EL CASO PANAMERICANA ¿UN PASO ATRAS PARA LA DEMOCRACIA?

EL CASO PANAMERICANA

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Jesus Jiménez Labán
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De manera sorpresiva, la sentencia de los jueces es dejada de lado para dar cabida a las decisiones del poder político. Esto es lo que ha ocurrido cuando el Poder Judicial en vías de ejecución del levantamiento de una medida cautelar se ha visto interferido por la sorpresiva decisión de la Autoridad Tributaria (Sunat) de colocar a un administrador tributario en la administración de Panamericana Televisión, señal emblemática de la radiodifusión en el Perú.
Para disimular una abierta intromisión en la línea editorial del medio se nombró a tres hombres de prestigio –un empresario, un minero y un periodista- como integrantes de un “grupo de notables” que, se supone, garantizaría la autonomía e independencia del canal cincuentón de la televisión peruana.

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La pregunta que se hace todo el mundo no es tanto lo que quieren los dueños de esta televisora cuanto lo que pretende hacer el gobierno de Alan García. ¿Quién está detrás de esta arremetida contra la prensa? Sea cual fuere la respuesta, parece que la premisa –ahora eventualmente descartada, a la luz del giro que ha dado el caso- hubiera sido convertir a Panamericana Televisión en la sucursal de un partido político en el poder y un nexo del canal del estado.
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Debido a una guerra despiadada derivada de la crisis publicitaria, la televisión peruana se ve atenazada por tres tipos de presiones. La autocensura, motivada por los espacios publicitarios que contrata el estado en la señal privada; las abrumadoras deudas tributarias que tienen los dueños de los medios; y ahora el garrote de la Sunat contra aquéllos que no se alinean a los intereses políticos del poder.
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La virtual estatización de un canal televisión privado ha tomado por sorpresa a todos, menos a los que han orquestado todo esto. Estatización a estas alturas es vista como un afán de “copamiento” del poder sobre los medios de prensa. De ahí hay solo un paso para abrir las puertas a la corrupción.
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Es la misma preocupación que tienen los dictadores o las dictaduras con careta de democracia. En el pasado, en México, el mismo Congreso de la República modificó la ley de telecomunicaciones para privar de espacios mediáticos a los partidos e impedir el avance de los candidatos presidenciables. Ahora, se ha visto en Ecuador cómo, tras el pretexto de manejos fraudulentos de banqueros, el poder interviene los medios de prensa, especialmente los electrónicos. Después de cortar la señal abierta a Radio Caracas Televisión, la cadena televisiva más emblemática de Venezuela, el poder persigue a los propietarios de medios, a los dirigentes políticos y deja a todo el país en la oscuridad de la información mediatizada.
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El cambio de escenario amenaza con la pretensión de cubrir todo el país con una voz monocorde, parcializada y con verdad incompleta. El acceso a la información es la base de la democracia. Esta sólo es conseguida por el ciudadano en un país donde prima el estado de derecho y el ejercicio pleno de las libertades, entre ellas la libertad de expresión.

DURA ES LA LEY, PERO ES LA LEY

DURA ES LA LEY, PERO ES LA LEY
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Dura es la ley, pero es la ley. Obedecer la sentencia de los jueces es devolver la administración al grupo Shutz.

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Duele decirlo y escribirlo –debido a los sonados y probados casos de corrupción- pero eso es lo que cabe en un proceso cuando los jueces ordenan levantar una medida cautelar lograda por una de las partes después que la Suprema declarara improcedente el recurso de casación planteado por la otra en un pleito judicial.

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Siendo así, lo natural es que devuelta la administración al referido grupo en acatamiento del mandato de los tribunales-, sea Indecopi, el instituto legal que –con declaratoria de insolvencia- convoque a una junta de acreedores –trabajadores, proveedores, bancos y autoridad tributaria- para decidir el destino de la empresa.

