CRISIS INDIGENA

¿LA SOLUCION FINAL?
Jesus Jimenez Laban
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Tras los trágicos hechos ocurridos en Bagua, Amazonía peruana, aquietar los ánimos de los nativos está en manos de la Iglesia y de una efectiva estrategia de comunicación interna y externa, tema que pasa por el ordenamiento legal de los cocaleros, taladores y mineros informales en la región amazónica, según varias opiniones.

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Queda claro que el origen del problema descansa en la consulta previa que reclaman los nativos antes de que una plataforma se instale en sus territorios o plantaciones para etanol se siembre sobre sus bosques. Los nativos consideran que las leyes amazónicas que sirven de soporte al Tratado de Libre Comercio Peru-Estados Unidos- colisionan con la Constitución por lo que sus dirigentes intentaron hacer una declaratoria de insurgencia.

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Luego vino el dialogo a nivel de Ejecutivo, el Congreso declaró inconstitucionales algunos decretos, pero en medio de divisiones entre las bancadas pateó finalmente el tablero. Fue entonces que se producen los enfrentamientos sangrientos entre policías y nativos. Ahora, el gobierno le ha dado la posta de la negociación a la Iglesia.
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Para muchos en esta crisis indígena, los operadores políticos olvidaron la eficacia de los mecanismos de conciliación. Las decenas de muertes –con luto y llanto con 24 policías y 9 nativos, según cifras oficiales y 30 manifestantes y 22 agentes, según la prensa extranjera-[1] no debieron producirse nunca si las autoridades no hubieran dejado escapar el control de sus manos.
El camino correcto no debió ser la violencia. La salida debió ser seguir el procedimiento de inconstitucionalidad, vale decir, reunir miles de firmas y elevarlas al Tribunal Constitucional. Vale decir, el camino por el que optó la Defensoría del Pueblo, que abandonó después y que ahora retoma.
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Ciertamente, preocupa que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) considere en relación con los enfrentamientos que “la criminalización de la legítima movilización y protesta social, sea a través de represión directa a los manifestantes, o a través de investigación y proceso criminal, es incompatible con una sociedad democrática donde las personas tienen el derecho de manifestar su opinión”. El gobierno mostro su sorpresa por la “ambigüedad desconcertante” del comunicado y precisa que Perú tiene una larga tradición de promoción y protección de los Derechos Humanos.
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El diálogo es inherente a toda democracia. De ahora en adelante, el diálogo es lo más urgente para evitar otros acontecimientos de violencia.[2] Hablar no cuesta nada. Es, más bien, un recurso estratégico. Lo hace Correa en Ecuador y Uribe en Colombia en sus encuentros cordiales con los aborígenes de las montañas para exponer las ventajas del desarrollo humano que representa una inversión en sus territorios. ¿Por qué no en Perú?
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Si vemos sin apasionamiento las cosas, los nativos –cuyos antepasados resistieron hace 500 años la invasión del Imperio de los Incas- quieren que se les pida permiso en el ingreso de inversiones mineras, petroleras y gasíferas y se les aclare el uso de los bosques para actividades agrícolas. Es la lucha por la vida, el agua y la tierra madre, aunque tal vez por cierta desinformación vieron amenazados su hábitat natural, su salud y su supervivencia.
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Alguien podría pensar que se quiso “hacer cholitos” a los nativos. Ya había un antecedente con la reserva del Cenepa que se creó para crear bosques intangibles, pero luego se concesionó en la mitad de su extensión para actividades mineras. Ahora se autoriza la venta a manos privadas de 45 millones de hectáreas de superficies boscosas para ser convertidas en áreas agrícolas donde sembrar la materia prima, del etanol, por ejemplo.
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Hace más de 100 años –según estudios antropológicos- se produjo una cruel explotación de los nativos por la fiebre del caucho en manos de colonizadores que amasaron fortunas con su extracción en un choque cultural que desembocó en torturas en la población indígena, lo cual tuvo también sus réplicas en Colombia y Brasil.
