domingo, 11 de julio de 2010

Se arrepiente de solicitud de indemnización


INGRID BETANCOURT DA MARCHA ATRÁS EN DEMANDA CONTRA EL ESTADO

JESUS JIMENEZ LABAN

La ex rehén Ingrid Betancourt, ha pedido una indemnización de 6.8 millones de dólares como reparación por daños y perjuicios en el secuestro de que fue víctima por la guerrilla de las FARC durante cerca de 7 años.

La noticia, que causó revuelo dentro y fuera de Colombia, ha molestado enormemente al presidente saliente Álvaro Uribe, según se dijo en medios internacionales. Como descargo, fuentes oficiales señalan que pese a las advertencias que le hicieron a la ex candidata presidencial por el Partido Verde, ésta decidió internarse en una zona de alto peligro. “No quiso escuchar “, dicen, sobre lo cual hay pruebas escritas.

Las primeras reacciones de la ciudadanía en Bogotá expresan su malestar porque en lugar de ser desagradecida ante los esfuerzos que hizo el estado para liberarla, debería darle gracias a Dios, mientras la mayoría de colombianos se presentaban estupefactos cómo la ex candidata pretendía recibir compensación del estado cuando fue gracias a este que sigue con vida y disfrutando de una placentera estancia en Francia, donde se le considera Juana de Arco, una política honesta y valiente que lucha contra la corrupción.

Después del impacto de la noticia se pudo leer en el diario "Le Monde" las declaraciones de su abogado, Gabriel Derbis, desmintiendo que se tratara de un juicio abierto contra el Gobierno o las Fuerzas Armadas de Colombia. Pone énfasis en que su patrocinada no propone cifras en su solicitud. Tras aclarar que el tema está aún a nivel de conciliación, la señora Yolanda Pulecio, madre de la desistida demandante, dijo que la solicitud de conciliación podría presentarse en los tribunales. Casi al mismo tiempo un comunicado conjunto de una asociación belga de apoyo a la señora Betancourt adelantó que de haber resultado positivo en el litigio contra el estado, la cantidad propuesta será destinada íntegramente a familias de los secuestrados a través de fundaciones.

Y, por último, en una cadena internacional de televisión, la misma Ingrid Betancourt presta declaraciones. Esta vez para reafirmar que no se trata de una “demanda” sino de una solicitud de conciliación presentada ante el ministerio de defensa para reflexionar sobre los mecanismos de protección que brinda el estado colombiano a sus ciudadanos víctimas del terrorismo. La entrevista también sirvió para reiterar su gratitud por el esfuerzo de quienes la liberaron de su ominoso secuestro. Aprovechó la misma cadena televisiva para desmentir que hubiera firmado documento alguno con advertencias de oficiales de no ir a la zona donde fue secuestrada.

Sin embargo, voceros oficiales insisten en que tienen pruebas en las que se le advirtió que no se expusiera al peligro porque el lugar adonde iba era una zona de emergencia.

Según las investigaciones-antes de conocerse del desestimiento de Betancourt-, la materia del juicio sería por daño material y moral. Más allá del sufrimiento y privaciones de una persona en cautiverio es verse privada de los medios económicos para asistir a su familia por lo que tema de la conciliación incluiría lucro cesante o lucro emergente, vale decir, los sueldos que dejó de percibir como ex senadora desde el día de su secuestro y las oportunidades perdidas durante el tiempo que permaneció cautiva.

No lejos del tema, el poderoso e influyente diario “El tiempo” de Bogotá, Colombia, recuerda que casos como el la señora Betancourt han sido resueltos a favor de otras víctimas de secuestro. Otras fuentes señalan que para el Estado resulta desproporcionada la cantidad de 6.8 millones de dólares, uno 5 millones de euros, pero esta versión no ha sido desmentida.

Camilo Gomez comisionado para la paz durante el gobierno de Andrés Pastrana asegura que no existe documento alguno por el cual se acredite la denuncia de la ex candidata presidencial.

En cambio, sí reconoció que durante el tiempo de su secuestro muchas familias pasaron momentos de insufrible crisis económica.

Armando Novoa, Constitucionalista colombiano, cree que la demanda se sustenta en la obligación del Estado a prestar garantías a la vida y a la seguridad de las personas. “Colombia vive un conflicto violento, el de las guerrillas, cuya arma más salvaje es el secuestro, que causan lesiones, a veces, irreparables en las personas”, comenta.