Jesús Jiménez Laban
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Como todos recordarán en el año 1984, los senadores Javier Alva Orlandini y Javier Díaz Orihuela, ambos del partido Acción Popular, introdujeron el voto preferencial en el sistema electoral peruano.
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Quiere esto decir que el voto preferencial jugó un rol importante en los resultados de las elecciones generales de 1985. Sin entrar en complicaciones de gráficas estadísticas, vale recordar que esta modalidad electoral rompía con la vieja costumbre partidaria de designar a dedo a sus representantes al Congreso de la República.
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Quiere esto decir que el voto preferencial jugó un rol importante en los resultados de las elecciones generales de 1985. Sin entrar en complicaciones de gráficas estadísticas, vale recordar que esta modalidad electoral rompía con la vieja costumbre partidaria de designar a dedo a sus representantes al Congreso de la República.
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El voto preferencial, en cierto modo, volvía irrelevante que el candidato se ubicara para ganar una curul en los primeros cinco lugares de las listas porque el ciudadano podía dar la victoria a un candidato, sea cual fuere su ubicación en las referidas listas. Tras el mandato presidencial de Fernando Belaúnde Terry, el caudal electoral del Apra era apreciable, de manera que daba igual con voto preferencial o sin él.
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Dicho de otro modo, el voto preferencial aumentó las posibilidades de triunfo a cualquiera los integrantes de las listas parlamentarias, dejando en manos del electorado la decisión final, quedando así relegadas las cúpulas partidarias que designaban a sus preferidos sin elección democrática intrapartidaria.
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Pues bien, el voto preferencial deberá ahora eliminarse del sistema, por lo menos así lo establece el dictamen aprobado en la Comisión de Constitución que pasa para su debate al Pleno del Congreso de la República.
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¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Se han vuelto locos los legisladores que se deshacen de una valla para que las cúpulas vuelvan a imponerse o entronizarse sobre la voluntad soberana de los pueblos? No, nada de eso está pasando aquí porque las cúpulas de los partidos seguirán impedidos de actuar de espaldas al elector, por cuanto los pre-candidatos tendrán que pasar por elecciones democráticas internas, ahora con la supervisión y control de las autoridades electorales.
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Pero en un país en el que la ley, muchas veces, se acata, pero no se cumple, esto puede terminar en un saludo a la bandera. Por eso, la nueva ley busca que incluso uno o más ciudadanos –que no tienen nada que ver con una agrupación política- puede votar a favor de tal o cual candidato, lo cual hace definitivamente más legítimas las elecciones partidarias.
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De este modo, la ley está concebida para que “no pasen por agua caliente” los recomendados por las cúpulas partidarias, alcanzado así que los resultados de las elecciones sean el reflejo de la voluntad real de la Nación. Esto es Democracia que puede verse aun más fortalecida si prosperan los proyectos para la renovación por tercios de los congresistas y la revocatoria del mandato de los mismos ante diferentes circunstancias, lo cual supone sucesivas enmiendas constitucionales sumadas a los debates actuales para modificar el artículo 100 con miras a que el Ministerio Publico, con sus atribuciones constitucionales, pueda revisar las decisiones del Congreso en materia penal contra los parlamentarios y altos funcionarios públicos.
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Si esto se logra, entonces el Congreso estaría en condiciones de debatir la bicameralidad, la vuelta del sistema bicameral con la cámara joven de los diputados y la cámara serena de los senadores. Habrá que ver.
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