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Si bien se cuestiona diez decretos legislativos, aprobados a fines del año 2008 para implementar el acuerdo comercial con Estados Unidos, en realidad son tres decretos legislativos en los cuales “no fueron consultadas las comunidades indígenas”.[3]
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Uno –el polémico Decreto Ley 1090 - tiene que ver con las proyectos que afecten los territorios de los nativos sin que se contemple una consulta previa, libre e informada regulada por la Convención 169 –aun no reglamentada- de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Otro, más técnico, está vinculado al tratamiento de las tierras eriazas en la Amazonía, en tanto que el tercer decreto -1064- por el cual se aprobó el régimen jurídico para el aprovechamiento de las tierras de uso agrario, el que permite la ampliación de la frontera agrícola sobre bosques.
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Son estos decretos los que afectarían el derecho de propiedad sobre las tierras y territorios de los pueblos indígenas. [4] Es sobre estos decretos que se ha creado un intrincado problema legal. Es sobre ellos que debió haber toda la información disponible para prevenir hechos lamentables. Está visto que estos decretos fueron aprobados con apresuramiento, presumiblemente debido a las presiones del tiempo para la aprobación del Tratado de Libre Comercio entre Peru y Estados Unidos sobre lo no se informó lo suficiente, especialmente en aspectos vinculados a inversión local y extranjera con desarrollo humano en bien de los pueblos amazónicos y del país en general.
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La solución parece ser una salida intermedia. Se deja en suspenso los decretos y se hacen las enmiendas y se aprueban nuevas normas, teniendo en cuenta los pedidos de los “apus” –jefes de las comunidades- y reclamos de una población aproximada de 400.000 habitantes en 65 etnias y doce familias lingüísticas. Pese a todo, siguen en pie de lucha.
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Nadie se opone a la inversión extranjera, pero debió antes tenerse en cuenta que en la Amazonia conviven dos cosmovisiones, dos culturas, dos sociedades. Vale decir, la tradición y la modernidad.[5] Los recursos naturales son de todos los peruanos. Mal haría una comunidad nativa reclamar su exclusividad, de manera que por ahí no va el problema.
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A diferencia de la costa y la sierra donde la propiedad agraria es completa, en la selva se entrega títulos pero los usufructuarios no tiene dominio total de la propiedad, vale decir, son propietarios del suelo, pero no del subsuelo sobre el cual otorga el estado concesiones.
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Este es el marco jurídico que no debería politizarse. Es una tragedia tener un elevado saldo de muertos por este problema. Se oyeron voces de una conspiración internacional en marcha, policías desarmados y muertos por reservistas, fosas de nativos desmentidas por la Defensoría del Pueblo y persecución política convertida en asilo diplomático. Todo esto debe estar separado del contexto que origina el conflicto.
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No se puede debilitar las estructuras de un estado unitario. Quizás, no arrojan frutos aun los esfuerzos de regionalización, descentralización y desconcentración del estado, pero es importante mantener el sentido unitario del país en su tres ejes –gobiernos locales, regionales y gobierno central- porque el Perú debe evitar convertirse en una fragmentación de 24 presidentes o 24 mini-congresos. Aquí se debe imponer el estado de derecho –en el que todos, gobernantes y gobernados obedezcan al derecho- característica fundamental que debe encarnar toda democracia representativa y participativa en un país plurietnico, pluricultural y multilingüe.
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[1] BBC Mundo, Junio, 2009
[2] NACIONES UNIDAS, James Anaya, Relator Especial, 2009
[3] AMNISTIA INTERNACIONAL, documento, Junio 2009
[4] CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (CIDH), comunicado de prensa, No 35, 2009
[5] JUAN OSSIO, antropólogo, Canal N, Junio 2009

