CRISIS INDIGENA

¿LA SOLUCION FINAL?
Jesus Jimenez Laban
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Tras los trágicos hechos ocurridos en Bagua, Amazonía peruana, aquietar los ánimos de los nativos está en manos de la Iglesia y de una efectiva estrategia de comunicación interna y externa, tema que pasa por el ordenamiento legal de los cocaleros, taladores y mineros informales en la región amazónica, según varias opiniones.

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Queda claro que el origen del problema descansa en la consulta previa que reclaman los nativos antes de que una plataforma se instale en sus territorios o plantaciones para etanol se siembre sobre sus bosques. Los nativos consideran que las leyes amazónicas que sirven de soporte al Tratado de Libre Comercio Peru-Estados Unidos- colisionan con la Constitución por lo que sus dirigentes intentaron hacer una declaratoria de insurgencia.

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Luego vino el dialogo a nivel de Ejecutivo, el Congreso declaró inconstitucionales algunos decretos, pero en medio de divisiones entre las bancadas pateó finalmente el tablero. Fue entonces que se producen los enfrentamientos sangrientos entre policías y nativos. Ahora, el gobierno le ha dado la posta de la negociación a la Iglesia.
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Para muchos en esta crisis indígena, los operadores políticos olvidaron la eficacia de los mecanismos de conciliación. Las decenas de muertes –con luto y llanto con 24 policías y 9 nativos, según cifras oficiales y 30 manifestantes y 22 agentes, según la prensa extranjera-[1] no debieron producirse nunca si las autoridades no hubieran dejado escapar el control de sus manos.
El camino correcto no debió ser la violencia. La salida debió ser seguir el procedimiento de inconstitucionalidad, vale decir, reunir miles de firmas y elevarlas al Tribunal Constitucional. Vale decir, el camino por el que optó la Defensoría del Pueblo, que abandonó después y que ahora retoma.
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Ciertamente, preocupa que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) considere en relación con los enfrentamientos que “la criminalización de la legítima movilización y protesta social, sea a través de represión directa a los manifestantes, o a través de investigación y proceso criminal, es incompatible con una sociedad democrática donde las personas tienen el derecho de manifestar su opinión”. El gobierno mostro su sorpresa por la “ambigüedad desconcertante” del comunicado y precisa que Perú tiene una larga tradición de promoción y protección de los Derechos Humanos.
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El diálogo es inherente a toda democracia. De ahora en adelante, el diálogo es lo más urgente para evitar otros acontecimientos de violencia.[2] Hablar no cuesta nada. Es, más bien, un recurso estratégico. Lo hace Correa en Ecuador y Uribe en Colombia en sus encuentros cordiales con los aborígenes de las montañas para exponer las ventajas del desarrollo humano que representa una inversión en sus territorios. ¿Por qué no en Perú?
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Si vemos sin apasionamiento las cosas, los nativos –cuyos antepasados resistieron hace 500 años la invasión del Imperio de los Incas- quieren que se les pida permiso en el ingreso de inversiones mineras, petroleras y gasíferas y se les aclare el uso de los bosques para actividades agrícolas. Es la lucha por la vida, el agua y la tierra madre, aunque tal vez por cierta desinformación vieron amenazados su hábitat natural, su salud y su supervivencia.
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Alguien podría pensar que se quiso “hacer cholitos” a los nativos. Ya había un antecedente con la reserva del Cenepa que se creó para crear bosques intangibles, pero luego se concesionó en la mitad de su extensión para actividades mineras. Ahora se autoriza la venta a manos privadas de 45 millones de hectáreas de superficies boscosas para ser convertidas en áreas agrícolas donde sembrar la materia prima, del etanol, por ejemplo.
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Hace más de 100 años –según estudios antropológicos- se produjo una cruel explotación de los nativos por la fiebre del caucho en manos de colonizadores que amasaron fortunas con su extracción en un choque cultural que desembocó en torturas en la población indígena, lo cual tuvo también sus réplicas en Colombia y Brasil.
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Si bien se cuestiona diez decretos legislativos, aprobados a fines del año 2008 para implementar el acuerdo comercial con Estados Unidos, en realidad son tres decretos legislativos en los cuales “no fueron consultadas las comunidades indígenas”.[3]
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Uno –el polémico Decreto Ley 1090 - tiene que ver con las proyectos que afecten los territorios de los nativos sin que se contemple una consulta previa, libre e informada regulada por la Convención 169 –aun no reglamentada- de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Otro, más técnico, está vinculado al tratamiento de las tierras eriazas en la Amazonía, en tanto que el tercer decreto -1064- por el cual se aprobó el régimen jurídico para el aprovechamiento de las tierras de uso agrario, el que permite la ampliación de la frontera agrícola sobre bosques.
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Son estos decretos los que afectarían el derecho de propiedad sobre las tierras y territorios de los pueblos indígenas. [4] Es sobre estos decretos que se ha creado un intrincado problema legal. Es sobre ellos que debió haber toda la información disponible para prevenir hechos lamentables. Está visto que estos decretos fueron aprobados con apresuramiento, presumiblemente debido a las presiones del tiempo para la aprobación del Tratado de Libre Comercio entre Peru y Estados Unidos sobre lo no se informó lo suficiente, especialmente en aspectos vinculados a inversión local y extranjera con desarrollo humano en bien de los pueblos amazónicos y del país en general.
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La solución parece ser una salida intermedia. Se deja en suspenso los decretos y se hacen las enmiendas y se aprueban nuevas normas, teniendo en cuenta los pedidos de los “apus” –jefes de las comunidades- y reclamos de una población aproximada de 400.000 habitantes en 65 etnias y doce familias lingüísticas. Pese a todo, siguen en pie de lucha.
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Nadie se opone a la inversión extranjera, pero debió antes tenerse en cuenta que en la Amazonia conviven dos cosmovisiones, dos culturas, dos sociedades. Vale decir, la tradición y la modernidad.[5] Los recursos naturales son de todos los peruanos. Mal haría una comunidad nativa reclamar su exclusividad, de manera que por ahí no va el problema.
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A diferencia de la costa y la sierra donde la propiedad agraria es completa, en la selva se entrega títulos pero los usufructuarios no tiene dominio total de la propiedad, vale decir, son propietarios del suelo, pero no del subsuelo sobre el cual otorga el estado concesiones.
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Este es el marco jurídico que no debería politizarse. Es una tragedia tener un elevado saldo de muertos por este problema. Se oyeron voces de una conspiración internacional en marcha, policías desarmados y muertos por reservistas, fosas de nativos desmentidas por la Defensoría del Pueblo y persecución política convertida en asilo diplomático. Todo esto debe estar separado del contexto que origina el conflicto.
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No se puede debilitar las estructuras de un estado unitario. Quizás, no arrojan frutos aun los esfuerzos de regionalización, descentralización y desconcentración del estado, pero es importante mantener el sentido unitario del país en su tres ejes –gobiernos locales, regionales y gobierno central- porque el Perú debe evitar convertirse en una fragmentación de 24 presidentes o 24 mini-congresos. Aquí se debe imponer el estado de derecho –en el que todos, gobernantes y gobernados obedezcan al derecho- característica fundamental que debe encarnar toda democracia representativa y participativa en un país plurietnico, pluricultural y multilingüe.
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[1] BBC Mundo, Junio, 2009
[2] NACIONES UNIDAS, James Anaya, Relator Especial, 2009
[3] AMNISTIA INTERNACIONAL, documento, Junio 2009
[4] CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (CIDH), comunicado de prensa, No 35, 2009
[5] JUAN OSSIO, antropólogo, Canal N, Junio 2009