ARIZONA: LOS QUE SE VIENE

ARIZONA SB 1070

Jesus Jimenez Laban
A juzgar por los testimonios visuales de latinos, la gente no está asustada ni angustiada. Está evidentemente aterrorizada cuando empieza la cuenta regresiva para la puesta en vigencia de la ley SB 1070 el próximo mes de Julio que criminaliza a los migrantes indocumentados en el estado de Arizona. Muchos entran en shock, se desesperan por sus seres queridos y prefieren no salir a las calles para no encontrarse con policías, según los mismos testimonios. Y es que con la nueva ley, la policía puede exigir documentos de residencia a cualquier persona que le parezca sospechosa. De no poder probar su residencia legal, está sujeta a prisión de seis meses y una multa de 2.500 dólares. De ahí que la salida para muchos será la migración pronta a otros estados, pero para otros el camino es el atrincheramiento, lo que quiere decir, se quedarán en Arizona pase lo que pase.
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Esto se explica, en cierto modo, por las sucesivas marchas y contramarchas en los diseños de la ley sin que nadie se ponga de acuerdo. Hay muchos proyectos y pocos resultados. Por ejemplo, de la propuesta conjunta de dos senadores –un republicano y un demócrata- se ha pasado a un proyecto que lideran ahora los demócratas. De la negativa total se ha pasado a la posibilidad de que la reforma se toque este año, por lo menos que figure en la agenda parlamentaria. Pero pesa más el tema electoral que la decisión de tomar al toro por las astas. La propuesta de los demócratas es una convergencia de ideas del proyecto anterior. Es lo mismo, en otras palabras, control fronterizo, seguridad laboral, penalidad por estancia ilegal, idioma, impuestos, retorno al país de origen y esperar el llamado para el retorno.
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Las cosas están más o menos así, pero esto no es suficiente, porque cada día que pasa la familia latina está cada vez más desunida o desintegrada. Los republicanos aceptan renuentemente tocar el tema y lo demócratas se muestran más flexibles porque hay votos latinos de por medio, pero se necesita voluntad real de aprobar el asunto. En las calles se han visto manifestaciones públicas de protesta, movilizaciones que ha encontrado eco latino en otros estados, un mensaje de urgencia que ha recibido el Capitolio para la aprobación de la reforma migratoria. Sin embargo, Arizona será un gran campo de batalla por una lluvia de juicios locales, nacionales e internacionales que se ve venir en camino.
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Es un grave error resolver el problema migratorio con una solución individual para cada estado –como se ha hecho en Arizona- cuando es un tema de alcance nacional. Es decir, un estado se ha adelantado a lo que debe hacer el gobierno federal. Así, el remedio ha resultado peor que la enfermedad. Por eso esta norma ha sido denunciada ante la Corte Suprema de EEUU por el propio presidente Barack Obama. La preocupación también está –siguiendo a Janet Napolitano, secretaria de seguridad interna- en el tiempo y los recursos que demandará esta ley en la detención de indocumentados.
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Una estrategia sería que el gobierno federal por medio del Departamento de Justicia entre al litigio para detener la ley SB 1070 antes de que entre en vigor. El secretario de Justicia Eric Holder ha advertido que podría darse la circunstancia de “algunas personas sean interrogadas por su aspecto y no por algo que hayan hecho. En opinión de varios juristas se violentan de este modo leyes constitucionales, como la Cuarta Enmienda, que protege contra investigaciones irrazonables, y las Decimo Cuarta que garantiza la equidad ante la ley.
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Mientras el fiscal general estudia el asunto, diversos abogados analizan si la Corte Federal puede frenar la ley desde un comienzo por ser inconstitucional, aunque en la práctica una demanda de este tipo duraría tres años, lo cual hace difícil que el juez haga algo contra la ley que entra en vigencia en Julio de este año.
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Siendo así, debido a que el tiempo pasa sin solución para los inmigrantes ilegales, el camino queda despejado para la acción judicial a fin de bloquear la efectividad de esta ley en los tribunales por mandato de los mismos jueces. La solución definitiva parece ser supranacional desde cuando los gobernantes de las naciones sudamericanas UNASUR y la Organización de Estados Americanos (OEA) vía la Corte Interamericana de Derechos Humanos CIDH han hecho un enérgico rechazo a una ley que “permite la posibilidad de detener a las personas, de manera discrecional por consideraciones raciales, étnica, fenotipo, lenguaje y estatus migratorio”. La mayoría congresos nacionales de cada país en la región han hecho lo propio a lo que se ha sumado la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso del Peru que ha sacado la cara por 4 mil peruanos compatriotas que viven en Arizona.
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En esta hora crucial todos los ojos se vuelven hacia la Organización de Estados Americanos (OEA), foro a través del cual pueden movilizarse los países latinoamericanos en contra de la Ley Arizona.