HONDURAS: ALERTA MAXIMA PARA LA DEMOCRACIA

ALERTA MAXIMA PARA LA DEMOCRACIA
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Jesus Jimenez Labán
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Por presiones militares, fue destituido Manuel Zelaya presidente constitucional de Honduras y en su lugar asumió el poder el líder del parlamento Roberto Micheletti, como mandatario provisional, un ex candidato perdedor de las elecciones. Como no podía ser de otro modo, la reacción internacional no se hizo esperar en defensa del estado de derecho, la institucionalidad y los valores democráticos.

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El virus del golpe de estado se anidó en una consulta popular que pretendió hacer el domingo 28 de Junio el depuesto mandatario izquierdista que, en esencia, buscaba conocer la opinión de los ciudadanos acerca de la posibilidad de reformar la constitución hacia una reelección presidencial, tema que la Suprema Corte declaró ilegal.
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El jefe de estado mayor se opuso a la convocatoria y fue destituido por el gobierno, luego de lo cual la Corte Suprema de Justicia acogió un amparo para la reposición del militar, algo que Zelaya niega porque –en su opinión- el general nunca fue destituido en el cargo. En su defensa, Zelaya dice además que sólo se quería saber –como lo haría cualquier encuesta de Gallup- si el pueblo aceptaba instalar una cuarta urna debido a que defendían esa posición unos 400 mil electores hondureños.
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La Constitución de Honduras prohíbe el referéndum en materia de presupuesto, derechos humanos, tratados internacionales, entre otros. Se optó entonces, según Zelaya, por la consulta en el marco de la ley de participación ciudadana, cuyos resultados debían ser presentados al Congreso de Honduras que tendría la última palabra.
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Después vino el golpe atribuido a una conspiración militar contra la democracia. La salida forzada de un presidente se produce en la madrugada de 28 de Junio de 2009 en medio de disparos, gritos y ráfagas con 400 efectivos encapuchados dentro y fuera de la casa de Manuel Zelaya. Preso, encañonado y amenazado de muerte, fue trasladado por la fuerza en la Base Aérea con destino a Costa Rica donde fue acogido por su colega Oscar Arias.
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Es la primera vez en la historia hondureña que se produce de esta forma el derrocamiento de un presidente constitucional por el Congreso sin tener éste atribuciones para ello –según los primeros reportes- que ha sido sucedido por Micheletti, quien en las elecciones de 2008 intento conseguir la norminacion del partido como candidato a la presidencia en las elecciones de 2009, pero fue derrotado.
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Hasta ahora -tras este panorama- hay varios ministros presos, los hijos del presidente se encuentran en alguna embajada y su señora en un lugar desconocido, en tanto que la canciller hondureña Patricia Rodas fue secuestrada por encapuchados sin respetar su inmunidad diplomática amparada en Carta de Viena.
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Los gobiernos de México, Nicaragua, Chile, Argentina, Perú y Ecuador han expresado su preocupación por estos hechos y se pronunciaron porque se permita el regreso del presidente Zelaya. El Presidente de Venezuela Hugo Chávez ha manifestado su disposición a tomar medidas concretas de intervención a lo que Zelaya se opuso. Otros, como Michelle Bachelet ha expresado, sin ocultamiento, su temor de que esto sea una vuelta a la doctrina de seguridad nacional.
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Ni la Organización de las Naciones Unidas (ONU), ni Estados Unidos, ni la Organización de Estados Americanos ni la Union Europea reconocen al nuevo presidente de Honduras. Lejos de ello se aferran a los principios de la Carta de la Organización de Estados Americanos y de la Carta Democrática Interamericana, haciendo una invocación a defender de manera incondicional la estabilidad democrática en ese país centroamericano.
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País con acentuada influencia de la extrema derecha, Honduras eligió a un presidente de centro-izquierda que dialogó con los campesinos y nativos, pero mantuvo buenas relaciones con el sector privado, según fuentes familiarizadas con la situación. Sin embargo, un grueso sector de la población hizo sentir su malestar por la gestión del mandatario depuesto ya que –según denuncias de ciudadanos hondureños- había elaborado cédulas de votación en Venezuela, no aprobaba el presupuesto, descuidaba la salud de la población en medio de una emergencia por la gripe porcina y dio más importancia al tema de la reelección. Otro sector, le atribuye responsabilidad porque –según su opinión- el presidente pretendió ponerse por encima de la ley constitucional, pese a las advertencias de la Iglesia y de los jueces.

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Zelaya tenía previsto dejar constitucionalmente el poder en Enero de 2010 debiendo convocar a elecciones para noviembre de este año. Hay quienes señalan que falta poco para esa fecha, pero instituciones valoradas y respetadas como el Centro Carter creen que en toda democracia se deben respetar las reglas de juego por lo que es urgente un restablecimiento del orden constitucional que implicaría el retorno de Zelaya al poder. De ser así –opinan otros- se expondría a un juicio político por el Congreso y a una opinión pública adversa que teme que el presidente tome el mismo camino de Hugo Chávez.
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Quedan aun preguntas flotantes en el tintero, aunque pueden incomodar a muchos. ¿Era legitima la consulta o una arbitrariedad del Presidente buscar la reelección? ¿Pretendía Zelada enrumbar al país al chavismo? ¿Puede decirse que violar la ley es parte de un proceso jurídico? ¿Fue inducida por el sector castrense la decisión del Congreso? ¿Cuál fue la motivación real de los jueces para acoger un amparo a favor de un militar? ¿Quién –si no existió mandato judicial- dio la orden y ejecutó el operativo de arresto, amenaza de muerte y expulsión del Presidente? ¿Cuál puede ser una solución dialogada para el retorno del mandatario depuesto? ¿Tiene apoyo popular este golpe de estado? ¿Cuál es la situación de la Corte Suprema de Honduras en medio de esta crisis?
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Aquí debe jugar un rol importante la Organización de las Naciones Unidas en el respeto de los plazos constitucionales, los derechos humanos y la seguridad del presidente, su familia y su gobierno. Mucho de ello dependerá de los rápidos esfuerzos de la Organización de Estados Americanos para promover una solución dialogada para asegurar la paz y la reconciliación del hermano país de Honduras.