Elecciones 2010

DESANUDANDO EL CONFLICTO

JESUS JIMENEZ LABAN

La confianza popular en los resultados de una elección se logra en la medida en que el conteo es rápido, eficiente el recurso humano y sin contratiempos de observaciones, impugnaciones o dudas. Lamentablemente, éstas crecen a los ojos de miles de electores debido a la lentitud de las autoridades en resolver las observaciones en más de 8 mil actas de sufragio.

Esto significaría, en buena cuenta, que por negligencia, descuido u omisión el elector no llegó a firmar el acta o poner su huella digital o los miembros de mesa no hicieron bien la suma aritmética al momento de hacer el conteo de las cedulas, vaciar esos resultados en los borradores y pasarlos en limpio en las actas finales. O los coordinadores de mesas de sufragio no cumplieron con su papel por falta de una capacitación adecuada.

En realidad, no son las cédulas de sufragio sino las actas las que los miembros de mesa envían a las autoridades electorales, material cuidadosamente lacrado. Sumado al problema de las observaciones, se presentaría ahora el problema de pérdida de actas, según los medios de prensa. Si este fuera el caso, a mi modo de ver no hay forma de que se pierdan los resultados, porque de acuerdo a ley deben quedar copias de esas actas por lo que es, prácticamente imposible que se pierdan todas.

En efecto, la ONPE reconoce y denuncia la pérdida formal de 166 actas por lo que se ha iniciado la búsqueda, pero el procedimiento legal permite utilizar las copias del acta del Jurado Electoral Especial (ODPE). De otro lado, cuando la prensa denuncia la pérdida de 503 actas, se trata –según la ONPE, “de una demora de los coordinadores de mesa que en lugar de enviar los sobres plomos con las actas a la ODPE, fueron hacia el local central en otro camión”.

Entonces, ¿de qué estamos hablando para no confundirnos más? De un hecho concreto, la existencia de más de 8 mil actas observadas (con más precisión Magdalena Chu, Jefe de ONPE habla de 8384 sólo en Lima), cuya demora en resolverse complica el panorama y genera confusión e incertidumbre en el elector. Dicho sea de paso, levantar estar observaciones no está en manos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) sino de los Jurados Electorales Especiales, todos elegidos por las Salas Plenas de las Cortes Superiores.

De acuerdo a la legislación actual, son estos Jurados los llamados a analizar estas actas observadas y pronunciarse por su validez. La ONPE no podría dar los resultados finales si antes estos Jurados Electorales Especiales no resuelven la situación de cada una de estas actas.

Sin embargo, el nudo que se ha creado en el proceso genera a la vez dudas en la conciencia del elector, más aun desde una denuncia mediática en el sentido que los miembros de la ONPE, facultada para contar y proclamar a los candidatos, han sido nombrados por gente vinculada al partido de gobierno. Surge entonces, el rumor del fraude, presumiblemente por el hecho de que las observaciones no han partido de los personeros (facultados para impugnaciones) sino de la propia ONPE. Por ello, Magdalena Chu, jefe de la ONPE, insiste en que el proceso fue limpio, legal y transparente, aunque reconoce lentitud y falta de comunicación con los medios e insuficiente preparación de su personal.

En una atmosfera de suspicacias empañaron el panorama ver a una candidata ingresar a la ONPE y otra bailar en su propio partido sin saber los resultados finales y mostrar inquietudes y preocupaciones ante la Organización de Estados Americanos (OEA) y ver a candidatos de otros partidos con actas bajo el brazo en auxilio de una candidata. Para despejar las dudas no habrá otra vía que la transparencia absoluta en el sufragio, gane quien gane. Se requiere mostrar a los ojos de los electores las actas escaneadas, colgadas en la red, el motivo de la observación y el modo como se resuelve y por qué.

Así parece haber entendido el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que acredita a los candidatos, lo cual es un avance en la pulcritud del proceso, aunque está por ver si esto será suficiente. Por boca de Hugo Sivina, Presidente del JNE, que señala existen 9349 actas observadas en Lima y Callao), se permitirá a las partes involucradas en el conflicto ver de cerca la justificación de cada acto de la autoridad electoral. En realidad, por el momento, habrá a los ojos de la prensa y candidatos interesados dos pantallas para proyectar las actas observadas y la forma cómo son procesadas.

No es un buen precedente que en el interior del país hubiera grupos de revoltosos que intentaron evitar que las actas electorales llegaran a su destino para alterar los resultados, tomando mesas de sufragio o locales de los Jurados Electorales Especiales, lo cual es un delito. Ha habido también problemas de traslados de actas desde los puntos más alejados del Perú, algo que hizo pensar en el voto electrónico como alternativa, pero esto es un largo proceso. Vale recordar que la pulcritud, transparencia e imparcialidad de las elecciones generales del 2011 depende en gran parte de lo que se haga o deje de hacer en este accidentado y complicado proceso municipal, regional y de referéndum.