JESUS JIMENEZ, presidente de CENTRUM LABAN, la nueva frontera en inversiones, negocios e información
Este es un momento delicado para la prensa. Hay muertos. La impresión es que los hechos ocurren y no hay resultados concretos en las investigaciones ni deslinde de responsabilidades y todo queda en la impunidad.
Sólo por citar dos casos recientes permítanme recodar el atentado contra el periodista Gerson Cuba en Radio Rumba de Junín, en el que resultó asesinada Gloria Limas Calle, esposa de Cuba.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) recuerda que "el 17 de octubre dos desconocidos armados ingresaron violentamente a la radio y asesinaron a Limas Calle, de 38, cuando intentó defender a su marido. Su hijo adolescente también se encontraba en la radio cuando ocurrió el atentado".
El caso más reciente es el asesinato del estudiante de periodismo y practicante en la revista Caretas, Fernando Raymond en circunstancias que no han sido esclarecidas en la ciudad de San Vicente de Cañete (8 de Noviembre de 2014).
Esto sin contar otros crímenes registrados en los últimos años desde la matanza de Uchuraccay.
Dialogando vía telefónica con Julio Arbizú, ex procurador de la República, lo que parece estar ocurriendo es que gente involucrando en corrupción se siente incómoda, teme, se desespera cuando un periodista husmea, investiga, toma como caso de estudio su entorno.
Como dijo Beatriz Patiño, conductora del programa en la FPP, los hechos vinculados los colegas Raymondi ocurrieron luego de investigar asuntos de corrupción y delincuencia., lo cual resulta grave.
¿Qué significaría esto? Que los hombres de prensa entran en problemas cuando ejercen el periodismo de investigación. Los que investigan terminan muertos.
Dentro de este contexto, lo que quedó claro en este diálogo de la Federación de Periodistas del Perú (FPP) la urgencia de garantías para los periodistas por el Ejecutivo, Legislativo, Poder Judicial, Ministerio Público y la misma policía.
Si los periodistas hubieran sido asesinados por decir la verdad en hechos de corrupción -cosa pendiente de investigación-, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) -recordando la Declaración de Pucallpa (asesinato de periodista Alberto Rivera) ha planteado nombrar un equipo especializado de periodistas de investigación para profundizar las denuncias periodísticas realizadas por los periodistas victimados.
¿Qué tan difícil es poder resolver un caso luego de apreciar los hechos, evaluar los fundamentos de hechos y de derechos, las pruebas, testimonios, peritajes y demás documentos probatorios? La pregunta que se hizo el panel es la misma de siempre.
¿Existe voluntad de conocer la verdad o hay un poder tan grande que lo impide todo? ¿O no es así?
Lo único concreto es lo evidente que resulta la impunidad que se traduce en crímenes sin sentencia, sin castigo ni sanción, lo cual es clamoroso y sobrecogedor en el Perú. Un caso emblemático de ello es el caso Uchuraccay que ya cumplió 32 años sin que se conozca resultados finales de las investigaciones.
En tiempos recientes varios países en América Latina han aprobado normas para garantizar el acceso a la información pública y promover la transparencia en los negocios públicos, pero no se cumple en la práctica.
Existen casos, como lo registra la historia de la prensa latinoamericana, casos en los que se ha enjuiciado al periodista para distraerlo de su función e inhabilitado para que no pueda ejercer su carrera. Se les recorta los derechos de propiedad a los dueños en el manejo de sus propias empresas o se les veta para que nunca más vuelvan a un medio de prensa por ser honestos consigo mismos en la lucha contra la corrupción.
Perú no es el único país donde hay crímenes y agresiones contra periodistas. Los hay en otras latitudes en el campo de batalla, en las denuncias de violación de derechos fundamentales y ahora en la denuncia de la corrupción que como la define las Naciones Unidas es "el abuso de poder para obtener ganancias privadas".
De manera pues que el tema es cuidado. La prensa llora a sus muertos. Reclama justicia y condena la impunidad y exige gremialmente que nunca prescriban los delitos vinculados al asesinato de periodistas, que como plantea la SIP se adopte "el principio de no prescripción de los crímenes contra quienes están ejerciendo el derecho a la libertad de expresión" lo cual impone una reacción enérgica del Congreso del Perú para modificar la ley penal.
¡¡Es justicia!!
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