EL EFECTO GARZÓN

GARZÓN
Jesus Jimenez Laban

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En un primer momento parecía increíble, pero luego resultó indudablemente cierto. El juez Baltasar Garzón, el abanderado de los derechos humanos, es procesado en las cortes españolas “por declararse competente para investigar las desapariciones de decenas de miles de personas durante la dictadura de Franco” (1939-1975), lo que ha causado su suspensión en funciones. El gobierno español de Zapatero ha preferido no hacer nada. Se trata de “una decisión del poder judicial y hay que respetar porque somos un estado derecho”, dijo.

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Las Cortes, por boca de Andrés Martinez Arrieta un juez en primera instancia, alegan que Garzón debió conocer que existe una ley de amnistía que impide la investigación de los excesos de Franco, realidad que estremece los cimientos jurídicos en todo el mundo por cuanto la gran conquista de los derechos humanos es vencer la impunidad, siguiendo el pensamiento moderno de eminentes juristas.
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Vale recordar que en Argentina y Chile también hubo leyes de amnistía. Sin embargo, no fueron impedimento para que el mismo juez cuestionado pidiera la extradición de Augusto Pinochet; y, de otro lado, para que los generales de la dictadura en Argentina fueran enjuiciados, procesados y condenados. Además, de no haber sido por el efecto Garzón, Chile jamás habría concedido la extradición de Alberto Fujimori y su condena en los tribunales peruanos. Vale recordar, con mucha anterioridad, Uruguay, país menos avanzado en derechos humanos procesó a Bordaberry.
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Como era de esperar, las organizaciones de derechos humanos apoyan a Garzón y esperaban una respuesta justa de la Suprema. Hay que recordar el reciente antecedente histórico para entender qué respuesta es ésta. Como se ha dicho, Garzón quiso investigar los excesos del franquismo. Un grupo de querellantes lo demandó ante la Corte por pretender ir más allá de sus competencias. El juez que acogió la demanda ayudó –según el acusado- a los supuestos agraviados en la redacción del escrito, circunstancia que le valió a Garzón para recusar al Juez por parcialidad ante el Tribunal Supremo, argumentando que el citado magistrado le quito la carga ideológica al expediente.
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Contra ello, el juez Martinez Arrieta, quien instruye la causa, se defendió diciendo que sólo garantizaba el debido proceso, una garantía constitucional respetada en el todo el mundo. Finalmente, las Cortes dieron la razón al juez y Garzón iría en camino ahora de la inhabilitación acusado de prevaricato en la causa por los crímenes durante la Guerra Civil Española (1936-1939).
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En lo que se han entendió como un desagravio, en medio de esta circunstancia difícil para el juez español, la Corte Penal Internacional invitó a Garzón como asesor externo. La Audiencia Nacional, el Poder Judicial español, decretó su suspensión como juez, cortándole el camino hacia la Corte. Curioso desenlace pues con un auto extraordinariamente célere del Poder Judicial español, Garzón queda atado de manos y pies para ejercer el cargo de juez.
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Hasta ahora, que se sepa, quienes cometen violación de derechos humanos son objeto de sanción no sólo por el derecho interno sino por la sociedad internacional en su conjunto. Esta decisión de procesar y ratificar el auto en instancias superiores deja un tufillo raro entre los juristas, un mal mensaje a la judicatura. De ahora en adelante, “alguien podría decir ¨sólo respeta el derecho interno y no le hagas caso al derecho internacional convencional, deja de lado el derecho consuetudinario”, comentan.
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¿Puede este caso ir a la Corte Constitucional? ¿Es competente el Tribunal Europeo para resolver? Habrá que ver.

GIRO HACIA LA DERECHA, PERO CON LA AYUDA DE LA IZQUIERDA

GIRO HACIA LA DERECHA
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Jesus Jimenez Laban

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Un terremoto político de gran intensidad acaba de ocurrir en Reino Unido, teniendo como epicentro el giro del electorado hacia la derecha. Como ayer ocurrió con la socialdemocracia, Downing Street, la sede oficial del Primer Ministro, abandona la tendencia de países de centro izquierda –Austria, Dinamarca y otros- para reencontrarse con sus pares de Europa en Alemania, España Italia y Francia.