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Si procede la reestructuración del canal 5 –que es como también se le conoce a Panamericana Televisión- puede nombrarse una autoridad autónoma para que administre el canal y vele por los intereses de los acreedores, todos ellos motivados –claro está- en la recuperación de su capital de trabajo, maquinarias, equipos e inversiones.
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Los jueces se rigen por sus códigos. Si hubo un administrador judicial es porque el código procesal civil se lo permite como medida cautelar, garantía que asegura el ejercicio de un derecho.
Sin embargo, lo que está reservado para los jueces, lo han hecho los ejecutores coactivos de la Sunat, que tienen como funciones claras embargar y rematar bienes, pero no está claro si tienen atribuciones para administrar o controlar una empresa, algo que sienta jurisprudencia porque es la primera vez que ocurre en la historia tributaria del Perú.
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Para asegurar su pretensión, la Sunat ha nombrado a un interventor tributario –que renunció a menos de 32 horas de su designación por verse impedido para celebrar contratos y otros actos jurídicos que le permitan el salvataje de la empresa-. De igual manera, un empresario, un minero y un periodista integran el “grupo de notables” con quienes trata de garantizar la independencia editorial del medio de comunicación.
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La situación se vuelve cruda para los trabajadores de Panamericana Televisión que debe al estado, trabajadores y proveedores privados alrededor de 200 millones de soles (unos US$ 60 millones), según Alberto Cabello, el fugaz interventor tributario. Más tarde o más temprano, la pelota estará en la cancha de Indecopi. Esto parecen intuir los nuevos y antiguos trabajadores de Panamericana que se estiman en más de 400.
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Esta es una situación delicada porque es la primera vez que una dependencia del gobierno toma el control de un medio de comunicación por obligaciones tributarias impagas, algo que ha puesto con los pelos de punta a otros medios de comunicación en similar situación. Además de Panamericana, las otras dos televisoras–Frecuencia Latina y América- se encontrarían en aprietos tributarios.
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La Sunat no sólo se ha metido en un pleito de privados sino que desde ahora -en una situación extrema negada- tendríamos que pedirle permiso para decidir qué noticias poner y cuáles censurar por no ser “convenientes” para el momento. Obviamente, vistas así las cosas, la gente siente temor natural porque los funcionarios tributarios muestran más poder que los jueces. La libertad de expresión se encuentra en la picota.

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Pésimo precedente, no poder informar, ni expresarse ni dirigir una opinión independiente. La democracia es radicalmente opuesta al vericidio, la muerte de la verdad.

PALABRAS QUE MATAN

PALABRAS QUE MATAN

Saliendo al encuentro de estas críticas, el Presidente Alan García asegura que ni él ni su gobierno tienen interés en tomar el control de un canal de TV. “Aquí se debe pagar impuestos, no hay vacas sagradas”, afirma. García no está sólo. Tiene el coro de Enrique Cornejo, su ministro de Transportes y Comunicaciones, y su Primer Ministro, Yehude Simon, quien refrenda los actos del Presidente.

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Sabido es que la recaudación tributaria ha disminuido de manera descomunal desde noviembre de 2008. El nuevo jefe de la Sunat tiene como visión y misión bajar sus acreencias de 10 mil millones de nuevos soles (unos 3.000 millones de dólares).
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Tras esta deuda enorme, hay quienes temen una persecución por razones tributarias, a la que están expuestos los endeudados medios de prensa. La pregunta se hace todo el mundo por qué ahora y no antes.
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La salida de Genaro Delgado Parker como administrador judicial se ha convertido –quiérase o no- en puente de cobranza tributaria. Sea como fuere, parece que el Poder Judicial tendrá que hacer prevalecer sus fallos.
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Por su parte, Alejandro Toledo, predecesor de García, le reclama que deje el cinismo y las actitudes “asolapadas”. Lourdes Flores, favorita en algunas encuestas presidenciales, le pide nombres de los responsables. Los fujimoristas, por boca del parlamentario Rolando Souza, creen que resulta sospechosa la intervención de un medio cuando falta poco para el inicio de la campaña presidencial.
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“El régimen se ha vuelto apro-chavista”, es lo que dice Víctor Andrés García Belaunde, sobrino del ex Presidente Fernando Belaunde Terry. “Esta es una confiscación abierta –una estatización- como reflejo de los impulsos estatistas del Presidente García”, comenta el jurista Fernán Altuve.
Falta un año para que se dé el primer cañonazo de la campaña presidencial. Por ello una estatización –asolapada o no- de la televisión privada es algo que inquieta y preocupa, sobre todo cuando están en investigación casos sonados de corrupción tales como los petro-audios, la corrupción en las compras del Seguro Integral de Salud (SIS), y quién sabe qué otras revelaciones en camino.
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Sorprendentes fueron las declaraciones del presidente García cuando dijo públicamente que se encargaría de que gane (las elecciones presidenciales) el que debe ganar, lo cual es una abierta contradicción con un mandato constitucional de la transparencia en las elecciones.
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La noche oscura de la televisión empezó privando de su libertad a los medios de prensa. Con motivo del ingreso de la Sunat a la administración de Panamericana Televisión, “Wall Street Journal” refrescó la memoria de los lectores acerca de los millonarios sobornos del poder fujimontesinista para compra de la línea editorial de los medios de prensa.
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El poder decisorio de los medios es indiscutible. Para nadie es un secreto que un canal de televisión tiene un enorme poder en la voluntad electoral de los ciudadanos. De alguna forma, en las últimas cinco décadas, Panamericana Televisión ha decido los resultados electorales de los candidatos presidenciales en la recta final. Otro tanto, por supuesto, han hecho otras poderosas e influyentes cadenas de televisión, entre ellas América Televisión y Frecuencia Latina.

