lunes, 22 de septiembre de 2008

¿DONDE ESTA LA JUSTICIA, QUE HACER CON LA INMUNIDAD?



Jesús Jiménez Labán
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Ya desde mediados de septiembre el rumor en los pasillos del Congreso era ensordecedor. Con insistencia se comentaba que los parlamentarios, que fueron desaforados por hechos de corrupción, ¡volverían a sus escaños! Esto, que ya de por sí es extremadamente inquietante, generó especulaciones en el sentido que la defensa legal del Congreso habría tipificado mal el delito–no me consta- contra una parlamentaria, lo que, por razones de formalidad, haría imposible que el fiscal pueda formalizar denuncia de acuerdo a ley.
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Pero el rumor era en parte verdad, según la misma fuente. La noticia corrió como reguero de pólvora cuando reveló que Elsa Canchaya “no cometió ningún delito de nombramiento ilegal por contratar a una doméstica como asesora del Congreso”. Esta increíble afirmación es lo que se deduce del dictamen emitido por fiscal adjunto de la primera Fiscalía Suprema en lo Penal, Tomás Gálvez quien al no encontrar requisitos para el nombramiento de personal –ni en el Reglamento del Congreso ni en el Reglamento Interno de Trabajo - no hay elementos para formalizar denuncia.
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Queda claro, siguiendo la lógica del magistrado, que “el congresista es el que propone pero es la gerencia de recursos humanos la que dispone o ejecuta el nombramiento”. Por consiguiente, para asombro de muchos, la referida congresista Canchaya debe ser recibida por la puerta grande de la Asamblea Legislativa. Dicho de otro modo, si el fiscal no ha formalizado denuncia y, por tanto, la Corte Suprema no abre instrucción, el siguiente paso sería la vuelta Canchaya a su casa legislativa porque desafuero no significa expulsión. Levantamiento de inmunidad no es veredicto de culpabilidad o inocencia. El caso puede revisarse, acto que en todo caso dependería de la Procuraduría, pero, demostrado está, el razonamiento jurídico no siempre es igual al razonamiento popular. Para Julio Ubillus, procurador del Congreso de la República, ha manifestado que el fiscal “usa tácticas dilatorias para desconocer la acusación de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales”.
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Se cree, además, que esta decisión fiscal allanaría el camino a los parlamentarios José Anaya (UPP) y Margarita Sucari (BP) en camino al desafuero. Anaya por falsificar boletas para cubrir gastos operativos y Sucari por recortar el sueldo a una trabajadora.
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Si los congresistas desaforados en problemas vuelven a ocupar sus escaños, con toda seguridad un terremoto con consecuencias políticas insospechadas sacudiría la débil aprobación ciudadana hacia el Congreso, aunque sea válida la doctrina en los que se habrían basado los argumentos jurídicos de la Fiscalía. Estos escándalos explicarían en parte por qué una gran mayoría de la población, 79%, justifica una renovación de la mitad del Congreso cada dos años y medio, independientemente del periodo constitucional de los cinco años que tiene el Presidente de la República.
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Vistas así las cosas, hay quienes señalan que el Estado habría hecho un gasto en vano en nombrar a los accesitarios, los parlamentarios que subieron en reemplazo de los que salieron, porque se tendría que pagar una doble planilla, es decir, honorarios para el congresista que vuelve, incluyendo sus devengados, y para el congresista a quien se le pediría entregue el cargo que tuvo en su condición de accesitario.
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Todos estamos con el ojo puesto en este tema, pero a la vez atentos a las nuevas tendencias del electorado. El desafuero, figura que priva de su inmunidad a un parlamentario a fin de que sea juzgado en el fuero común sin prerrogativas como cualquier ciudadano, aunque no quita que por su jerarquía, su caso sea ventilado en la instancia suprema como pasa ahora. Por lo demás, a juzgar por las últimas encuestas de Ipsos Apoyo el 73% está a favor de que los parlamentarios no cuenten con inmunidad parlamentaria. La inmunidad no es un escudo personal contra la impunidad o total sustracción a la acción penal sino una garantía formal que protege la función legislativa, de control político o fiscalizadora del parlamentario. Sin ese fuero, los parlamentarios son exactamente iguales respecto de los demás ciudadanos.