martes, 15 de julio de 2008

POR PRIMERA VEZ EN EL MUNDO UN PRESIDENTE EN FUNCIONES ES ACUSADO DE GENOCIDIO POR FISCAL DE TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL


Por Jesús Jiménez Labán
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Es un hecho sin precedentes. Un fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) acusó con pruebas al presidente sudanés Omar el Bechir ante tres jueces de ese Tribunal, pidiendo con pruebas en la provincia de Darfur orden de arresto contra el mandatario por “genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra”. La acusación del magistrado argentino Luis Moreno Ocampo por genocidio de 300 mil asesinados en Dalfur por razones étnicas, políticas y religiosas, fue rechazada inmediatamente por Jartum con amenaza de una reacción si el asunto llega ante las Naciones Unidas.
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Se trata de la primera vez que un presidente en funciones es acusado con petición de orden de arresto. La acusación fiscal pasará durante los próximos dos o tres meses por la actuación de las pruebas ante el CPI, el único tribunal permanente competente para juzgar a los autores de crímenes de guerra, contra la humanidad y de genocidio.
"El mandatario sudanés decidió en persona el crimen de genocidio al ordenar a sus hombres “no dejar heridos ni traer prisioneros”, acusó Moreno por lo que presentó cargos por asesinato, violación, exterminación y deportación. Es más, según la acusación fiscal, Bechir "movilizó al conjunto del aparato estatal", incluyendo a las fuerzas armadas y a los servicios de inteligencia, para colocar "intencionadamente" a 2,5 millones de desplazados en "condiciones de existencia que sólo podían acarrear su eliminación física".
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Sin embargo el citado Tribunal no tiene fuerza policial para el arresto por lo que se especula que tendría que evaluarse a nivel del Consejo de Seguridad en caso de que los jueces fallaran por un arresto del Presidente de Sudan. Según trascendió, la carga probatoria es liviana, podría haber orden de comparecencia. Si ésta es desoída por Omar el Bechir, la Corte puede ordenar su arresto. Según los estatutos de la Corte, la petición puede ser aceptada, rechazada o se pueden pedir más pruebas al fiscal.
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Varios abogados creen que el acusado puede alegar falta de competencia de la Corte Penal de tal manera que la justicia local tenga preeminencia. Además podría alegar que los actos de que se le acusa no son delitos y manipular pruebas.
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Como se sabe, la Corte Penal por sí sola no puede ordenar el arresto de nadie. Las fuerzas de la ONU tampoco, a no ser que tengan el mandato expreso del Consejo de Seguridad. Quedará a criterio de las autoridades de Sudan cumplir con el mandato de la Corte pero eso es difícil de imaginar, según varios analistas. Esto es lo que también ha advertido el fiscal que las autoridades sudaneses no actuarán de buena fe.
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Sin embargo, en opinión del jurista Juan Méndez, Presidente del Centro Internacional de Justicia Transicional se puede pedir a la Comunidad Internacional presione a Sudan a que respete el proceso judicial, pero esto a su vez puede resultar contraproducente por las represalias que podría tomar como presión el acusado contra los millones de refugiados en Dalfur.
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En esencia, este es un hecho que no registra antecedentes en la justicia internacional porque es la primera vez que se acusa a un ex jefe de estado en el ejercicio pleno de sus funciones. Todos los demás casos fueron con ex presidentes después de haber terminado su mandato.
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PRECEDENTES PENALES
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Existen, pues, precedentes contra ex mandatarios que fueron acusados después de haber dejado el poder. El caso de Charles Taylor, Presidente de Liberia desde 1997 hasta 2003, junto con otros casos sonados en África. El caso de ex presidente peruano Alberto Fujimori en proceso y cuatro jefes militares en Argentina.
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Por acusaciones de crímenes de guerra, contra la humanidad y genocidio, el Tribunal Penal Internacional solicito en 2001 la detención de Slobodan Milosevic. Sin juicio de extradición en la ex Yugoslavia, fue detenido en Junio de ese año y llevado a la Haya.
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El proceso contra el ex Presidente de Chile, Augusto Pinochet es una larga historia que se podría resumir en los términos siguientes.
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Por muertes de españoles en Chile durante su gobierno, el juez Español Baltasar Garzón dicto en 1999 orden de detención contra el dictador Augusto Pinochet, que se encontraba en el London Clínic en tratamiento por una hernia.
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Los cancilleres de ese entonces José Miguel Insulza y Juan Gabriel Valdez pidieron la extradición de Pinochet bajo el argumento de que los crímenes que se le imputa se cometieron en Chile y, por tanto, corresponde a ese país juzgarlo. Paralelamente, los abogados de Pinochet alegaron la inmunidad diplomática como ex presidente y senador que luego fue invalidada por la Cámara de los Lores, pese a la defensa de Margaret Thatcher que recordó la cooperación de Chile en la Guerra de las Malvinas.
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Luego un tercer comité de los Lores le redujo los cargos, pero ese mismo año siguió bajo arresto domiciliario. Por razones políticas, eran tiempos del laboralista Tony Blair, Gran Bretaña empezó a temer de que Pinochet muriera en territorio ingles. Se buscó eximirlo del juicio por razones de salud (diabetes e hipertensión). Fue así que las autoridades decretan su libertad por razones humanitarias, lo cual le permtió a Pinochet regresar a Chile.
En su propio país se le inició un proceso de desafuero por secuestro de 18 personas en la operación conocida como Caravana de la Muerte. Tras la resolución judicial en su contra renuncio a al cargo de senador. La defensa se encargó de presentar exámenes de salud que revelaron que Pinochet sufría de demencia vascular. Pero después en julio de 2002 una Corte de Apelaciones de Santiago revoco el sobreseimiento por demencia, abriendo primero un proceso por la Operación Cóndor y dejándolo sin efecto después. Vinieron luego otros juicios por el caso Operación Colombo, la desaparición de 15 opositores a su régimen, las cuentas Riggs en 2006 que pusieron en tela de juicio el origen de su fortuna.
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El 25 de octubre de 2006 los diarios El Mercurio y La Nacion publicaron que Augusto Pinochet mantendría ocultos en un banco de Hong Kong unos 9.500 kilos de oro en lingotes, valorados de forma preliminar en unos 160 millones de dólares.
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Posterior a la muerte de Pinochet, por decisión del juez Carlos Cerda, fueron procesados sus cinco hijos, su viuda y una lista de 13 personas por delito de malversación de caudales públicos en el marco del caso Riggs. Pinochet falleció en medio de juicios después de sufrir un infarto de miocardio y edema pulmonar, el Día de los Derechos Humanos.