TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS

EL SISTEMA DE INVERSION PUBLICA EN EL PERU
Jesús Jiménez Laban

No es poca plata lo que el Presupuesto Público asigna a los gobiernos locales y regionales pobres. Tomando cifras de SNIP como fuente oficial, Huancavelica recibió en el año 2011 unos 800 millones de soles, Puno otros 1,600 millones y Ayacucho 1200 millones). Un funcionario público sin pelos en la lengua dijo que "es una cosa inmoral que pese a esos recursos en Puno haya niños que mueren de frío o en Ayacucho y Huancavelica campee la desnutrición infantil". O que se invierta tanto dinero en 5 años y la pobreza disminuya sólo 1%. La inversión pública va de la mano con reducción del subdesarrollo, pero ¿esto se refleja en el mapa de la pobreza? Lamentablemente, hay dudas

Algunos funcionarios comentan que en algunos pueblos puede darse el caso que se aprueba un presupuesto de 100 millones para 100 km de carretera, pero se ejecuta solo la mitad del proyecto. Al analizar el tema se ve en los papeles paralización de obra, pero en las obras físicas, solo ejecución al 30%. ¿Qué pasa con resto? Esto no debiera ocurrir. Felizmente, hay metodologías para ver transparencia la Inversión pública.

Una de las cosas que critica la gente es que los recursos del Estado no son bien utilizados al servicio de los que más necesitan, quienes son azotados por la pobreza. Y quienes critican, al decir de funcionarios que tocan el tema, le echan la culpa al Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) que –según sus críticos- en lugar solucionar el problema se ha convertido en una traba. Y no sólo eso, también hablan de malos manejos en diferentes niveles de la administración pública, se preguntan dónde está el dinero y se quejan de no rendición de cuentas por las autoridades. Si ponemos atención a estas verdades, creencias o suposiciones, nos encontramos ante un escenario en el que la gente ve grietas por donde se fuga el dinero, complejidad burocrática y falta de transparencia con los dineros del público. Dentro de los muros del Congreso hay investigaciones en marcha.

Desafortunadamente, aun no somos todavía institucionales en Perú como sí lo son Chile, Brasil y Colombia donde hay carrera pública. Ahí los puestos de confianza son asumidos por concurso público y todo proyecto pasa por evaluación ex post, la última etapa de un proyecto de inversión. Por eso hay menos nepotismo y menos número de filtraciones o desviaciones, según funcionarios del sistema público. 

Pero, ¿hasta qué punto tiene fundamento aquello de que SNIP es el malo de la película? La inversión pública ha ido creciendo. Hay 62 mil millones en inversiones entre pública y privada. El grueso de proyectos que aprueba el SNIP se concentra en Transportes, educación, saneamiento y agricultura. Aun así el ritmo ideal de crecimiento debe ser 7 por ciento para crear mejor ambiente en las inversiones futuras. 

Si el SNIP fuera una traba como se critica, ¿por qué entonces declaró el año 2001 proyectos viables por 300 millones: en el 2009, aprobó 32.000 millones y en 2011, unos 21.000 millones?, se preguntan funcionarios de la entidad.  

Parece que lo viene es capacitación, inventivos y evaluación más profunda de la calidad de los inversiones. El Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) ha acordado con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) hacer gestión pública territorial con respaldo de un equipo de técnicos para ayudar a las autoridades a desempeñarse mejor en seis (6) gobiernos locales más pobres, entre los cuales se incluyen los arriba citados. Es, pues, urgente capacitar al recurso humano para hacer mejores proyectos. Y, si fuera posible, dar incentivos en la reducción de brechas en salud, educación e infraestructura. Y otro en la evaluación para no repetir los errores.

Revisando los documentos del SNIP, sistema creado por Ley 27293 para certificar la calidad de los proyectos de inversión pública, se puede apreciar que hay esfuerzos ya realizados para generar rentabilidad social en los proyectos de inversión pública, es decir, que esa inyección de dinero tenga más beneficios que costos en iniciativas vinculadas a la educación, salud, saneamiento, riesgo, energía, transportes y medio ambiente, sea cual fuere el eje del gobierno, nacional, sectorial, regional o local. Y en materia de rendición de cuentas se ha inventado un sistema de seguimiento para evitar pérdidas al Estado y derroche público, según información alcanzada por SNIP.  

