PENSIONES, UN TEMA DE VIDA O MUERTE.
Por Jesús Jiménez Labán(*)
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Quienes piensen que llegar a viejos es terminar liberados de obligaciones –porque los hijos están encaminados- se equivocan rotundamente. La vejez trae consigo enormes gastos en medicinas porque la salud se deteriora. Es el dinero o el ahorro lo que decide vivir más años y muchas veces la vejez dura largo tiempo.
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Quien esté dentro del sistema –es decir tiene acceso a servicios de la ONP o APFs- probablemente no tiene la preocupación de quienes –son millones de peruanos- está fuera del sistema, tales como amas de casa, trabajadores independientes o informales, las empleadas domésticas o trabajadoras del hogar, los lustrabotas.
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La realidad es cruda en el mundo pensionario. Pese al mandato de la Constitución del Perú (Art. 10) en el sentido que el “Estado reconoce el derecho universal y progresivo de toda persona a la seguridad social”, unos están dentro y otros quedan fuera del sistema. Esto se debe a que los gobiernos por sí solos no pueden financiar un sistema y a que las empresas privadas sustentadas en contribuciones individuales no pueden cubrir los derechos pensionarios de todos. Se necesita, aquí, -como dice el Banco Mundial- un sistema híbrido, una mezcla entre empresa privada y gobierno. Y para que no quede gente fuera, no hay que poner los huevos en una misma canasta.
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Adelantándose a otros países, el Congreso de Chile acaba de aprobar una partida anual de 2000 millones de dólares para otorgar pensiones a ancianos que ahora no las tienen. Esto quiere decir que desde este año unos 600 mil jubilados –que nunca aportaron a ningún sistema o no aportaron lo suficiente - recibirán cada uno este año una pensión de 125 dólares y 158 dólares el próximo, siendo la reforma social más importante del gobierno de Bachelet.
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Por supuesto, hay críticas. Dos de ellas tiene que ver con el financiamiento –¿cómo enfrentará Chile la enorme carga fiscal para pagar en el futuro cuando caigan los precios de los minerales?- y con los incentivos –¿puede seguir aportando un chileno sabiendo que recibirá una pensión estatal de todas formas?- pero, en todo caso, son críticas que serán respondidas por la realidad.
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Como se sabe, Chile inventó el sistema privado de pensiones en 1981 cuando era Presidente el dictador Augusto Pinochet. El modelo fue copiado por Argentina, Bolivia, Perú y Kazajstán y Letonia, inclusive Estados Unidos debatió propuestas para privatizar el “Social Security” que es como se le llama en el país del norte al sistema de seguridad social. Así, en Chile el trabajador que viene aportando desde 1981 tiene asegurada una pensión equivalente al 85% de su salario, mientras que entre los jubilados en los Estados Unidos es menos del 50%.
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La importancia de una combinación entre gobierno y empresa ha sido puesta en evidencia en Grecia donde el Congreso ha aprobado una enmienda para fusionar una decena de fondos de pensiones y para que los trabajadores no se jubilen a la edad temprana porque el sistema de pensiones ha colapsado y no hay dinero en caja. Sea como fuere, lo que acaba de pasar en Chile es un acto de justicia a los ancianos. Es gente que, en muchísimos casos, por décadas dio lo mejor de sus vidas en su trabajos y al final fueron burlados en sus derechos.
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Salvo el argumento financiero y el orden el sistema de pagos, nada impide que en otros países se haga los mismo porque no hay presupuesto familiar que aguante ante la enfermedad de un anciano, no hay organismo internacional que vete la medida y hay un ejército potencial de mendigos en pos de clínicas, hospicios y medicinas.
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El lado oscuro del problema es que tanto en el sistema público como en el privado, que administran las jubilaciones de empleados privados, funcionarios y servidores públicos, se incluye solo a quienes contribuyeron en ellos a lo largo de los años, dejando al margen a una buena porción de la fuerza laboral, incluyendo a los trabajadores de la economía informal.
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Mientras tanto, parece claro que pensar con buen juicio es mantener el trabajo, planificar el futuro, ahorrar lo suficiente para vivir sin problemas después de los 65 años de edad.
