¡CUIDADO! ¿MORDAZA ELECTRONICA?

¡De valientes es aceptar los errores y rectificarse!

JESUS JIMENEZ LABAN

Cuando la mayoría de ciudadanos sacamos pecho por el triunfo de un peruano en el exterior. el laureado escritor Mario Vargas Llosa por su merecida premiación como Nobel de Literatura; mientras los agentes económicos miran de cerca las conversaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) y los trabajadores registran con espanto las cifras de desempleo en Estados Unidos con consecuencias imprevisibles para el resto del mundo; mientras el mundo protesta con el encarcelamiento del nuevo premio Nobel de la Paz y cuando todos estamos pendientes de las pantallas por los conteos electorales, aquí en el Perú se introducen al debate legislativo tres peligrosos, o inquietantes o extraños proyectos de ley.

De un lado, el proyecto que crea el voto electrónico. A los ojos de los expertos, se quiere hacer creer que es un hecho como si la tecnología –que sí es viable y posible en países mucho más avanzados en telecomunicaciones e infraestructura- pudiera de la noche a la mañana implementarse en todo el sistema electoral que exige para ello un estándar internacional de seguridad. De otro lado, figura el proyecto que legaliza el uso de teléfonos móviles –que se cuentan en 29 millones en todo el país- como nuevos medios de pago después de las monedas, los billetes, los cheques y otros. Se quiere que los teléfonos tengan una función parecida a las tarjetas de crédito, o sea, portadores de dinero electrónico para hacer transacciones comerciales en el mercado.

Sin embargo, una iniciativa de esta clase que aumentaría la bancarización –mucha gente que aún no lo ha hecho, se incorporaría a la banca- pero esto -que parece bueno- se encuentra con una alta barrera porque –según varias opiniones de los propios legisladores- facilitaría el lavado de dinero ya que desaparecería el control ITF, por lo cual es muy probable que el proyecto permanezca en comisiones en pos de un mayor y profundo análisis. El Ministerio de Economía (MEF) y la Superintendencia de Banca (SBS) descartan una irregularidad, pero hay antecedentes de ello en Filipinas y en Kenia, según los expertos.

En medio de estos dos proyectos –harto discutibles o debatibles en la Comisión de Economía del Congreso- hay un tercero –iniciativa PCM (Proyecto de Ley 4345/2010-PE)- que tiene que ver con el control de internet, intranet, extranet y de las redes sociales, es decir, los nuevos medios de comunicación social.

Aunque el argumento legal es facultar al empleador a que en su reglamento regule el uso de estos medios en un centro laboral para prevenir conflictos de trabajo, vale recordar que las redes sociales son medios de comunicación y, por tanto, canales modernos de prensa, de información y de ejercicio de la libertad de expresión. Claro, son un nuevo poder y atemoriza en cierto modo –según el cristal con que mire- que estas redes estén en manos de 27 millones de personas que tienen teléfonos móviles con los que están en su mayoría conectadas.

Normar el uso de los medios informáticos es como si alguien intentara restringir el derecho a la sindicalización, digitar los medios –prensa, radio TV- indicando lo que hay o no que leer, escuchar y ver. La expresión, el acceso, consumo y difusión de la información son derechos constitucionales inalienables. Si algún genio pretendiera cerrar, limitar, restringir estos canales, colisionaría frontalmente con la Constitución Política del Peru, tratados y convenios internacionales. Las peores leyes nacen con argumentos aparentemente lógicos.

Vale recordar, que estas redes son parte de la era digital, independientemente de si su esfera de acción es pública o privada. Se trata de la tecnología más emblemática de la era de internet tan trascendente como el arado en la edad de piedra y la cadena de montaje en la revolución industrial, según varias opiniones.

Por supuesto, una libertad de prensa, entendida como la facultad de crear un medio de comunicación (eso es lo que, precisamente, se hace cuando se abre una cuenta en Facebook, Twitter, You Tube, WordPress, Blogger etc.; libertad de información, la facultad de difundir noticias y la libertad de expresión, la facultad de difundirlas y comentarlas. Es tan sagrado el principio de la libertad de expresión que no existe delito de opinión en los países civilizados y democráticos, concepto que tiene como blindaje la ley, la doctrina y la jurisprudencia.

¡Cuidado! Ningún cuerpo técnico legislativo –por muy capacitado, entrenado o formado que fuere- puede ir en contra de estos principios universales, salvo una intentona de sorprender al buen legislador o maltratar a los comunicadores –que no son sólo ahora los periodistas convencionales sino también los periodistas ciudadanos virtuales-, según fuentes familiarizadas. Me resisto a creer que existan evidencias que permitan afirmar que algunos quieren apuntar a una ley mordaza como la que ejecuta el gobierno de Evo Morales –donde los periodistas están en la picota- o en Argentina, Venezuela o Brasil donde los gobernantes no se llevan bien –dentro de la ley- con los comunicadores.

Hay pleitos judiciales en el mundo donde incluso se ponen en conflicto la libertad de expresión vs. el derecho a la intimidad. Y parece que la tendencia es favorable a la primera. Este no es un país totalitario sino demócrata y por ello mismo tolerante. Peru no es Cuba ni Bolivia ni mucho menos China donde se mete presa a la gente por levantar la voz en defensa de la democracia, de la libertad de expresión, el respeto de los derechos humanos y el imperio de la ley. ¡De valientes es aceptar los errores y rectificarse!