DESPUES DEL PETROESCANDALO, LA ENMIENDA DE LAS LEYES DE CONTROL

Jesús Jiménez Laban
Escriba a jesus.jjquime@gamail.com

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Un serio escándalo de corrupción ha precipitado la más grave crisis política de la presente Administración pero no pone en peligro la gobernabilidad del país. La denuncia de adjudicación irregular de concesión de cinco lotes de petróleo en alianza con una petrolera estatal para favorecer a una empresa extranjera remeció los cimientos de la política peruana.
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El gabinete en pleno se presento sorpresivamente en el Parlamento para defenderse de las acusaciones, pero la bancada opositora impidió que se pronunciara por no estar en la agenda oficial. Después de la frustrada comparecencia, el gabinete se dirigió a Palacio de Gobierno para poner los cargos a disposición del Presidente.
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Acorralado por las críticas de la oposición, el Presidente Alan García dejó sin efecto el contrato, destituyó a los funcionarios involucrados y reclamó que “caigan todas la cabezas” porque “la corrupción era una traición a la patria” Figuran como protagonistas de este “petroescándalo” Alberto Quimper, director de Perupetro y Rómulo León, ex Ministro de la primera administración de García. Aunque reconoce su responsabilidad política, el ex Ministro Juan Valdivia asegura que no está implicado en el negociado.
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Antes de partir, el ex primer ministro Jorge del Castillo defendió el honor de su gabinete por haber “trabajado con honestidad, austeridad y dedicación”. Negó que estuviera implicado como un facilitador para el negocio de Discover Petroleum, pero reconoció que se reunió con las personas involucradas en este escándalo. “Se va un gabinete por la puerta grande”, dijo el Presidente Alan García en Palacio.
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Parece que el Presidente García, consciente de lo que significaría este escándalo en sus niveles de popularidad, evitó el paso de la censura en el Congreso para rescatar a algunos ministros del gabinete del Castillo. Sin embargo, se tiene ahora un nuevo gabinete y a la cabeza a un Primer Ministro independiente y provinciano con expectativas presidenciales y un ratificado ministro de economía que goza de la confianza de los mercados.
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Entretanto, la empresa noruega Discover Petroleum ha negado la ilegalidad en la obtención de concesiones petroleras en Perú, pero ha dejado entrever que está dispuesta a irse del país. El nuevo Primer Ministro, según declaraciones por televisión, ha adelantado que debe haber rendición de cuentas.
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Sin embargo, esta crisis, conocida como “petroescándalo” hace recuperar terreno político a Ollanta Humala y protagonismo a Lourdes Flores del sector conservador quienes, cada uno desde su cantera, venían, exigiendo con vehemencia la renovación del gabinete y lo que se ve venir es más show mediático. Si se revisa todos los contratos petroleros firmados desde 2006, podría afectarse seriamente el negocio energético, pero es una decisión tomada por la Comisión Especial creada por el Congreso peruano.
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En materia de inversiones todos tenemos derecho a igualdad de oportunidades, sea capital local o extranjero. Nadie tiene corona en el país. Pero hay que ser cuidadoso con el capítulo económico de la Constitución es algo que se ha redactado con sumo cuidado porque tiene puntos sensibles como la seguridad de los contratos, los contratos ley y la libertad de contratación. En esencia, son las reglas de juego para la inversión presente y futura.
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Aquí y en cualquier parte del mundo, un sistema de contrataciones con grietas genera corrupción, gasto innecesario al erario y poca transparencia cuando las cosas se presentan enredadas y poco claras al público. Vale recordar que en el Perú hay compras estatales cercanas a los 10 mil millones de dólares anuales. La ley ha previsto que los procesos de selección pasen por los filtros del Consejo Superior de Contrataciones del Estado (CONSUCODE).

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Pero no todos pasan por ahí. Instituciones como Enapu, Petroperú y Essalud tiene autonomía para armar sus propios procesos, en tanto que otros hacen obra pública a través de organismos internacionales, lo cual no siempre es ahorro porque devienen en endeudamiento adicional sin control previo, tarea difícil para la Contraloría General de la República, según revelaciones recientes. Esto tiene que revisarse.
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Todo esto ocurre en un momento en que, según los sondeos, la corrupción aparece como uno de los principales problemas a encarar por la actual gestión y los trabajadores echan en cara que los beneficios del crecimiento económico de los últimos años no llegan a sus bolsillos.