Para quienes pudieran pensar que esta es una apología al sistema de inversión pública, hay que recordar la cita de un representante de la banca de desarrollo. La capacidad del SNIP para rendir cuentas y evaluar el impacto de la transparencia es reconocida por el propio Fidel Jaramillo, Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Perú. Claro, las cosas no son del todo perfectas.   

Y es que resulta importante conocer cuáles son los nuevos movimientos porque en tiempos de crisis como éstos las asociaciones públicas privadas están a la orden del día. Y es bueno saber esto. De reciente creación es la Dirección General de Política de Inversiones (DGPI) que apunta a desterrar la creencia de que el SNIP es una traba. De esa dirección dependen otras, tales como la Dirección de Política y Programación de Inversiones (lineamientos y estrategias de inversión), Dirección de Inversión Pública (viabilidad y seguimiento), Dirección de Inversión Privada (participación eficiente de inversión en servicios públicos) y Dirección de Normatividad, metodología y capacitación (capacitación y asistencia técnica para mejorar la calidad de inversión) bajo su mando.   

De estas direcciones quisiera recordar que Dirección de Política y Programación de Inversiones, que depende de Ministerio de Economía Finanzas (MEF) decide si pasa o no un proyecto de inversión pública. Pero estas unidades, que hay en todo el país, están compuestas por gente de gobiernos regionales y locales que para muchos no necesariamente es competente, aunque sí, probablemente, para fomentar el proselitismo político. Se requiere gente técnica y no política, se comenta con insistencia en foros limeños. 

Y quisiera destacar también la Dirección de Inversión Privada que crea mecanismos y aplica estrategias de financiamiento, la misma que es vista -sin fundamento- como una duplicidad de Pro-inversión. No hay lugar a confusión: una planea y la otra operativiza. Más bien, tal vez salgan de aquí, de esta dirección, ideas para romper con la atomización de los proyectos. Y es sabido es que provincias abusa de proyectos pequeños de no más de 3 millones de soles en contraste, por ejemplo, con México que lidera una asociación público privada en la que cada proyecto asciende US$ 3000 millones). Para evitar cualquier fuga de dinero –siguiendo a los expertos-, hay que usar el criterio de la economía de escala.

No menos importante es la Dirección de Normatividad, metodología y capacitación. Y es que se puede hacer mucho con herramientas metodológicas redactadas no para técnicos sino para que la gente entienda. Así, con palabras sencillas y entendibles, saldría, p.e, una Guía para aumentar el turismo en Perú. Es ejemplar el caso de Costa Rica, que con 3 áreas naturales, genera US$ 700 millones en actividad turística. Costa Rica es del tamaño de la Región Ucayali. Perú, que tiene 60 áreas naturales y solo genera US% 70 millones.

Por supuesto, quedan aun algunas cosas por implementar para ganar un estándar internacional. Si bien es cierto los proyectos con endeudamiento o que requieren aval del Estado son evaluados y aprobados por el Ministerio de Economía y Finanzas, el resto de proyectos son evaluados por las Oficinas de Programación e Inversión (OPI) que pertenecen al SNIP, que existen en todo el país en ministerios, gobiernos locales y gobiernos regionales. Pero sigue siendo una rareza que unos proyectos pasen por el filtro del SNIP y otros sean liberados o exonerados de él ocurrió en el pasado con las obras de la Municipalidad de Lima, el Estadio Nacional y una larga lista.

Para muchos ahí está el problema. Porque se ha delegado facultades a esas instancias del poder para decidir asuntos de inversión pública sin estar necesariamente capacitados para esa misión delicada. Esto quiere decir que el presupuesto público se aprueba en el gobierno central y se entrega a provincias, pero este dinero se usa en proyectos que no tienen impacto social, que nos son minuciosamente evaluados o no se ejecuta de acuerdo a lo programado.  

Pero la situación ha mejorado enormemente en los gobiernos locales, más no en los gobiernos regionales. Los gobiernos locales han mejorado en ejecución presupuestal en 346% respecto al 2011. Pero los gobiernos regionales siguen a la saga con 47% en el mismo periodo de tiempo. La mejora de los gobiernos locales es de lejos mejor que el gobierno central que alcanza 31%. Este es un hecho relevante del que no se ha hecho eco la prensa.  

Resumiendo, parece existir un punto débil en la inversión pública al haber hecho delegación de facultades a gente sin experiencia y capacitación, precisamente para maneje dinero público. Y es verdaderamente un talón de Aquiles la falta de capacitación del recurso humano que desborda la capacidad logística del Ministerio de Economía y Finanzas, el órgano rector del sistema de inversión pública.   

