Arrecian críticas

CATARATA DE PROTESTAS POR DECRETOS SOBRE DERECHOS HUMANOS

JESUS JIMENEZ LABAN

Gran consternación ha causado la promulgación de cuatro decretos legislativos –emitidos el 1 de septiembre por el Ejecutivo- que favorecería a violadores de derechos humanos, según varias opiniones de organismos de derechos humanos de los cuales ha hecho eco la prensa local y extranjera.

En uso de las facultades que el Congreso le otorgó al Ejecutivo, los citados decretos legislativos son cuestionados porque sorprendentemente considera delitos de lesa humanidad –asesinatos, desapariciones, torturas- sólo a los que se registran después de noviembre de 2003 y no se considera como tales a los perpetrados durante las décadas del 80 y 90, tiempo de guerra interna entre las fuerzas armadas y los subversivos. El problema se complica aún más cuando uno de los cuatro decretos establece el archivamiento definitivo (sobreseimiento) si en un periodo de 36 meses, desde que se inicia la etapa de instrucción, no se dicta sentencia.

Haciendo eco de esto, Human Rights Watch cree que la medida equivale a un marco jurídico por una amnistía generalizada. Poco antes, Amnistía Internacional pidió al gobierno la modificatoria de los decretos, argumentando varios tratados internacionales suscritos por Peru que lo obligan a investigar y juzgar violaciones graves de derechos humanos. La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) expresó al Presidente Alan Garcia su consternación por los decretos puesto que en su opinión “pondrá fin en términos efectivos a muchas investigaciones y juicios relacionados a casos de derechos humanos actualmente en marcha”.

En respuesta, el ministro Rafael Rey defiende el principio de la irretroactividad de la ley, recordando además que el estado suscribió la Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Crímenes de Lesa Humanidad en 2003, instrumento que entró en vigencia en noviembre de ese año.

Por su parte, la Conferencia Episcopal Peruana invoca en un comunicado que las normas dadas no se traduzcan en “actos que lleven a la impunidad” del riesgo que podrían derivarse de estos decretos. A diferencia de los delitos comunes, los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles. La Defensoría del Pueblo cree que estos delitos son imprescriptibles sin importar la fecha en que se cometieron por lo que ineludiblemente deben ser investigados y juzgados.

En tanto, la Fiscalía de la Nación, por boca del doctor Pablo Sánchez, ha reconocido que el decreto 1097 “afecta normas constitucionales e internacionales”. Es lo mismo que afirma el Relator Especial de la ONU, Martin Scheinin. Es más, el Centro de Estudios Legales y Sociales de Argentina, que cuestiona también los decretos, considera que los mismos suponen “un claro retroceso en la lucha contra la impunidad en la región, en la cual el histórico juicio al ex presidente Alberto Fujimori constituyó un hito fundamental”.

En tanto, 37 congresistas de las bancadas opositoras del Partido Nacionalista, Unión por el Peru, Alianza Democrática y Bloque Democrático han recurrido al Tribunal Constitucional en pos de una declaratoria de inconstitucionalidad del decreto 1097. Otras organizaciones de derechos humanos tratan de demostrar la incompatibilidad de estas disposiciones con el Derecho Internacional y con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y la Corte Suprema dictada en el caso Fujimori. Aunque su hija Keiko Fujimori lo niega, Carlos Rivera, del Instituto de Defensa Legal, cree que el objetivo de estas normas es liberar al ex presidente Fujimori, condenado a 25 años de cárcel por violaciones a los derechos humanos.

Esta semana, el presidente Alan García negó el miércoles que sus decretos puedan beneficiar a acusados de crímenes de lesa humanidad. El Ministro de Justicia Victor Garcia Toma dice que el decreto legislativo 1097 estará sujeto al control político del parlamento y a la interpretación del Poder Judicial, pero adelanta que es inaplicable a los casos Frontón y Barrios Altos.

Sin embargo, a pocos días de la publicación de los decretos, 21 militares del Grupo Colina, procesado por matanzas durante el régimen fujimorista (1990-2000), buscaban acogerse a esas normas para que se archiven sus juicios al haberse vencido los plazos para ser juzgados. Habrá que ver.