METODOS DE CONTROL DE MANIFESTACIONES CONTRA PROYECTOS EN PERU, UN TEMA DE CUIDADO, DE TRANSPARENCIA EN ADQUISICIONES Y DE NUEVOS ANALISIS
JESUS JIMENEZ LABAN
Nadie quiere el desorden y la anarquía en el Perú. Por supuesto que no. Todo que se haga con la ley y el orden. Y que la solución llegue con el menor costo social. Pero al mismo tiempo es importante saber cómo se están viendo los métodos de control de las protestas sociales contra los proyectos en Perú.
De la lectura de un despacho de la cadena de noticias Univisión, llama la atención en el extranjero el elevado número de muertos con motivo de las manifestaciones de protesta en Perú contra proyectos predominatemente mineros.
Y la gente queda sorprendida -siguiendo la lectura del documento-porque no es usual que haya tantos saldos trágicos, ni siquiera haciendo comparación con Chile, Bolivia o Ecuador, donde también ha habido movilizaciones fuertes, dice Jorge Mansilla, investigador de la Defensoría del Pueblo.
Citando como fuente a la Coordinadora Nacional de Derechos HUmanos (CNDDHH), hay 80 muertos y 800 heridos desde 2006 tras el sofocamiento de manifestaciones.
El foco del problema está que no se usa mucho armamento no letal, según informe de Defensoría. Y para analistas internacionales (ver Associated Press) la corrupción ha incidido en la escasez de equipo no letal. Basta ver el ultimo contrato cancelado por cinco millones de dolares para comprar escudos, cascos máscaras antigas y otros instrumentos. Se habló que se quiso entregar articulos chinos y no productos americanos.
Quizás el problema no está en el accionar de la policía sino en cómo está redactada la ley peruana que pondría en una situación de riesgo y peligro a cualquier manifestante, parece decir los expertos citados en referido despacho.
La prensa extranjera recuerda, por ejemplo, que el uso de las armas letales no está regulada por el ley. Es decir, para abogados expertos en seguridad, no hay prohibicion para esas armas ni obligacion para uso de las no letales.
Estudios de la universidad estatal de Pensilvania en Estados Unidos cree que es injustificable el uso de ese tipo de armas para contener protestas sociales en la actualidad, en tanto Jose Vivanco, Director de Human Rigsht Watch dice "da la impresión de que la policía peruana recurre al uso de la fuerza letal en circunstancias no justificadas y estos casos no son debidamente investigados ni sancionados".
Se destaca, del mismo modo, el hecho de que el policia dispare contra un manifestante en el cumplimiento
de su deber de acuerdo a ley, pero hay casos judiciales, pese a ser el policía inimputable.
Precisamente, segun la misma fuente, el proyecto legislativo de un ex alto oficial amplia el concepto para que el agente no tenga problemas posteriores, cuya propuesta es ahora disparar contra manifestantes sin ser enjuiciados cuando se trata de salvaguardar la libertad personal, concepto que se podría ampliar, segun activistas de derechos humanos, "a quienes bloquean una carretera o ingresan a un local público en protestas".
El despacho de Univisíón recuerda que el presidente Ollanta Humala observó este proyecto, pero algunos legisladores podrían ponerlo al voto en Agosto.
Como se sabe, durante las últimas protestas en Cajamarca, el número de muertos ascendió a cinco.
Quizás, especulan los despachos, nunca se sepa quien disparó el proyectil con que fue impactado en la cabeza César Medina, un menor estudiante de 16 años en las protestas de Celendin contra el proyecto aurífero más importante del país.
En un rápido análisis queda claro que no se sabe exactamente quién disparó la bala contra el estudiante ni si el impactado por el proyectil participaba de la protesta.
Tampoco se conoce, según el reporte, por qué no se usa con más frecuencia gases lacrimógenos y proyectiles de caucho en lugar de municiones con viejos fusiles para reducir el impacto letal en el control de las manfestaciones, sobre todo si Raul Salazar, jefe policial afirma que "los agentes tienen como función mantener el orden con el menor costo social posible", dice la fuente.
