y la televisión. No debemos ser caja de resonancia. En tanto, Nuevas medidas se espera con las facultades legislativas cedidas por el Congreso al Ejecutivo en la legislatura que acaba de cerrar.

Desde fines del año pasado, el Congreso del Perú apuró el paso para modificar el Decreto Legislativo 927 (febrero 2003) que permite la coladera, Aun están a la espera de acogerse a los beneficios penitenciarios Osmán Morote y Margot Liendo, cabecillas de Sendero, entre otros. ¿Cómo pudo ocurrir esto?, es la pregunta. La defensa legal del Presidente Alejandro Toledo podría decir que la infausta ley de 2003 se dio en cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), fallo que hizo suyo el Tribunal Constitucional porque lo que pidió la Corte fue adecuar la legislación peruana a los estándares internacionales en el respeto de los derechos humanos, algo que se contradecía con los jueces sin rostro durante la administración de Alberto Fujimori.

El país espera explicaciones acerca de qué paso con los defensores del Estado peruano ante la CIDH. La orfandad de argumentos –atribuibles a políticos improvisados y no a juristas especializados - dio como consecuencia este resultado de la referida Corte supranacional, según opiniones de juristas. En este juicio perdió el Estado y pudo no perder de haber habido gente competente que realmente defiendiera -con solvencia jurídica- la real situación del país.

Por supuesto, no es tiempo de echar la culpa a los gobiernos. La democracia requiere no debilitarse en discusiones inútiles sino activar sus mecanismos de defensa, lo que no quita responsabilidad política a quienes dictaron esta norma.

Sin embargo, el país pasó de un extremo de tribunales sin rostro a beneficios penitenciarios en aplicación de la sentencia, tales como libertad condicional una vez cumplida ¾ de la condena y redención de la pena por trabajo. Para generar convicción en el juzgado, Lori Berenson, colaboradora del MRTA, se acogió al cumplimiento parcial de la pena más el argumento de tener un hijo, pero lo que pocos saben es que desde 2003 a 2009 han salido de la cárceles aproximadamente 500 terroristas. De manera que cuando vemos a políticos que se rasgan las vestiduras por tremendo escándalo, no es más que vedetismo político salvo que sufran de amnesia puesto que ellos mismos crearon la ley, aun por encargo legislativo.

Resulta inequitativo que mientras unos salen, haya generales inocentes –casos distintos a los que cometieron excesos, pero serán los tribunales los que lo digan en sus sentencias- que sigan purgando penas injustas con desgaste sicológicos personales y de sus familias.

Volviendo al tema, toda liberación se sujeta a ciertas reglas de conducta, según el ordenamiento penal vigente. Algunos penalistas dudan si las condiciones –levantamiento de secreto de comunicaciones en subversivos, allanamiento de vivienda, prohibición de reuniones abiertas y cerradas con otros terroristas –se cumplen al pie de la letra de la ley. Y la duda se sustenta en el hecho de que, por desgracia, el sistema de inteligencia se está recomponiendo luego de haber atravesado por una severa crisis en las postrimerías de la administración Fujimori. Sin embargo, no tendría por qué dudar si hay algún oficial que demuestre lo contrario, vale decir, que hay seguimiento y control de los liberados.

De otro modo, podría ser fácil encontrarlos en las marchas y en las asonadas o, tal vez, una facción de Sendero opte por convertirse en partido político, cosa que para muchos analistas sería su fin ideológico puesto que éste ya fue derrotado política y militarmente.

Quienes hemos hecho coberturas periodísticas arriesgadas en un país ensangrentado en Ayacucho, Huamanga, Puno y el Alto Huallaga, sierra y selva –por aire y tierra- , no podemos olvidar tanto terror, tanta desgracia tanta miseria, tanto horror…como consecuencia de 15 años de violencia subversiva. Tiempos aquellos cuando uno salía de casa pero nadie estaba seguro de volver. Por supuesto, del mismo modo que los lectores que leen esta reflexión, amo la democracia, quiero un país sin sobresaltos, que vengan las inversiones a traer desarrollo, reducir la inequidad y la pobreza, dormir tranquilo sin bombas. La sociedad debe salir a las calles a defender el presente y el futuro del país. El Perú quiere desarrollo, paz y seguridad.