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A juzgar por los resultados, las elecciones recientes en el país en Gran Bretaña no han tenido un mandato claro por el electorado. Como se sabe, se necesitaba 326 escaños para alcanzar la mayoría absoluta, pero los conservadores solo lograron 306 escaños, seguidos por los laboralistas con 258 y los liberal demócratas con 57. Por ello, en un momento hubo problemas para hacer el nuevo gobierno porque –tal como está expresada la voluntad popular en las urnas- nadie tiene número suficiente de escaños, produciéndose un “hung parliament”, situación en la que ninguna partido tiene mayoría en la Cámara de los Comunes, lo cual se complicaba por no existe en Reino Unido una Constitución escrita.
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Como nadie alcanzó la mayoría, sólo cabía un par dos cosas. De un lado, el partido con mayor votación, la agrupación conservadora de David Cameron, tender un puente hacia el Liberal demócrata de Nick Clegg para conseguir su apoyo. De otro, Gordon Brown, primer ministro actual, hacer lo mismo, con tal de conservar el poder de los laboralistas.
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Pese a la controversia de la legislación electoral por aprobarse, los liberales no le dieron la mano a Brown para seguir gobernando, lo mismo que las encuestas. El hecho cierto es que conservadores han terminado haciendo gobierno con los liberales, lo que en la práctica significaría una convivencia entre la izquierda y la derecha. La alianza entre conservadores y liberales lleva 17 ministros de Cameron y 5 para los segundos, además del cargo de vice primer ministro para Clegg.
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Gordon Brown cierra así un capitulo de 13 años de laboralismo. Brown pasó al premierato sin elecciones, algo que no le perdonan sus opositores, luego de la renuncia de Tony Blair, ahora convertido en asesor de sofisticados negocios extranjeros y propietarios de grandes extensiones inmobiliarias.
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Después de 70 años los ingleses no le ha querido dar al gobierno el poder total. Pese a la situación económica –desempleo, déficit fiscal y crisis financiera- su voto ha sido para que el nuevo premierato no se maneje solo sino con alianzas en temas particularmente delicados como el presupuesto la reforma política, la reforma del sistema bancario, libertades civiles y cuestiones medioambientales".
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Como se sabe, Gran Bretaña se rige por el sistema Westminster, que toma el nombre de la sede de gobierno británico, una forma de gobierno que defiende el bipartidismo en el que el líder de la oposición juega un poderoso papel como presidente del Shadow Cabinet, que significa gobierno en la sombra, cuyo componentes se caracterizan por oponerse a cada uno de las carteras (ministerios del Poder Ejecutivo) que son más de veinte, lo cual da estabilidad y equilibrio al sistema.

NUEVA GREEN CARD

TECNOLOGIA DE AVANZADA EN NUEVA “GREEN CARD” HARA CASI IMPOSIBLE FRAUDE DE INMIGRACION
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JESUS JIMENEZ LABAN
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Para incorporar nuevas medidas de seguridad, se ha anunciado el rediseño de la tarjeta de residencia permanente, más conocida como tarjeta verde “Green Card”, único documento de identidad que acredita ante las autoridades que el portador puede residir y trabajar en Estados Unidos. Como se sabe, la residencia permanente es el estatus migratorio previo a la naturalización.

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De este modo, la tarjeta vuelve a su color verde original, en circulación desde el martes 11 de Mayo de 2010, pese a que en los últimos años fue indistintamente en color claro, blanco, rojo, rosado. Fuentes oficiales calculan que cerca de ocho millones de inmigrantes legales tienen actualmente la posibilidad de naturalizarse estadounidenses.
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Por los elementos incorporados en su nuevo formato, se beneficiarán con una nueva tecnología de seguridad los encargados del orden público, los empleadores y los inmigrantes. El documento, que lleva una dirección impresa al reverso en caso de extravío para su devolución, incluye un sistema óptico con almacenamiento de información biométrica para la identificación rápida y segura del titular, así como imágenes holográficas, huellas dactilares grabadas por láser y micro imágenes de alta resolución, según Alejandro Mayorkas, director de USCIS en su exposición ante la Comisión de Justicia del Senado estadounidense .
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Todos estos elementos personalizados impedirán su alteración en caso de robo. Incluso, los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza podrán leer a distancia y revisarla por radiofrecuencia (RFID por sus sigla en ingles) para comparar inmediatamente los datos con la información archivada.
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Algunos creen que existe cierta similitud entre una tarjeta y un dólar . Los primeros diseños no son tan seguros como los actuales, pero la falsificación es un riesgo latente que requiere estar siempre con el ojo abierto. Aunque resulte increíble, en Estados Unidos, con todas las medidas de seguridad, existe un mercado negro donde se comercializa tarjetas falsificados por US$ 100.
Sin embargo, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) señala que las nuevas tarjetas de residencia disminuyen al mínimo las posibilidades de falsificar, manipular, facilitando la autenticidad en forma rápida y precisa. Agrega que con las características arriba mencionadas será prácticamente imposible la reproducción del documento o incurrir en fraude de documentos.
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Para evitar el pago de renovación de la tarjeta, unos US$ 370, hay quienes manifiestan que optarán –en similar importe- por aplicar la ciudadanía americana. Otros, que tienen “Green Card” sin fecha de vencimiento, podrán mantener la validez de su documento, pero se recomienda solicitar un nuevo modelo. Si el residente es permanente y decide solicitar reemplazo de su “Green Card” debe completar el formulario I- 90 y seguir las instrucciones que aparecen en www.uscis.gov/forms
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Las primeras informaciones de USCIS no hablan de un cambio inmediato obligatorio sino de una sustitución de las tarjetas verdes en circulación cuando las personas las renueven o soliciten su reemplazo, es decir, esperar la fecha de vencimiento para solicitar una renovación o reemplazo del documento en el caso de que haya sido extraviado, robado o dañado.
Según fuentes familiarizadas con la situación, “las nuevas tarjetas de residencia solo se emiten por 10 años en el caso de las personas que tienen la residencia permanente y por dos años para aquellos que obtienen la residencia condicional.