Entonces, aquí cumple un rol importante la universidad peruana -sea pública o privada- porque ésta puede convertirse en el brazo derecho del pool de asesores, no más de 50 de MEF para tremendo océano de obras en toda la República, pero son insuficientes. Entonces, hay que tapar huecos para que drene el dinero público y poner en línea al SNIP con esta nueva urgencia, sistema que dicho sea de paso se ha convertido en un referente países cercanos y lejanos desde Zimbawe, Argentina, Uruguay, República Dominicana y Costa Rica.  

A mi modo de ver, todo lo demás son principios de economía, priorización y eficiencia, procedimiento y metodología para hacer bien las cosas. Por ejemplo, viendo todo de manera panorámica, hay que decir que cualquier proyecto es un ciclo que empieza por la Pre-inversión (perfil, factibilidad), Inversión (estudios definitivos, expediente técnico, ejecución) y termina en Post Inversión (operación y mantenimiento, y evaluación ex post).  

Es decir, una idea, una solución que apunta a resolver un problema que es evaluada, aprobada, ejecutada y monitoreada para lo cual existe una unidad formuladora (la que formula el proyecto), una oficina de programación e inversiones (que evalúa el proyecto y declara la viabilidad) y dos unidades ejecutoras (una para ejecutar y la otra para operar) además de una agencia independiente (para evaluación ex post). Y los montos de los proyectos están claramente delimitados. Así, el perfil de inversión simplificado (1´200-000 nuevos soles); Perfil y pre factibilidad (De 1´200.000 a 10´000.000 nuevos soles) Perfil y Factibilidad (Más de US% 10´000.000) 

Hay además una articulación de los 11 sistemas administrativos del Estado, de los cuales el SNIP, SIAF y SEACE son algunos de ellos como enfoque conceptual del seguimiento de la inversión pública. Ahí están los Comités de Seguimiento, que levanta información e identifica cuellos de botella en los proyectos públicos con reglamento, actas y formatos como apoyo al Sosem, ese conjunto de herramientas informáticas para verificar los avances en la ejecución de los proyectos. 

Asimismo, el nuevo Portal Web que permite acceso a todos los proyectos de inversión pública

www.snip.gob.pe) y es puerta de entrada a otros sistemas de información del SNIP: Banco de Proyectos, Aplicativo de Sosem, módulo para seguimiento, sistemas de costos y precios de proyectos, registro de especialistas, Foniprel, vinculación y georeferenciación de proyectos de inversión publica y centro de información.           

Vista así las cosas, y con pruebas en la mano y en la red, parece que el SNIP está dando pasos hacia la modernización como garantía de un mejor servicio público. Cuelgan en red todos los proyectos, cosa que es vista con transparencia, y automatiza procesos, dejando de lado el papel y el trámite burocrático. Ahorra tiempo y recursos en la simplificación del proceso para declarar la viabilidad de los proyectos y evalúa de manera conjunta la programación de inversión con mayores montos.

De esta manera, el Sistema Nacional de Inversión Pública no solo estará centrado en evaluar y aprobar proyectos sino en focalizar y bajar atomización de inversión apostando por proyectos grandes. La práctica internacional indica que es, p.e, rentable socialmente enfocarse en educación inicial y en salud neonatal, lo cual supone no un gran presupuesto sino saber elegir bien los recursos. ¿Dejará la política que este sistema se mueva de manera independiente? Habrá que ver.

　

HACIA UN UN NUEVO SISTEMA DE INVERSION PÚBLICA EN EL PERU

TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS

Jesús Jiménez Laban

No es poca plata lo que el Presupuesto Público asigna a los gobiernos locales y regionales pobres.   Tomando cifras de SNIP como fuente oficial, Huancavelica  recibió en el año 2011 unos 800 millones de soles, Puno otros 1,600 millones y Ayacucho  1200 millones).  Un funcionario público sin pelos en la lengua dijo que  “es una cosa inmoral que pese a esos recursos en  Puno haya niños que mueren de frío o en Ayacucho y Huancavelica campee la desnutrición infantil”. O que se invierta tanto dinero en 5 años y la pobreza disminuya sólo 1%.  La inversión pública va de la mano con reducción del subdesarrollo, pero ¿esto se refleja en el mapa de la pobreza?  Lamentablemente, hay dudas

Algunos funcionarios comentan que en algunos pueblos puede darse el caso que se aprueba un presupuesto de 100 millones para 100 km de carretera, pero se ejecuta solo la mitad del proyecto. Al analizar el tema se ve en los papeles paralización de obra, pero en las obras físicas, solo ejecución al 30%. ¿Qué pasa con resto? Esto no debiera ocurrir.  Felizmente, hay metodologías para ver transparencia la Inversión pública.

