DURA ES LA LEY, PERO ES LA LEY

DURA ES LA LEY, PERO ES LA LEY
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Dura es la ley, pero es la ley. Obedecer la sentencia de los jueces es devolver la administración al grupo Shutz.

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Duele decirlo y escribirlo –debido a los sonados y probados casos de corrupción- pero eso es lo que cabe en un proceso cuando los jueces ordenan levantar una medida cautelar lograda por una de las partes después que la Suprema declarara improcedente el recurso de casación planteado por la otra en un pleito judicial.

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Siendo así, lo natural es que devuelta la administración al referido grupo en acatamiento del mandato de los tribunales-, sea Indecopi, el instituto legal que –con declaratoria de insolvencia- convoque a una junta de acreedores –trabajadores, proveedores, bancos y autoridad tributaria- para decidir el destino de la empresa.

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Si procede la reestructuración del canal 5 –que es como también se le conoce a Panamericana Televisión- puede nombrarse una autoridad autónoma para que administre el canal y vele por los intereses de los acreedores, todos ellos motivados –claro está- en la recuperación de su capital de trabajo, maquinarias, equipos e inversiones.
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Los jueces se rigen por sus códigos. Si hubo un administrador judicial es porque el código procesal civil se lo permite como medida cautelar, garantía que asegura el ejercicio de un derecho.
Sin embargo, lo que está reservado para los jueces, lo han hecho los ejecutores coactivos de la Sunat, que tienen como funciones claras embargar y rematar bienes, pero no está claro si tienen atribuciones para administrar o controlar una empresa, algo que sienta jurisprudencia porque es la primera vez que ocurre en la historia tributaria del Perú.
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Para asegurar su pretensión, la Sunat ha nombrado a un interventor tributario –que renunció a menos de 32 horas de su designación por verse impedido para celebrar contratos y otros actos jurídicos que le permitan el salvataje de la empresa-. De igual manera, un empresario, un minero y un periodista integran el “grupo de notables” con quienes trata de garantizar la independencia editorial del medio de comunicación.
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La situación se vuelve cruda para los trabajadores de Panamericana Televisión que debe al estado, trabajadores y proveedores privados alrededor de 200 millones de soles (unos US$ 60 millones), según Alberto Cabello, el fugaz interventor tributario. Más tarde o más temprano, la pelota estará en la cancha de Indecopi. Esto parecen intuir los nuevos y antiguos trabajadores de Panamericana que se estiman en más de 400.
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Esta es una situación delicada porque es la primera vez que una dependencia del gobierno toma el control de un medio de comunicación por obligaciones tributarias impagas, algo que ha puesto con los pelos de punta a otros medios de comunicación en similar situación. Además de Panamericana, las otras dos televisoras–Frecuencia Latina y América- se encontrarían en aprietos tributarios.
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La Sunat no sólo se ha metido en un pleito de privados sino que desde ahora -en una situación extrema negada- tendríamos que pedirle permiso para decidir qué noticias poner y cuáles censurar por no ser “convenientes” para el momento. Obviamente, vistas así las cosas, la gente siente temor natural porque los funcionarios tributarios muestran más poder que los jueces. La libertad de expresión se encuentra en la picota.

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Pésimo precedente, no poder informar, ni expresarse ni dirigir una opinión independiente. La democracia es radicalmente opuesta al vericidio, la muerte de la verdad.