ARIZONA: LOS QUE SE VIENE

ARIZONA SB 1070

Jesus Jimenez Laban
A juzgar por los testimonios visuales de latinos, la gente no está asustada ni angustiada. Está evidentemente aterrorizada cuando empieza la cuenta regresiva para la puesta en vigencia de la ley SB 1070 el próximo mes de Julio que criminaliza a los migrantes indocumentados en el estado de Arizona. Muchos entran en shock, se desesperan por sus seres queridos y prefieren no salir a las calles para no encontrarse con policías, según los mismos testimonios. Y es que con la nueva ley, la policía puede exigir documentos de residencia a cualquier persona que le parezca sospechosa. De no poder probar su residencia legal, está sujeta a prisión de seis meses y una multa de 2.500 dólares. De ahí que la salida para muchos será la migración pronta a otros estados, pero para otros el camino es el atrincheramiento, lo que quiere decir, se quedarán en Arizona pase lo que pase.
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Esto se explica, en cierto modo, por las sucesivas marchas y contramarchas en los diseños de la ley sin que nadie se ponga de acuerdo. Hay muchos proyectos y pocos resultados. Por ejemplo, de la propuesta conjunta de dos senadores –un republicano y un demócrata- se ha pasado a un proyecto que lideran ahora los demócratas. De la negativa total se ha pasado a la posibilidad de que la reforma se toque este año, por lo menos que figure en la agenda parlamentaria. Pero pesa más el tema electoral que la decisión de tomar al toro por las astas. La propuesta de los demócratas es una convergencia de ideas del proyecto anterior. Es lo mismo, en otras palabras, control fronterizo, seguridad laboral, penalidad por estancia ilegal, idioma, impuestos, retorno al país de origen y esperar el llamado para el retorno.
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Las cosas están más o menos así, pero esto no es suficiente, porque cada día que pasa la familia latina está cada vez más desunida o desintegrada. Los republicanos aceptan renuentemente tocar el tema y lo demócratas se muestran más flexibles porque hay votos latinos de por medio, pero se necesita voluntad real de aprobar el asunto. En las calles se han visto manifestaciones públicas de protesta, movilizaciones que ha encontrado eco latino en otros estados, un mensaje de urgencia que ha recibido el Capitolio para la aprobación de la reforma migratoria. Sin embargo, Arizona será un gran campo de batalla por una lluvia de juicios locales, nacionales e internacionales que se ve venir en camino.
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Es un grave error resolver el problema migratorio con una solución individual para cada estado –como se ha hecho en Arizona- cuando es un tema de alcance nacional. Es decir, un estado se ha adelantado a lo que debe hacer el gobierno federal. Así, el remedio ha resultado peor que la enfermedad. Por eso esta norma ha sido denunciada ante la Corte Suprema de EEUU por el propio presidente Barack Obama. La preocupación también está –siguiendo a Janet Napolitano, secretaria de seguridad interna- en el tiempo y los recursos que demandará esta ley en la detención de indocumentados.
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Una estrategia sería que el gobierno federal por medio del Departamento de Justicia entre al litigio para detener la ley SB 1070 antes de que entre en vigor. El secretario de Justicia Eric Holder ha advertido que podría darse la circunstancia de “algunas personas sean interrogadas por su aspecto y no por algo que hayan hecho. En opinión de varios juristas se violentan de este modo leyes constitucionales, como la Cuarta Enmienda, que protege contra investigaciones irrazonables, y las Decimo Cuarta que garantiza la equidad ante la ley.
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Mientras el fiscal general estudia el asunto, diversos abogados analizan si la Corte Federal puede frenar la ley desde un comienzo por ser inconstitucional, aunque en la práctica una demanda de este tipo duraría tres años, lo cual hace difícil que el juez haga algo contra la ley que entra en vigencia en Julio de este año.
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Siendo así, debido a que el tiempo pasa sin solución para los inmigrantes ilegales, el camino queda despejado para la acción judicial a fin de bloquear la efectividad de esta ley en los tribunales por mandato de los mismos jueces. La solución definitiva parece ser supranacional desde cuando los gobernantes de las naciones sudamericanas UNASUR y la Organización de Estados Americanos (OEA) vía la Corte Interamericana de Derechos Humanos CIDH han hecho un enérgico rechazo a una ley que “permite la posibilidad de detener a las personas, de manera discrecional por consideraciones raciales, étnica, fenotipo, lenguaje y estatus migratorio”. La mayoría congresos nacionales de cada país en la región han hecho lo propio a lo que se ha sumado la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso del Peru que ha sacado la cara por 4 mil peruanos compatriotas que viven en Arizona.
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En esta hora crucial todos los ojos se vuelven hacia la Organización de Estados Americanos (OEA), foro a través del cual pueden movilizarse los países latinoamericanos en contra de la Ley Arizona.