Una de las cosas que critica la gente es que los recursos del Estado no son bien utilizados al servicio de los que más necesitan, quienes son azotados por la pobreza. Y quienes critican, al decir de funcionarios que tocan el tema, le echan la culpa al Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) que –según sus críticos- en lugar solucionar el problema se ha convertido en una traba.  Y no sólo eso, también hablan de malos manejos en diferentes niveles de la administración pública, se preguntan dónde está el dinero y se quejan de no rendición de cuentas por las autoridades.   Si ponemos atención a estas verdades, creencias o suposiciones, nos encontramos ante un escenario en el que la gente ve grietas por donde se fuga el dinero, complejidad burocrática y falta de transparencia con los dineros del público. Dentro de los muros del Congreso hay investigaciones en marcha.

Desafortunadamente, aun no somos todavía institucionales en Perú como sí lo son Chile, Brasil y Colombia donde hay carrera pública.  Ahí  los puestos de confianza son asumidos por concurso público y todo proyecto pasa por evaluación ex post, la última etapa de un proyecto de inversión.  Por eso hay menos nepotismo y menos número de filtraciones o desviaciones, según funcionarios del sistema público. 

Pero, ¿hasta qué punto tiene fundamento aquello de que SNIP es el malo de la película?  La inversión pública ha ido creciendo. Hay 62 mil millones en inversiones entre pública y privada. El grueso de proyectos que aprueba el SNIP se concentra en Transportes, educación, saneamiento y agricultura. Aun así el ritmo ideal de crecimiento debe ser 7 por ciento para crear mejor ambiente en las inversiones futuras.

Si el SNIP fuera una traba como se critica, ¿por qué entonces declaró el año 2001 proyectos viables por 300 millones: en el 2009, aprobó 32.000 millones y en 2011, unos 21.000 millones?, se preguntan funcionarios de la entidad.  

Parece que lo viene es capacitación, inventivos y evaluación más profunda de la calidad de los inversiones.  El Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) ha acordado con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) hacer  gestión pública territorial con respaldo de un equipo de técnicos  para ayudar a las autoridades a desempeñarse mejor en seis (6) gobiernos locales más pobres, entre los cuales se incluyen los arriba citados. Es, pues,  urgente capacitar al recurso humano para hacer mejores proyectos. Y, si fuera posible,  dar incentivos  en la reducción de brechas en salud, educación e infraestructura. Y otro en la evaluación para no repetir los errores.

Revisando los documentos del SNIP, sistema creado por Ley 27293 para certificar la calidad de los proyectos de inversión pública, se puede apreciar que hay esfuerzos ya realizados para generar rentabilidad social en los proyectos de inversión pública, es decir, que esa inyección de dinero tenga más beneficios que costos en iniciativas vinculadas a la educación, salud, saneamiento, riesgo, energía, transportes y medio ambiente, sea cual fuere el eje del gobierno, nacional, sectorial, regional o local.   Y en materia de rendición de cuentas se ha inventado un sistema de seguimiento para evitar pérdidas al Estado y derroche público, según información alcanzada por SNIP. 

Para quienes pudieran pensar que esta es una apología al sistema de inversión pública, hay que recordar la cita de un representante de la banca de desarrollo.  La capacidad del SNIP para rendir cuentas y evaluar el impacto de la transparencia es reconocida por el propio Fidel Jaramillo, Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Perú. Claro, las cosas no son del todo perfectas.  

 Y es que resulta importante conocer cuáles son los nuevos movimientos porque en tiempos de crisis como éstos las asociaciones públicas privadas están a la orden del día.  Y es bueno saber esto.  De reciente creación es la Dirección General de Política de Inversiones (DGPI) que apunta a desterrar la creencia de que el SNIP es una traba.  De esa dirección dependen otras, tales como la Dirección de Política y Programación de Inversiones (lineamientos y estrategias de inversión), Dirección de Inversión Pública (viabilidad y seguimiento), Dirección de Inversión Privada (participación eficiente de inversión en servicios públicos) y Dirección de Normatividad, metodología y capacitación (capacitación y asistencia técnica para mejorar la calidad de inversión)  bajo su mando.  

