JESUS JIMENEZ LABAN
El primero de octubre de 1980 el Colegio de periodistas hizo realidad el sueño de muchos colegas. Era la gran esperanza –tal como lo vi en Palacio cuando se promulgó su Ley 23221- y la fuente de inspiración deontológica de la profesión.
Me acuerdo que la ética era el punto fuerte de la campaña de los primeros candidatos al Decanato en la historia de la Orden, junto con aquello de que la colegiación era indispensable para el ejercicio de la profesión, cosa que fue reiterada en su reglamento del 30 de septiembre de 1981. Y, por supuesto, la esperanza de la profesionalización, del sueldo decente y de un ente que uniera e integrara a los profesionales de la pluma y del micrófono.
En realidad, la profesionalización fue un hito importante en la vida de todos nosotros. Por aquel entonces, ya con los estatutos aprobados en 1982, había poquísimos periodistas con estudios y título profesional otorgado por una universidad, de manera que muchos con ocho (8) años de experiencia lograron colegiarse y otros con tres (3) años de ejercicio con otro título profesional pudieron también hacerlo. Otro paso importante fue el de los tres sueldos mínimos y dos días de descanso como logro laboral en el periodismo.
El Colegio de Periodistas, institución autónoma con jerarquía constitucional en su artículo 20 de la Carta Política, ha tenido épocas de gloria –como lo pueden acreditar el liderazgo y la gestión de los primeros Decanos; épocas de profundo dolor –con la masacre de Uchuraccay hasta ahora no esclarecida- y épocas de decadencia –escándalo tras escándalo- por apetitos de poder, vale decir, pretender tener todo el poder en un sólo puño de espaldas a la visión, misión, metas y objetivos del gremio.
En realidad, el Colegio -más allá de su jurisdicción limeña o nacional- es para mí un solo sentimiento: EL COLEGIO DE PERIODISTAS, la orden sagrada que nos debiera honrar, defender, unir a la sombra de sus fundadores, de nuestros colegas muertos que estuvieron siempre al pie del cañón en defensa de la Libertad de Expresión y SIEMPRE UNIDOS.
Sin embargo, por razones que escapan a estas reflexiones, con la llegada de la dictadura de los años 90, la fuerza, la energía y el valor del gremio ya no fueron los mismos. Vino una etapa de desmoronamiento legal de la orden que empezó con la supresión del financiamiento -1 por ciento de ingresos publicitarios-, el recorte de los derechos laborales y la división, flecha con veneno que contaminó en poco tiempo todo el tejido jurídico del periodismo y con ello el surgimiento del sensacionalismo y amarillismo en malas manos. La estocada final vino cuando una ley de los años noventa debilitó, en la práctica, el artículo segundo de la ley 23221 que establecía que la colegiación es “requisito indispensable para el ejercicio de la profesión periodística.
Debilitado y casi agónico –debido a la fallida administración y gestión de dirigencias- el Colegio estuvo al borde del ocaso, circunstancia en la que aparecieron de manera sucesiva el Consejo de la Prensa Peruana e YPYS - Instituto de Prensa y Sociedad, instituciones respetables, pero que no han llenado – ni creo que sea o haya sido su pretensión- el vacío dejado por el Colegio, salvo mejor parecer. Las cosas se complicaron en medio de un debate doctrinario en torno al campo de acción en el ejercicio de la libertad de expresión. Surgieron dos corrientes. Los que defendían la libertad de expresión como facultad exclusiva de los periodistas colegiados y aquellos que sentían podían ejercerla como un derecho humano universal. Al medio, hubo periodistas –como ahora- que se negaban a colegiarse y –como apuntan juristas- no hay manera de coaccionarlos.
Se dijo con razón que este derecho humano podía ser ejercido por todos a la luz de la ley, el derecho y la doctrina jurídica, siguiendo los alcances de la Constitución de 1979 vigente en ese entonces. Por la misma razón, la Defensoría del Pueblo emitió una resolución al amparo de dicho mandato constitucional de 1979 que ha sido ratificado en su artículo 2, Inc, 4 de la vigente Constitución Política de 1993. Del mismo temperamento, tras interpretar el texto constitucional mucho después, lo fue el Tribunal Constitucional.
Quedaba claro que había que colegiarse para ejercer la profesión, pero también quedaba intacto lo dispuesto por el inciso 4 del artículo segundo de la Constitución, vale decir, el derecho que tiene toda persona “a las libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento…” Aclaradas las cosas, incluso a los ojos de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) -muy celosa y prevenida en el tema-, las aguas volvieron a su nivel, porque –siguiendo a los juristas- se entendió que en el Peru se respeta los derechos constitucionales de cualquiera, periodista o no, para expresarse libremente en los medios de comunicación social. Con la llegada de internet, el periodismo ciudadano que compite con el tradicional se inscribe en estos derechos, aun en las redes sociales y en el bloguerismo.
Pero la dispersión de los colegas había comenzado porque desapareció la fuerza –en cierto modo coercitiva- de la ley para el ejercicio del periodismo por parte de periodistas profesionales tanto en entidades públicas como privadas. Dicho de otro modo, la colegiación de periodistas no es siempre obligatoria para el ejercicio profesional como pasa con los abogados y los médicos.
El gran tema ahora es que se necesita de un poder fuerte para representar, unir y proteger al gremio, es decir, un liderazgo que se sustente en la ética, alejado de la influencia de cualquier poder ajeno a la prensa y en la UNION y la SOLIDARIDAD gremiales. Y cuando hablo de unión y solidaridad me refiero al Colegio de Periodistas, la Asociación Nacional de Periodistas (ANP) y la Federación de Periodistas del Perú (FPP). El Colegio en su relevante misión ética, en tanto que las otras instituciones al servicio de los fines de defensa gremial como lo plantea la institucionalidad democrática en el Perú. Bien puede el ambiente de armonía y de amistad que se vive en el Club de Periodistas, un excelente club de amigos, ser un buen punto de partida para confraternizar entre colegas, pero NUNCA DIVIDIDOS.
Por eso, los candidatos que se presentan en estas elecciones deben ser transparentes –no tengo por qué dudar de alguno- alejados de cualquier influencia del poder y, por supuesto, de la tentación de llegar a la dirigencia para asegurar un puesto público y privado, hipótesis negada para esta consulta de periodistas. Creo firmemente que en la unidad y la solidaridad está el Poder de la Prensa que las exigen para ejercer un periodismo en la búsqueda de la verdad, en la profundización de la investigación como respuesta a la corrupción y la libertad con responsabilidad para no demonizar a nadie antes de conocer toda la verdad o la resolución judicial. Es la memoria sagrada de los colegas que ya no están con nosotros, que las reclaman: UNION Y SOLIDARIDAD. Así sea.
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