QUÉ ES LO QUE VIENE

¿QUÉ ES LO QUE VIENE?

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La Sunat deja en manos de Indecopi la solución del conflicto societario en Panamericana Televisión. Para que Indecopi tome las riendas del caso, tendrán que pasar aún cuatro largos meses. En ese lapso, las cosas deben volver a su estado anterior, vale decir, Shutz o Delgado Parker retomarán las riendas de la televisora, según decida el Poder Judicial.
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La empresa se encuentra como una nave al garete. El canal 5 es ahora una institución acéfala, sin directorio, gerentes ni ejecutivos que tomen decisiones. Es una situación similar a la que vivieron en su momento América Televisión y Andina de Televisión.

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Iniciado el procedimiento concursal –mecanismo que habilita a los acreedores y deudores a ventilar sus diferencias fuera del poder judicial- se levanta un blindaje para la empresa porque los acreedores no pueden prosperar en acciones de embargo ni medidas cautelares adicionales.
La normatividad vigente contempla que para acogerse a las bondades del procedimiento concursal, se requiere acreditar deudas superiores a las 50 UIT (aproximadamente S/.180 mil o US$ 60 mil), además de certificar la veracidad y autenticidad de los créditos que se reclaman, lo cual toma tiempo.
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Bajo este procedimiento concursal los accionistas renuncian a sus dividendos y colaboran para que la empresa camine. Coincidentemente, para sacar de carrera a los grupos en pugna –Shutz vs Delgado- el gobierno aprobó un decreto supremo –con nombre propio para Doe Run y Panamericana- que impide a los acreedores vinculados, aquellos que tienen que ver con el conflicto, tomar decisiones en la gestión de la empresa. Ni uno ni otro podrán entrar a tomar decisiones en la Junta de Acreedores.
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Nada impide que concluida la vigencia del citado decreto –cosa que parece ser corta porque se quiere evitar ruido político- los acreedores vinculados -las partes involucradas en el conflicto- recuperen la plenitud de sus derechos. El decreto ha cambiado de raíz la ley de procedimientos concursales, norma tan adelantada como las de Estados Unidos, Francia y España.
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Las prerrogativas de los accionistas quedan en suspenso una vez que la Comisión de Procedimientos Concursales de Indecopi convoca a una Junta de Acreedores. Es lo que la ley contempla como proceso de “desapoderamiento”, es decir, los accionistas pueden asistir a la Junta, pero no tienen poder de decisión ni voto.
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Para estos efectos, la Junta de Acreedores tiene un poder enorme. Ellos son los que pueden decidir si se disuelve la empresa declarándola en quiebra o si optan por la reestructuración. Si es esto último, pueden haber todavía dos posibilidades. Es decir, que se nombre un administrador en representación de Indecopi o que el administrador comparta funciones con la administración anterior.
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Es la Sunat la entidad que pide el inicio de procedimiento en Indecopi. Claro, lo hace con información solvente. No hay que olvidar que en las 32 horas que el interventor tributario tuvo a su cargo la empresa, la Sunat pudo ver las cuentas en toda su dimensión, hacer un diagnóstico e incluso proyectar una operación de salvataje.
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Ahora bien, la Corte Suprema, por boca de su presidente Javier Villa Stein, ha exhortado a los magistrados que resuelvan el caso de manera “célere” o rápida, de acuerdo a las prácticas y principios procesales. No cabe duda, la administración del grupo Shutz puede volver a Panamericana, pero solo por un tiempo. Es esta administración la obligada –bajo responsabilidad- a poner el caso en manos de Indecopi.
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De ser así, será una estancia que puede durar unos cuatros meses, tiempo en el cual la administración Shutz tomará las riendas de Panamericana Televisión.
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De manera que resulta anecdótica la figura de que los trabajadores pretendan conducir el funcionamiento de la empresa. Se quiere forzar una figura similar a la actitud que tomaron los trabajadores cuando en 1987 el gobierno de Alan García estatizó la banca.
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Para evitar la expropiación, el Banco de Crédito transfirió parte de las acciones a los trabajadores, pero ese fue escenario totalmente diferente porque en este caso los trabajadores son acreedores, reclaman el pago de sus haberes. Sin embargo, debido a que los gerentes nombrados por el administrador judicial anterior cuentan con poderes, puede darse el caso que realicen operaciones de crédito y endeudamiento para cubrir las necesidades logísticas y remuneraciones de la compañía, pero la desconfianza se apoderará de los bancos ante una empresa acéfala.