 

De estas direcciones quisiera recordar que Dirección de Política y Programación de Inversiones, que depende de Ministerio de Economía Finanzas (MEF)  decide si pasa o no un proyecto de inversión pública. Pero estas unidades, que hay en todo el país, están  compuestas por gente de gobiernos regionales y locales que para muchos no necesariamente es competente, aunque sí, probablemente, para fomentar el proselitismo político.   Se requiere gente técnica y no política, se comenta con insistencia en foros limeños.

Y quisiera destacar también la Dirección de Inversión Privada  que crea mecanismos y aplica estrategias de financiamiento, la misma que es vista -sin fundamento- como una duplicidad de Pro-inversión. No hay lugar a confusión: una planea y la otra operativiza.  Más bien, tal vez salgan de aquí, de esta dirección,  ideas para romper con la atomización de los proyectos.  Y es sabido es que provincias abusa de proyectos pequeños de no más de 3 millones de soles en contraste, por ejemplo, con México que lidera una asociación público privada  en la que cada proyecto asciende US$ 3000 millones).  Para evitar cualquier fuga de dinero –siguiendo a los expertos-, hay que usar el criterio de la economía de escala.

No menos importante es la Dirección de Normatividad, metodología y capacitación.  Y es que se puede hacer mucho con herramientas metodológicas redactadas no para técnicos sino para que la gente entienda.  Así, con palabras sencillas y entendibles, saldría, p.e,  una Guía para aumentar el turismo en Perú.  Es ejemplar el caso  de Costa Rica, que con 3 áreas naturales, genera US$ 700 millones en actividad turística. Costa Rica es del tamaño de la Región Ucayali.  Perú, que tiene 60 áreas naturales y solo genera US% 70 millones

Por supuesto, quedan aun algunas cosas por implementar para ganar un estándar internacional.  Si bien es cierto los proyectos con endeudamiento o que requieren aval del Estado son evaluados y aprobados por el Ministerio de Economía y Finanzas, el resto de proyectos son evaluados por las Oficinas de Programación e Inversión (OPI) que pertenecen al SNIP, que existen en  todo el país en ministerios, gobiernos locales y gobiernos regionales.  Pero sigue siendo una rareza que unos proyectos pasen por el filtro del SNIP y otros sean liberados o exonerados de él ocurrió en el pasado con las obras de la Municipalidad de Lima, el Estadio Nacional y una larga lista.

Para muchos ahí está el problema.  Porque se ha delegado facultades a esas instancias del poder para decidir asuntos de inversión pública sin estar necesariamente capacitados para esa misión delicada.    Esto quiere decir que el presupuesto público se aprueba en el gobierno central y se entrega a provincias, pero este dinero se usa en proyectos que no tienen impacto social, que nos son minuciosamente evaluados o no se ejecuta de acuerdo a lo programado. 

Pero la situación ha mejorado enormemente en los gobiernos locales, más no en los gobiernos regionales.  Los gobiernos locales han mejorado en ejecución presupuestal en 346%  respecto al 2011.  Pero los gobiernos regionales siguen a la saga con 47% en el mismo periodo de tiempo.  La mejora de los gobiernos locales es de lejos mejor que el gobierno central que alcanza 31%. Este es un hecho relevante del que no se ha hecho eco la prensa. 

Resumiendo, parece existir un punto débil en la inversión pública al haber hecho delegación de facultades a gente sin experiencia y capacitación, precisamente para maneje dinero público.  Y es verdaderamente un talón de Aquiles la falta de capacitación del recurso humano que desborda la capacidad logística del Ministerio de Economía y Finanzas, el órgano rector del sistema de inversión pública.  

Entonces, aquí cumple un rol importante la universidad peruana -sea pública o privada- porque ésta puede convertirse en el brazo derecho del pool de asesores, no más de 50 de MEF para tremendo océano de obras en toda la República, pero son insuficientes.   Entonces, hay que tapar huecos para que drene el dinero público y poner en línea al SNIP con esta nueva urgencia, sistema que dicho sea de paso se ha convertido en un referente países cercanos y lejanos desde Zimbawe, Argentina, Uruguay, República Dominicana y Costa Rica. 