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Quienes piensen que llegar a viejos es terminar liberados de obligaciones –porque los hijos están encaminados- se equivocan rotundamente. La vejez trae consigo enormes gastos en medicinas porque la salud se deteriora. Es el dinero o el ahorro lo que decide vivir más años y muchas veces la vejez dura largo tiempo.
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Quien esté dentro del sistema –es decir tiene acceso a servicios de la ONP o APFs- probablemente no tiene la preocupación de quienes –son millones de peruanos- está fuera del sistema, tales como amas de casa, trabajadores independientes o informales, las empleadas domésticas o trabajadoras del hogar, los lustrabotas.
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La realidad es cruda en el mundo pensionario. Pese al mandato de la Constitución del Perú (Art. 10) en el sentido que el “Estado reconoce el derecho universal y progresivo de toda persona a la seguridad social”, unos están dentro y otros quedan fuera del sistema. Esto se debe a que los gobiernos por sí solos no pueden financiar un sistema y a que las empresas privadas sustentadas en contribuciones individuales no pueden cubrir los derechos pensionarios de todos. Se necesita, aquí, -como dice el Banco Mundial- un sistema híbrido, una mezcla entre empresa privada y gobierno. Y para que no quede gente fuera, no hay que poner los huevos en una misma canasta.
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Adelantándose a otros países, el Congreso de Chile acaba de aprobar una partida anual de 2000 millones de dólares para otorgar pensiones a ancianos que ahora no las tienen. Esto quiere decir que desde este año unos 600 mil jubilados –que nunca aportaron a ningún sistema o no aportaron lo suficiente - recibirán cada uno este año una pensión de 125 dólares y 158 dólares el próximo, siendo la reforma social más importante del gobierno de Bachelet.
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Por supuesto, hay críticas. Dos de ellas tiene que ver con el financiamiento –¿cómo enfrentará Chile la enorme carga fiscal para pagar en el futuro cuando caigan los precios de los minerales?- y con los incentivos –¿puede seguir aportando un chileno sabiendo que recibirá una pensión estatal de todas formas?- pero, en todo caso, son críticas que serán respondidas por la realidad.
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Como se sabe, Chile inventó el sistema privado de pensiones en 1981 cuando era Presidente el dictador Augusto Pinochet. El modelo fue copiado por Argentina, Bolivia, Perú y Kazajstán y Letonia, inclusive Estados Unidos debatió propuestas para privatizar el “Social Security” que es como se le llama en el país del norte al sistema de seguridad social. Así, en Chile el trabajador que viene aportando desde 1981 tiene asegurada una pensión equivalente al 85% de su salario, mientras que entre los jubilados en los Estados Unidos es menos del 50%.
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La importancia de una combinación entre gobierno y empresa ha sido puesta en evidencia en Grecia donde el Congreso ha aprobado una enmienda para fusionar una decena de fondos de pensiones y para que los trabajadores no se jubilen a la edad temprana porque el sistema de pensiones ha colapsado y no hay dinero en caja. Sea como fuere, lo que acaba de pasar en Chile es un acto de justicia a los ancianos. Es gente que, en muchísimos casos, por décadas dio lo mejor de sus vidas en su trabajos y al final fueron burlados en sus derechos.
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Salvo el argumento financiero y el orden el sistema de pagos, nada impide que en otros países se haga los mismo porque no hay presupuesto familiar que aguante ante la enfermedad de un anciano, no hay organismo internacional que vete la medida y hay un ejército potencial de mendigos en pos de clínicas, hospicios y medicinas.
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El lado oscuro del problema es que tanto en el sistema público como en el privado, que administran las jubilaciones de empleados privados, funcionarios y servidores públicos, se incluye solo a quienes contribuyeron en ellos a lo largo de los años, dejando al margen a una buena porción de la fuerza laboral, incluyendo a los trabajadores de la economía informal.
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Mientras tanto, parece claro que pensar con buen juicio es mantener el trabajo, planificar el futuro, ahorrar lo suficiente para vivir sin problemas después de los 65 años de edad.
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(*) Consultor en desarrollo estratégico y Presidente de CENTRUM LABAN
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