EL PERU NO DUERME

EL PERU
Jesus Jiménez Labán (*)

Los conflictos sociales se apoderan del país. Es un mal síntoma que en menos de un año los conflictos se hayan duplicado de 104 a 250. Esto, según el reciente reporte de conflictos sociales de la Defensoría del Pueblo, alarma y llama a una reflexión seria y profunda.

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Cabe precisar que de acuerdo con el Reporte de Conflictos Sociales de la Defensoría del Pueblo, el 71% de los conflictos socioambientales activos, hasta el mes de abril, correspondía a situaciones originadas en torno a la actividad minera, el 8% está asociado al sector hidrocarburos, el 7% está referido a residuos sólidos y saneamiento, 5% a los recursos energéticos, 2% a recursos hídricos, entre otros.

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La pregunta es ¿cómo es que se han duplicado los conflictos? ¿Es que falta una buena estrategia de negociación? ¿Se nos está yendo el control de las manos? La democracia participativa, evolución natural de la democracia directa y de la democracia representativa, exige que el gobernante, que es el mandatario, escuche a los ciudadanos que con su voto ha puesto a todos en los cargos públicos.
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En medio de este torbellino –independientemente de su justicia o no- tocamos temas sensibles como el número de muertos que dejo la violencia política, las comisiones de las AFPs, la derogatoria de normas que son el corazón del acuerdo de libre comercio Peru-Usa. Junto con ello, -sea por desidia, sea por negligencia o por no haber cerrado bien antes un conflicto-, hay sectores que pretenden atacar la vena yugular de la energía, interrumpiendo en la Amazonía el oleoducto que abastece a una tercera parte del país y se bloquea las carreteras hacia los asientos mineros.
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También se ha interrumpido el paso a los turistas a Macchu Picchu por la una huelga de agricultores que reclaman por la reciente ley de recursos hídricos. De ahí hay un solo paso al desabastecimiento y a la mala imagen como país y con ello el malestar social y la caída de divisas. Entonces, uno se pregunta si hay gente interesada en mover el avispero o las cosas salen por arte de magia.
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Muy a mi pesar, es evidente que hay una crisis de gestión pública. La autoridad local y la regional han sido rebasadas por las demandas sociales, incluyendo los esfuerzos ingenuos de algunos ministros. No hay un muro de contención que prevenga y concilie –como recomienda la Cámara de Comercio de Lima-, lo cual deja la puerta abierta para que el conflicto estalle en el Consejo de Ministros.
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La solución pasa por el diálogo que debe mantener a raya la soberbia de no hablar y no bajar al llano. La violencia, la candela y la pedrea no harán sino agregar más gasolina al conflicto. Eso es malo porque la factura la pagamos todos.
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Ya nadie sabe en quien creer. En el mundo nadie se atreve a hacer pronósticos. Pero aquí en el Perú –ojala fuera cierto- las autoridades del Banco Central de Reserva pronostican que el fin de la recesión se acerca y defienden como exitosas las políticas monetarias y fiscal expansivas sin dejar de recomendar la difusión de los créditos hipotecarios en los segmentos C y D como locomotoras del crecimiento.
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El Dr. Pan Wei, padre de la apertura económica de China habló hace poco ante la comunidad peruana de exportadores. El también profesor de la Universidad de Pekín, señala entre los desafíos principales en su país, reducir la brecha entre las poblaciones urbanas y rurales. Reducir la corrupción y la contaminación ambiental. El destacado politólogo y economista, reconoce que hay estabilidad económica en el Perú, pero “existe una división y falta de consenso respecto a qué rumbo seguir para continuar con ese crecimiento”.
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Esto supone que no hay sentido de futuro, es decir, las diferentes fuerzas políticas adolecen de una prospectiva –ni siquiera el Ceplan se pone de acuerdo- para que todos empujemos el coche en la misma dirección. Uno de los objetivos del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico es constituirse en el espacio institucionalizado para la definición concertada de una visión de futuro compartida y de los objetivos y planes estratégicos para el desarrollo nacional armónico, sustentable, sostenido y descentralizado del país.
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¿Por qué no apurar las concesiones en puertos, carreteras y aeropuertos que aceleren el crecimiento del país? En medio de esta crisis financiera, la peor parte la llevan los exportadores de textiles, confecciones y agroindustria, en tanto que en el sector laboral se producen despidos en estos sectores, algo que mueve a la autoridad a la reconversión laboral. Se quiere capacitar a la gente que queda sin empleo –vía Sencico o Senati- para que migren a otros sectores para que la crisis no les quite el pan de la boca a sus familias.
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Los únicos países que exhibirán al crecimiento por sus fundamentos sólidos son Perú y China. No podemos retroceder dando el espectáculo al mundo de una república bananera –que no somos por hartas razones- de manera que aquí hay que cerrar filas para mantener a cómo de lugar nuestro grado inversión, es decir, que los inversionistas vean y comprueben que disminuye y no sube el riesgo país. El Estado peruano no tiene todos los recursos para atender las necesidades de educación, salud, nutrición y seguridad de la población vulnerables. De ahí la importancia de la inversión extranjera que trae empleo, desarrollo y progreso, cuando hay sentido equidad y responsabilidad social.
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Para proyectarnos al futuro hay que conocer el pasado. Nada asegurará la cohesión del país si no tomamos conciencia que el problema actual –que amenaza con una convulsión social en la selva y el sur- empieza y termina por los reclamos socio ambientales vinculados a la extracción de los recursos naturales. Con el consenso de todos, debemos decidir el curso correcto de las cosas para evitar una polarización política del Perú.
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Tenemos que darle al Perú liderazgo con estabilidad, difusión de valores en las esferas públicas y privadas, profundizar la democracia y defender la gobernabilidad sostenida en el tiempo teniendo en cuenta la visión de largo plazo. La agenda nacional no resistiría anteponer los intereses personales o de grupo a los intereses del país. Lo insensato es generar incertidumbre; lo sabio, confianza.
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(*) Presidente de CENTRUM LABAN