A mi modo de ver, todo lo demás son principios de economía, priorización y eficiencia, procedimiento y metodología para hacer bien las cosas.   Por ejemplo, viendo todo de manera panorámica, hay que decir que cualquier proyecto es un ciclo que  empieza por la Pre-inversión (perfil, factibilidad), Inversión (estudios definitivos, expediente técnico, ejecución) y termina en Post Inversión (operación y mantenimiento, y evaluación ex post). 

Es decir, una idea, una solución que apunta a resolver un problema que es evaluada, aprobada, ejecutada  y monitoreada para lo cual existe una unidad formuladora (la que formula el proyecto), una oficina de programación e inversiones (que evalúa el proyecto y declara la viabilidad) y dos unidades ejecutoras (una para ejecutar y la otra para operar) además de una agencia independiente (para evaluación ex post).  Y los montos de los proyectos están claramente delimitados.  Así, el perfil de inversión simplificado (1´200-000 nuevos soles); Perfil y pre factibilidad (De 1´200.000 a 10´000.000 nuevos soles) Perfil y Factibilidad (Más de US% 10´000.000)

Hay además una articulación de los 11 sistemas administrativos del Estado, de los cuales el SNIP, SIAF y SEACE son algunos de ellos como enfoque conceptual del seguimiento de la inversión pública.  Ahí están los Comités de Seguimiento, que levanta información e identifica cuellos de botella en los proyectos públicos con reglamento, actas y formatos como apoyo al Sosem, ese conjunto de herramientas informáticas para verificar los avances en la ejecución de los proyectos.  Asimismo,  el nuevo Portal Web que permite acceso a todos los proyectos de inversión pública (www.snip.gob.pe) y es puerta de entrada a otros sistemas de información del SNIP:  Banco de Proyectos, Aplicativo de Sosem, módulo para seguimiento, sistemas de costos y precios de proyectos, registro de especialistas, Foniprel, vinculación y georeferenciación de proyectos de inversión publica y centro de información.           

Vista así las cosas, y con pruebas en la mano y en la red, parece que el SNIP está dando pasos hacia la modernización como garantía de un mejor servicio público.  Cuelgan en red todos los proyectos, cosa que es vista con transparencia,  y automatiza procesos, dejando de lado el papel y el trámite burocrático. Ahorra tiempo y recursos en la simplificación del proceso para declarar la viabilidad de los proyectos  y  evalúa de manera  conjunta  la programación de inversión con mayores montos.

De esta manera, el Sistema Nacional de Inversión Pública no solo estará centrado en evaluar y aprobar proyectos sino en focalizar y bajar atomización de inversión  apostando por proyectos grandes.  La práctica internacional indica que es, p.e, rentable socialmente enfocarse en educación inicial y en salud neonatal,  lo cual supone no un gran presupuesto  sino saber elegir bien los recursos. ¿Dejará la política que este sistema se mueva de manera independiente?  Habrá que ver.

PERU DAY ATRAE INVERSORES DE TODO EL MUNDO

... PERO ¿EXISTEN PIEDRAS EN EL CAMINO?

Jesus Jimenez Laban

El Perú está de fiesta. Y es que difunde sus éxitos en el Peru Day, segunda versión 2012. En Nueva York el Ministro Luis Miguel Castilla acaba de dar el campanazo, el denominado opening bell, en la Bolsa de Nueva York (NYSE).

Como se sabe, el plan es atraer más inversiones y mostrar al Perú ante banqueros y financistas de todos el mundo como una plaza apetitosa para nuevas oportunidades de negocios. No creo, sinceramente, que nadie con su cinco sentidos se oponga a este propósito. 

Sin embargo, en el Perú hay tres temas que preocupan y uno que debe investigarse a fondo. Como se sabe, el sistema jurídico y la imagen del país se semejan al cuerpo humano con el rosto incluido. Si se aplica el remedio equivocado, todo el sistema reacciona y si hay remedios contraindicados, a veces, el rostro se deforma o sufre acné. Claramente, existe un decreto de urgencia 010-2012 que pone a los clubes de futbol en un procedimiento concursal de reestructuracion empresarial ante Indecopi para evitar embargos, deudas y cobranzas por sus acreedores. 

El problema, segun juristas independientes serios, es que el futbol no es "calamidad pública", "desastre" o "grave crisis económica" como exige formalmente la norma para justificar ese decreto de urgencia. Es un remedio contraindicado, pero ¿se podrá dar marcha atras? ¿O puede prosperar una acción de inconstitucionalidad del decreto, segun los mismos juristas? 

