A LA ESPERA DE REFORMA INTEGRAL DEL SISTEMA MIGRATORIO DE ESTADOS UNIDOS
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Por Jesús Jimenez Labán
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Cualquier peruano indocumentado, sin seguridad social ni derechos de salud y de trabajo, está condenado a vivir irremediablemente como un fugitivo al margen de la ley en Estados Unidos. Desesperadamente, cerca de medio millón de peruanos busca acogerse a alguna gracia del gobierno americano, pero el régimen migratorio es casi impenetrable, mudo y sordo a las súplicas.
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Ciertamente, es humillante ver a nuestros hermanos en el exterior tendiendo una mano para ganarse el pan de cada día porque no encontraron oportunidades ni futuro en este país. Animados por el sueño americano, muchos pagaron centenares de dólares, demostraron solvencia económica y estadía, presentaron tickets de ida y vuelta y certificado de antecedentes policiales, pero es tarde para arrepentimientos. La realidad ultrajante es que ahora están expuestos a redadas –si no tienen sus papeles en orden-, persecución federal que se ha extendido de las fábricas a los domicilios en todos estados. En unos casos allanan sus centros laborales sin previo aviso; en otros, visitan su domicilio para detenerlos y deportarlos por ilegales. Para evitar que los deporten, algunos abogados recomiendan simplemente no abrir la puerta del domicilio.
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Lo más doloroso aquí es que familias enteras terminan desarticuladas si le toca, por ejemplo, al padre, hijo, esposo ser deportado. Si bien en los domicilios el detenido puede negarse a firmar documento alguno en tanto no hable con el juez, en el trabajo los empleados, algunas veces, han sido esposados sin motivo y en otras, se les ha negado derechos fundamentales como la defensa de un abogado, permiso para ir al baño, acceso al teléfono para hablar con familiares residentes. Como se sabe, cualquier familiar residente puede plantear a la Corte Federal una amparo temporario que permite al ilegal permanecer por 10 años mientras la justicia decide su situación migratoria.
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Entre los detenidos y deportados se cuentan mexicanos, chilenos, hondureños, guatemaltecos, peruanos. Es por esto que el Congreso de la República con 40 firmas ha pedido a la Cancillería de Perú hacer algo por la situación de estos infortunados compatriotas que no gozan de los derechos que contempla la Ley de Inmigración y Nacionalidad ni de las enmiendas primera, cuarta y quinta de la Constitución de Estados Unidos.
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Ciertamente, es humillante ver a nuestros hermanos en el exterior tendiendo una mano para ganarse el pan de cada día porque no encontraron oportunidades ni futuro en este país. Animados por el sueño americano, muchos pagaron centenares de dólares, demostraron solvencia económica y estadía, presentaron tickets de ida y vuelta y certificado de antecedentes policiales, pero es tarde para arrepentimientos. La realidad ultrajante es que ahora están expuestos a redadas –si no tienen sus papeles en orden-, persecución federal que se ha extendido de las fábricas a los domicilios en todos estados. En unos casos allanan sus centros laborales sin previo aviso; en otros, visitan su domicilio para detenerlos y deportarlos por ilegales. Para evitar que los deporten, algunos abogados recomiendan simplemente no abrir la puerta del domicilio.
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Lo más doloroso aquí es que familias enteras terminan desarticuladas si le toca, por ejemplo, al padre, hijo, esposo ser deportado. Si bien en los domicilios el detenido puede negarse a firmar documento alguno en tanto no hable con el juez, en el trabajo los empleados, algunas veces, han sido esposados sin motivo y en otras, se les ha negado derechos fundamentales como la defensa de un abogado, permiso para ir al baño, acceso al teléfono para hablar con familiares residentes. Como se sabe, cualquier familiar residente puede plantear a la Corte Federal una amparo temporario que permite al ilegal permanecer por 10 años mientras la justicia decide su situación migratoria.
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Entre los detenidos y deportados se cuentan mexicanos, chilenos, hondureños, guatemaltecos, peruanos. Es por esto que el Congreso de la República con 40 firmas ha pedido a la Cancillería de Perú hacer algo por la situación de estos infortunados compatriotas que no gozan de los derechos que contempla la Ley de Inmigración y Nacionalidad ni de las enmiendas primera, cuarta y quinta de la Constitución de Estados Unidos.
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Lo que se puede hacer es que se acojan, como lo hicieron los damnificados del Huracán Mitch en Nicaragua y del terremoto en El Salvador en el 2001, al Estatuto de Protección Temporal de los Estados Unidos (TPS por sus siglas en inglés), pero esto sirve solo para los nacidos en Ica, golpeada por el devastador terremoto del 15 de Agosto, es decir, beneficia sólo a un 5% de los 500 mil indocumentados peruanos.
