EL DESTINO DEL NUEVO CONTRALOR

DESPUES DE SEIS MESES DE VACIO

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Jesús Jiménez Labán (*)

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Después de seis meses de vacío, el Perú tiene un nuevo Contralor. Aunque hay mecanismos de control (ex - ante) sobre licitaciones, este es el hombre que va a revisar las cuentas. Es obvio que alguien tiene que estar con el ojo abierto sobre el gasto público. Esta persona es el Contralor que se ubica a la cabeza del Sistema Nacional de Control.
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La Contraloría General de la República, descentralizada y autónoma, es constitucionalmente el órgano superior del Sistema Nacional de Control. Su Jefe, el Contralor, viene a ser una especie de fiscal supremo del gasto público, una función trascendente en un momento en que para muchos ésta puede resultar incómoda, un estorbo o un “paralizante” del país.
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Es tan importante este cargo que en Chile se le ha dado poderes no sólo para supervisar el dinero del Presupuesto Público, sino también, atribuciones para casar los decretos del ejecutivo, es decir, señalar si están acordes o no con la Constitución y la ley.
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En el Perú no son menos poderosas las atribuciones de la Contraloría General de la República que le franquea la Constitución. Son tres las fundamentales: supervisar la ejecución del Presupuesto, las operaciones de endeudamiento externo y fiscalizar los actos de las entidades públicas.

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Sabiamente, el legislador ha decidido que el periodo de ejercicio del Contralor se extienda a siete años para que no coincida con el periodo constitucional, algo que contribuye a la transparencia y da salud la democracia.
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Dada su importancia, la Constitución de 1933, pasando por la de 1979 y la que ahora nos rige, dejan intacta la autonomía e independencia de la Contraloría, pese a que su máximo funcionario es propuesto por el Ejecutivo y necesita la aprobación del Congreso. Siendo así, nadie puede remover al Contralor, excepto por falta grave, atribución que le corresponde al Congreso de la República.
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Por consiguiente, el país celebrará que este nuevo funcionario sea independiente y sin alianzas con ningún poder, partido o interés. Su misión es cautelar los recursos que salen de nuestros bolsillos vía impuestos.
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Algunos congresistas han hecho notar que se pretende recortar las facultades de esta institución, reducir su presupuesto y replantear su estructura. Un buen comienzo sería poner lupa de aumento en lo que se hizo o se dejó de hacer en la propia Contraloría en estos seis largos meses de vacancia y mejorar el número actual de 800 inspectores para supervisar los actos de 2000 entidades públicas.
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Cualquier replanteamiento proyectado debe dejar intacto el control del uso del dinero y la gestión de las entidades que tienen que ver con rentas o bienes del Estado. Habrá que ver.

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(*) Presidente de CENTRUM LABAN