Otro decreto supremo es el que crea el voluntariado policial para contar con más efectivos en las calles para seguridad de la población y que está siendo cuestionado (por razones de forma) porque una Ley Orgánica, como la rige a la policía, sólo se modifica por una ley y no por una norma de inferior categoría. La verdad que hay dos articulos constitucionales 168 (la policía se rige por su propia Ley Orgánica) y 51 (Constitucion prevalece sobre cualquier otra norma) que reafirman lo antes dicho. 

¿Se puede dejar que el Congreso haga lo que le compete? ¿Se puede aplicar el remedio correcto? Sea como fuere, ¿se justifica una interpelación?    

Y, como si esto fuera poco, la prensa divulga el uso no autorizado de fondos en planillas en lugar de combatir la malnutricion de la niñez. Se pone, como prueba de estos presuntos malos manejos, a la máxima autoridad del gobierno regional de Cajamarca. El escándalo crece cuando arroja evidencias de que de deja de ayudar a los niños para asegurar propositos partidarios, politicos, ideológicos.  

Se necesita ahí, como dirían los galenos, un antibiótico no regional sino que comprometa todo el cuerpo, por cuanto no sabemos cómo se está manejando los presupuestos en el resto de la República.  Sería interesante saber las cifras que maneja la acción de control por la Contraloría. 

Y un cuarto tema -siguiendo la coyuntura- es el incendio en Lima de valioso material educativo y herramientas de acompañamiento pedagógico más computadoras que estaban reservados a los niños más pobres, algo que pasa después de los escándalos de editoriales y mensaje pro subversivos en los libros (cosa reconocida por la editorial). ¿Existe algo más allá del incendio?. Que sea la autoridad la que investigue, la acuse y la que se sentencie, pero este es un asunto reprobable y nauseabundo. 

En cuanto al ya cancelado programa de gestores de desarrollo local, que ha levantado polvoreda en el Congreso, se requerie más información. Cualquier gestor de riesgo y crisis recomiendaría no ocultar información ni dar la espaldas a la prensa porque eso da pie a que aparezcan telenovelas alejadas de la realidad. Que no domine lo que interpreta la gente sino lo que ocurrió realmente. No debe esperar un segundo una comunicación transversal que abarque el público interno y el público externo para tener las cosas claras.

Vistas así las cosas, como un panorma conjunto, sería condenable que alguien esté moviendo los hilos o que hubiera titireteros que de espaldas a lo que le conviene al Perú, piensan en ellos ellos primero en lugar de los intereses del pais. Qué casualidad que cuando la comunidades de inversionistas se reune con autoridades peruanas, se presenten este tipo de cosas. 

Es precisamente lo que no se quiere vender del país; que no se cuida o no hay control sobre los recursos públicos; que el ordenamiento jurídico se puede manejar al antojo de algún improvisado o que la corrupción campea en todos los niveles de la vida nacional o cortinas de humo. ¿Esa es la carta de presentación que buscan los mediáticos en un momento en que el Perú proyecta en el exterior su mejor imagen? 

¡Reflexionemos un poco, hombre! El Perú está prmero.

EL PERIODISTA Y LA DISPUTA JURIDICA

ECUADOR: EL PERIODISTA Y LA DISPUTA JURIDICA
Jesus Jimenez Laban

El progreso de un país se mide en la libertad de expresión como fundamento de la democracia. El acceso a la información es sinónimo de transparencia y buena práctica democrática. Y no debe haber ley que interrumpa ese flujo informativo. Ha causado revuelo en el mundo entero, el caso del presidente de Ecuador Rafael Correa quien enjuició a un periodista y a 3 propietarios de un medio (El Universo) por una opinión crítica en el sentido que el referido mandatario habia ordenado disparar contra civiles en un hospital...(ver documentos). 

Como resultado de un juicio penal, la autoridad judicial ecuatoriana sentenció con 3 años de cárcel al periodista Emilio Palacio y multó a los propietarios del medio, El Universo, los hermanos  Carlos, César y Nicolás Pérez , con una suma impagable de US$ 40 millones. ¿Por qué los propietarios si la opinión fue hecha por el periodista? Se preguntan algunos en foros virtuales ante los ojos del mundo. 

A diferencia de Estados Unidos, donde la línea conservadora es marcadamente distinta de la linea liberal, en América Latina esa linea divisoria no es muy clara. Pero es un hecho que la posición de un medio se ve en la primera página y en el editorial. Basta ver los diarios en los puntos de venta.  

