CONGA: LA TAREA FINAL...
JESUS JIMENEZ LABAN
Tras el Mensaje a la Nación del presidente Ollanta Humala, ya todo el mundo sabe que "Conga va". Lo que no se ha dicho es "¿cómo?". Es posible que dentro de 30 días se conozca el derrotero, a partir de una plataforma de acción que viene preparando el gobierno.
Es decir, los términos y condiciones de la nueva relación con la minería que abarca regulación, garantía del recurso agua y salud para la población, protección del medo ambiente, incluyendo mecanismos de prevención y resolución de conflictos, entre otros.
Sin embargo, la luz verde al proyecto minero que otorga la Administración Humala, ha sido respondida por el presidente del gobierno regional, Gregorio Santos, bajo la misma insistencia de que el proyecto sea declarado "inviable".
Haciendo eco del anuncio presidencial, desde su cuenta de Twitter, Santos dijo que "mandatario debió escuchar primero a Cajamarca...Newmont se ha impuesto a la fuerza"
Hay quienes prefieren poner al margen a la iniciativa privada en este delicado asunto. Asumiendo que así fuera, estaríamos nuevamente ante puntos de vista distintos entre gobierno nacional y un gobierno regional.
Si las partes, si los dos ejes del poder, no se han puesto de acuerdo, queda pendiente una tarea con la población que, dicho sea de paso, no cree ni confía en lo que ofrezca la mina como lo reconoce el propio empresario.
Entonces ahí hay que tender puentes de comunicación para restablecer la credibilidad y confianza en el proyecto, si sus estrategas están moralmente convencido para hacerlo. Ahora bien la comunicación inagotable con los dirigentes puede continuar, pero su carga ideológica es una enorme pared y ello se ha dado cuenta el propio presidente Humala.
Al margen de politiquería y el anarquismo, es hora de construir significados. Dicho de otro modo, la comunidad debe entender con apoyo de los medios lo que pasa realmente. Y lo que ocurre, es que Buenavenura, socia de la multinacional Newmont en el proyecto Conga, ha aceptado las propuestas hechas por el gobierno y acogido las recomendaciones del peritaje técnico internacional que ha derivado en ajustes del Estudio de Impacto Ambiental aprobado por funcionarios públicos del Perú. Esto supone asegurar 14 millones de metros cúbicos de agua en lugar de los 3 millones y medio de metros cubicos que contempla originalmente el estudio de impacto ambiental, aun así una cantidad mayor al millón 300 mil metros cubicos que contienen las cuatro lagunas en conflicto, más pequeñas que las lagunas de La Molina, según se ha dicho. Además, la creación de fuentes de trabajo, principalmente en la etapa de las obras de construcción, pero se piensa "meter la mejor gente y en el número adecuado", dice en una entrevista amplia Roque Benavides en un diario local.
Tal como se ven las cosas -corríjanme si me equivoco- el reclamo popular cajamarquino justo por el agua se ha tomado en cuenta. Claro, parece que la alternativa hidrológica es la que se ha tomado, es decir, agregar más agua al sistema, aunque eso no quita que se deje de tocar las lagunas, salvo mejor parecer. Del mismo modo, el gobierno nacional se ha movido en función de esa demanda popular y la empresa ha cedido y eso (la parte hidrológica) cuesta 20 millones de dólares, aunque, segun los mismos ejecutivos de la mina, el mayor costo es el retraso del proyecto.
Con todo, los dirigentes del gobierno regional "siguen en sus trece". Queda también el contacto directo con al gente como en una campaña presidencial. Acaso sea el momento que para recuperar los puntos perdidos el presidente lidere una cultura de paz convertido en un negociador y hombre de solución alternativa de conflictos sin parar el motor de las inversiones.
Comprometer al enemigo a asumir una conducta responsable e invocar a todos a una nueva reconciliación nacional.
Pudiera parecer un chantaje, como se ha dicho, afirmar que si un proyecto de esta envergadura -4.8 billones- se paraliza, se trunca, se posterga o, en el peor de los casos, se cancela definitivamente, eso originaría demandas multimillonarias en tribunales del extranjero. Quizás, no por parte de Buenaventura, como se ha dicho, sino de Newmont, caso hipotético negado. Pero, muy a mi pesar, tendría que decir en términos generales que no es una exageración pensar esas pérdidas cuantiosas para el país por indemnizaciones multimillonarios, porque si las inversiones vienen al Perú es porque existe esa impronta de seguridad juridica, respeto de las reglas de juego y el cumplimiento de la palabra empeñada.
Digo esto porque parece que se quiere poner sobre el tapete el debate constitucional acerca de la Carta Magna vigente aprobada mediante referéndum de 1993. Y el sustento de esto son las propias declaraciones de Santos para someter a un referendum dicha Carta Política, para lo cual -dice- está reuniendo las firmas, a partir del padrón de la Asociacion de Fonavistas "que tiene un millón 800 mil firmas y buscarán otro millón".
Si bien el referendum es un punto del Capitulo III (De los Derechos Politicos y de los Deberes) contemplado por la propia Constitución, no se puede impedir con el 10 por ciento del electorado nacional, pero resultaría perverso para la Nación -debido a la crisis económica y sensibilidad de las clasificadoras de riesgo, el solo hecho de que se de a conocer a nivel mundial se somenta a referéndum la reforma total o parcial de la Constitución (Inc. 1 Art. 31 de la Constitución), sobre todo si ésta es vinculada a inversiones locales y extranjeras.
No. Sin duda, el remedio resultará peor que la enfermedad si acaso esto tuviera apoyo. Así como las empresas mineras que cotizan en la Bolsa de Nueva York se cuidan mucho de respetar los estándares internacionales en los territorios donde invierten para no dañar su perfil como compañias enlistadas en bolsa, así también el Perú globalizado tiene una imagen bien ganada en el mundo, de manera que el mercado es muy sensible a cualquier movimiento que tenga que ver con su perfil político-financiero-social, especialmente en términos de riesgo país.
Como se trata de olfatear el peligro, predecir situaciones y evitar que los riesgos degeneren en crisis o megacrisis, hoy más que nunca debemos mostrar nuestra identificación con el desarrollo y el crecimiento como medios de lucha contra la pobreza. Negar las inversiones -que cumplen con la ley, respetan el ambiente y protegen la vida de la gente- significa atraso, postergación y ser derrotados por la miseria. Señores, ¡no hay derecho!
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