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En Estados Unidos la presencia de ilegales se ha convertido en un asunto de seguridad nacional. Contratar a un latino sin papeles es delito por practicas ilegales de contratación, lo cual está penado con 6 meses de prisión efectiva y una multa de $ 3000 dólares contra el empleador que de empleo a inmigrantes sin papeles. Es más, las autoridades migratorias usarán la base de datos del Sistema del Seguro Social (ISSA) para advertir sobre este peligro, pero lo cierto es que se cuentan por miles los casos de robo de identidad, acto por el cual el trabajador da al empleador un numero falso de seguro social (conocido como Social Security), lo que muchas veces obliga a la empresa a corregir los “errores de oficina” para no incurrir en un ilícito criminal.
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Pero este control es casi imposible de cumplirse a cabalidad debido a que las empresas estadounidenses presentan anualmente 250 millones formas W-2 al ISSA para el cómputo de jubilación de los trabajadores. Y esto se refleja en la tendencia que los empresarios deshonestos contratan ilegales simplemente para reducir costos porque ningún americano se deja contratar por 10 dólares la hora para diseñar jardines. En cambio, el empresario honesto debe pasar por un papeleo burocrático increíble –desde avisos publicitarios, documentos de entrevistas- para recibir la autorización del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EEUU (ICE) vía visa de trabajo H-2B con que contratar a emigrantes legales y hacerlos ingresar a territorio americano.
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Los inmigrantes ilegales, pues, pasan por su peor momento. Esto debido a la campaña presidencial que arrecia y que hace imposible legislar la reforma integral de este obsoleto sistema migratorio estadounidense, según varias opiniones. Puede que se haya iniciado ya una lluvia de amparos, juicios sindicales antes las cortes por violación de derechos constitucionales, pero aun está por ver las consecuencias que tendrá el acto de que migraciones tenga acceso a la base de datos del Seguro, lo cual puede estar reñido con los derechos de privacidad, inmensamente respetados en los Estados Unidos.
Lo que se puede hacer es que se acojan, como lo hicieron los damnificados del Huracán Mitch en Nicaragua y del terremoto en El Salvador en el 2001, al Estatuto de Protección Temporal de los Estados Unidos (TPS por sus siglas en inglés), pero esto sirve solo para los nacidos en Ica, golpeada por el devastador terremoto del 15 de Agosto, es decir, beneficia sólo a un 5% de los 500 mil indocumentados peruanos.
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En Estados Unidos la presencia de ilegales se ha convertido en un asunto de seguridad nacional. Contratar a un latino sin papeles es delito por practicas ilegales de contratación, lo cual está penado con 6 meses de prisión efectiva y una multa de $ 3000 dólares contra el empleador que de empleo a inmigrantes sin papeles. Es más, las autoridades migratorias usarán la base de datos del Sistema del Seguro Social (ISSA) para advertir sobre este peligro, pero lo cierto es que se cuentan por miles los casos de robo de identidad, acto por el cual el trabajador da al empleador un numero falso de seguro social (conocido como Social Security), lo que muchas veces obliga a la empresa a corregir los “errores de oficina” para no incurrir en un ilícito criminal.
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Pero este control es casi imposible de cumplirse a cabalidad debido a que las empresas estadounidenses presentan anualmente 250 millones formas W-2 al ISSA para el cómputo de jubilación de los trabajadores. Y esto se refleja en la tendencia que los empresarios deshonestos contratan ilegales simplemente para reducir costos porque ningún americano se deja contratar por 10 dólares la hora para diseñar jardines. En cambio, el empresario honesto debe pasar por un papeleo burocrático increíble –desde avisos publicitarios, documentos de entrevistas- para recibir la autorización del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EEUU (ICE) vía visa de trabajo H-2B con que contratar a emigrantes legales y hacerlos ingresar a territorio americano.
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Los inmigrantes ilegales, pues, pasan por su peor momento. Esto debido a la campaña presidencial que arrecia y que hace imposible legislar la reforma integral de este obsoleto sistema migratorio estadounidense, según varias opiniones. Puede que se haya iniciado ya una lluvia de amparos, juicios sindicales antes las cortes por violación de derechos constitucionales, pero aun está por ver las consecuencias que tendrá el acto de que migraciones tenga acceso a la base de datos del Seguro, lo cual puede estar reñido con los derechos de privacidad, inmensamente respetados en los Estados Unidos.
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