Llamó mi atención un encendido debate entre una asambleista de Ecuador y académicos y defensores de la prensa de la universidad George Washington, Freedom House, Comité de Protección de Periodistas de Nueva York en el programa "Choque de Opiniones" transmitido por CNN.

De lo dicho ahí, además de las reacciones en redes sociales, me quedó claro que la gente quiere saber el origen de las cosas y las consencuencias, salvo mejor parecer del resto de televidentes e internautas. Los defensores de Correa alegan que nadie puede con una acusación disfrazada de opinión hacer un señalamiento tan grave como crimen de lesa humanidad, como lo que escribió Palacio.

Es más, alegan los defensores, nadie puede estar por encima de la ley y los periodistas no tienen corona. Es sin duda, el caso en el que colisiona el derecho a la libertad de expresión y el derecho al honor y el buen nombre. 

Pero en este caso concreto, no es fácil predecir qué pasará en Ecuador después de esta sentencia, aun con el arrepentimiento o el "perdón" del presidente Rafael Correa, conducta presidencial que invita a muchos a ser cautos y vigilantes. 

Los analistas internacionales convocados al foro creen que habrá censura y autocensura entre los periodistas porque éstos tendrán temor cada vez que se refieran a los actos del poder o a actos de corrupción. Y este un pésimo precedente para otros gobiernos de la región que tiene antecedentes con periodistas en las cárceles.

Viendo las cosas de otra forma, parece que este no es sólo un problema de los periodistas sino también de los ciudadanos que verán recortado su derecho a ser informados sobre los hechos tal como éstos ocurren. Aquí cabe mencionar aquello que oigo con frecuencia en Perú. "No se puede matar al mensajero". 

Por supuesto, los periodistas no son perfectos, cometen errores, pero necesitan un mínimo escenario para actuar en libertad, sobre todo cuando hay esfuerzos de autorregulacion y códigos de ética impulsados por los colegios de la profesión. Hay problemas cuando no se confirma la fuente, no se cruza la información o no se prueba la veracidad de la misma. 

Este es algunos gremios periodisticos un tremendo problema que se soluciona con libertad y responsabilidad. En otra descripción de la problemática, puede que no se moleste a los periodistas, pero el poder la emprende con los propietarios. Esto supone que también pueden surgir problemas por represalias del poder contra un medio tales como recorte en la cuota publicitaria, renovación de licencias o el uso de cualquier otro artilugio legal.  

Y para los mismos analistas que he señalado arriba no extrañaría que esto ocurra en Ecuador y otros países porque América Latina es una región donde menos avances ha habido en materia de libertad de expresión, aun cuando está vigente el articulo 13 de la Convencion Americana sobre Derechos Humanos, Tratado Internacional que protege las libertades de todos los periodistas en el continente. Prefiero escribirlo tal cual: "Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección".

¿Por qué el presidente Correa tuvo que usar la vía penal para ver este tema cuando debió usarse la vía civil?, se preguntan los analistas. Pero el problema está en que la difamación y calumnia vinculado a asuntos de interés público todavía permanece en los códigos penales de la mayoría de países en la region. Curiosamente, Argentina y México ha logrado desprender estas figuras de la legislación penal por razones de interés público, algo que debe hacerse también en el Perú.

Otra pregunta sin respuesta es por qué el poder usó la vía penal si el Presidente Correa tenia para contrarrestar una crítica más de 15 medios oficiales (cuando llegó Correa sólo exitía Radio Nacional de Ecuador). Ni los excesos de algunos medios ni la vinculación de éstos a grupos económicos, se puede resolver metiendo presos a los periodistas o tratando de quebrar o quitarles la licencia o dejarlos sin publicidad a los propietarios de los medios.

Con la muerte de la verdad, desaparece la opinión pública en la definición que conocemos ahora en democracia. La Convención Americana sobre Derechos Humanos vuelve a decir esto:  "

No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones".

En esencia, lo que se critica en el caso de Ecuador es el amedrentamiento a los periodistas, el uso de la ley penal cuando hay otras vías menos extremas y el riesgo de dejar de decir la verdad por una autocensura de quienes ejercen este oficio. No habría así libertad para destapar casos de corrupción ni para decir la verdad de los hechos que la ciudadania tiene derecho a conocer para formar opinión pública.  

Desde este punto de vista, más vigente que nunca resulta la frase feliz de don Belisario Betancourt: "Es preferible tener una prensa desbordada que una prensa censurada".