domingo, 11 de abril de 2010

LA FIEBRE DEL ORO


LA FIEBRE
Jesús Jiménez Labán
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La fiebre del oro empezó el año pasado cuando se desplomó el precio del petróleo, se devaluó el dólar y los intereses tocaron piso para los ahorros del público. Para los inversionistas, golpeados y asustados por la crisis financiera mundial, vieron en el oro un puente de refugio. Los altos precios del metal precioso invitaron a una competencia feroz por la conquista de los mercados en alza. No debe llamar la atención que las empresas auríferas pisen el acelerador en la explotación de las vetas de oro, utilizando todos los medios que están a su alcance. Tal situación se tradujo en una producción anual de 1500 millones de soles en barras de oro, de las cuales la mitad tiene origen desconocido, se presume en medios periodísticos que su procedencia es la minería informal –capitales rusos y brasileros- que no reconoce beneficios sociales a sus trabajadores, evade impuestos y envenena el ambiente con el uso de explosivos, cianuro, mercurio y uso dragas que destruyen en lecho de los ríos y destruye bosques enteros.
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De hecho, es un tremendo problema la explotación de la minería informal, cuyas protestas han cobrado víctimas que lamentar. El asunto no viene de ahora sino desde hace décadas. El tema y su solución pasa por la mejora de las condiciones de trabajo, la racionalidad en la explotación y la preservación del medio ambiente. Este es el reto para cualquier extraño que analice el tema y busque soluciones a la problemática de la minería artesanal que compromete a unos 300 mil mineros, cuyos dirigentes en actitud de protesta bloquearon indebidamente con piedras enormes, neumáticos ardientes y grupos de choque un segmento de la Panamericana Sur con el embotellamiento de 1000 buses y el estrangulamiento del abastecimiento alimentario en Tacna.
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Al parecer el conflicto se originó en una mala estrategia de comunicación. El corazón del asunto es
el decreto de urgencia 012-2010 que, precisamente, apuntaba, a atacar el problema de los artesanales, como se ha explicado. Se quería en esencia, corregir el trabajo infantil, la prostitución o trata de blancas y la evasión de impuestos. Sin embargo, por algún interés, se hizo creer a los mineros que la norma en vías de aprobación eliminaría su fuente de subsistencia, lo cual enardeció los ánimos de los supuestos afectados haciendo que el conflicto focalizado en Madre de de Dios, jurisdicción del decreto de urgencia, se trasladara hacia Chala, Arequipa, donde seis protestantes fueron muertos por las fuerzas del orden.
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Las explicaciones del gobierno resultaron tardías cuando explicó que el decreto de urgencia era para beneficiar a los trabajadores mineros en lugar de perjudicarlos. La cosa se complicó cuando desde agosto de 2009 se incumplieron las actas de un acuerdo para lanzar el Plan Nacional de Formalización de la Minería Artesanal. Según varias opiniones, el diálogo se debió imponer, lo que entendió en un momento el Congreso, pero el Ejecutivo dio largas al asunto, según se comenta en los pasillos del Parlamento.
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De un momento a otro, la bancada nacionalista, que lidera el ex candidato a la presidencia, Ollanta Humala, ha planteado la vacancia presidencial, que muchos consideran improbable debido a que resulta difícil tener en la mano 3/4 de la votación del pleno. La propuesta no se sustenta en la huelga minera sino en las consecuencias de esta paralización que ha dejado un saldo trágico de seis muertos. Los opositores suman 70 muertos en lo que va de la administración del Presidente Alan García, de manera que el conflicto minero parece resulta una oportunidad para complicarle la vida al gobierno.
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Las muertes de los mineros fueron objeto de una inquietud por Amnistía Internacional, mientras empezaban a dialogar los dirigentes y representantes de gobierno nacional y de los gobiernos regionales a fin de solucionar el problema. De alguna forma, esto resultó en buenas intenciones porque lo que en realidad se, como lo destaca el Washington Post, fue un retroceso en la aprobación de normas para preservar el medio ambiente por presiones de grupos de interés –cuya identificación resulta evidente-, hecho que hace recordar la marcha atrás que dio la administración en recursos naturales después de los acontecimientos de Bagua y de Moquegua.
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Vistas así las cosas, el vacío de la ley ha permitido el ingreso de inversiones sin control. Hay quienes afirman que la gran minería se vale de la minería informal –que tiene una economía de subsistencia- y de la pequeña minería –que plantea problemas de concesiones ociosas y petitorios- para capitalizar al máximo esta fiebre de oro que impone la coyuntura internacional, pero que deja un forado enorme en la recaudación tributaria. El cuidado del medio ambiente –según esfuerzo de la presente administración- aborta de nuevo con el retroceso de normas por la influencia de grupos de presión, con quienes es casi posible una negociación en plazos y procedimientos. El Estado debe empezar a reunirse con interlocutores válidos, pero esta vez con una estrategia de comunicación eficaz.