Jesús Jiménez Labán (*)El funcionario de una región puede usar el vehículo que le asigna el Estado para hacer mercado con su familia en el fin de semana. Probablemente sin darse cuenta, con tal hecho ha cometido un ilícito. Otro que desde de la oficina de una entidad pública hace de la vista de gorda para facilitar un acto administrativo reñido con la ley. Con preocupación todo el país ha visto que el lavado de activos bordea dos mil millones de dólares. Esto significa en buena cuenta que los negocios formales compiten con “empresas pantalla” que venden sus productos a precios por debajo del mercado para lavar dinero.
La agencia de calificación de valores Standard and Poor's afirma que hay una probabilidad de entre un 50% y un 100% de que los inversores pierdan todas sus inversiones en un plazo de cinco años en países con diversos grados de corrupción. Esto hace que la inversión a largo plazo -la que más beneficia a un país- sea peligrosa e improbable.
La corrupción está en todas partes. En la materia, el Perú ha sido uno de los primeros en el mundo en ser observado e investigado por la Organización de las Naciones Unidas. De ello derivó la firma por Perú de la Convención de las Naciones Unidas con la Corrupción. Es signatario también con la OEA de la Convención Interamericana contra la Corrupción, tiene acuerdos importantes en códigos de conducta profesionales, extradición y recuperación de activos en la lucha anticorrupción que promueve el Foro Asia Pacífico APEC. El Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos contempla exigencias en el medio ambiente y un plan anticorrupción en el sector forestal.
De manera que el Perú está sobre-diagnosticado y porque tiene un buen blindaje en derecho interno y derecho internacional. Pero se necesita urgentemente hacer cumplir esa normatividad, desarrollando una capacidad de reacción para encararla esta lacra que–siguiendo a las Naciones Unidas- detiene el desarrollo y crecimiento de un país.
El problema de la corrupción no es el acto en sí sino los elementos que originan el problema, en lo cuales se requiere un hercúleo esfuerzo a nivel de la Contraloría General de la República y el Ministerio público, partiendo de la prevención del delito en todos los niveles de la administración. La prensa puede ser una gran aliada en la medida que los hechos no queden en el escándalo, vale decir, tratar de averiguar la tipificación de delito –qué ocurrió- y quiénes están comprometidos en el ilícito penal.
David Eastman, una autoridad mundial en administración estatal, dice que es importante poder conocer cómo y por qué se produjo el delito. Lo primero ayuda a conocer la maraña en la que se mueve la corrupción y lo segundo, los estímulos que tuvo el burócrata para caer en el ilícito penal como bajo salario y ausencia de potestad sancionadora. A ello habría que agregar una contracultura perversa, algo así como “si todos roban y no pasa nada, yo también robo”.
La tarea pendiente es crear las condiciones para que no se repita los hechos. Y esto se logra con prevención, campo en el cual hay todavía una tarea pendiente.
Michael Reisman, profesor de leyes de la Universidad de Yale que también toca el tema de los incentivos y la impunidad, nos recuerda que el Estado siempre va a estar entre dos flancos. De un lado, siguiendo su teoría, las demandas de la población (los inputs) en reclamo de mejoras en su calidad de vida. De otro, los servicios que el Estado está obligado a dar (los outputs) tales como salud, educación, justicia, seguridad.
Por ello mismo, nos lo recuerda Franz Chevarria Montesinos -responsable de la Unidad Política de Anticorrupción ONA-Perú, se necesita “empoderar” al ciudadano, tener sentido ético en la administración publica, rotar a los funcionarios de los puestos clave y en la medida de los posible limitar el contacto personal entre funcionario y empresario privado porque en este circulo vicioso siempre habrá el que se deja corromper y el que corrompe. Para reducir el impacto de la corrupción, se ha dicho que es importante desarrollar mecanismos de transparencia a través de presupuesto por resultado –cuentas claras de lo que se hizo y por que se hizo-, los portales de transparencia –nada mejor para la vigilancia ciudadana que poner las cosas claras y con números- entre otras medidas que alejen al funcionario de la oscuridad o asimetría de la información y el ejercicio del monopolio del poder como maltrato al ciudadano.
(*) Presidente de la Asociación Civil Centrum Labán y Consultor en Desarrollo Estratégico
Fuentes:
REMEDIOS CONTRA LA CORRUPCION, Michael Reisman, Escuela de Leyes, Universidad de Yale, pag 67, 1981
DECLARACION DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA CORRUPCION Y EL SOBORNO EN LAS TRANSACCIONES COMERCIALES INTERNACIONALES, 1996
CONVENCION DE LAS NACIONES UNIDAD ANTICORRUPCION, Preámbulo, 2003
FRANZ CHEVARRIA MONTESINOS, Oficina Nacional Anticorrupción, 2008
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