Seguridad ciudadana

CUANDO MANDAN LAS LEYES Y NO LOS HOMBRES

JESUS JIMENEZ LABAN

Decíamos que un elemento esencial de la democracia es, pues, la garantía de la seguridad de la Nación. Y que si los delitos quedan impunes, los delincuentes seguirán operando a sus anchas en la creencia que no existen mecanismos de autodefensa en protección del ciudadano. Recordábamos el vacío legal que existe en la norma, especialmente el referido a la Concurrencia Real que en la práctica se convierte en impunidad legal y destacábamos la importancia de rescatar la institucionalidad policial como insignia de combate contra el crimen.

La solución en gran parte tiene que ver con un liderazgo que no hable de las medidas a tomar sino de una estrategia que apele a la emoción y lo único que vale para esto son resultados concretos –la disminución de la ola criminal- y no los discursos. El líder no es el que se pone al frente, ni el que impone ni el que grita. Es el que arrastra a otros a que lo sigan no a él sino la visión y la misión de la institución.

La seguridad de la nación no es tener solamente en cuenta criterios castrenses. Tiene que ver, fundamentalmente, con aspectos políticos, económicos y sociales. Vale recordar que el orden público es el respeto de las leyes en una sociedad. En un estado de derecho no mandan los hombres, mandan las leyes. Son los hombres –quienes investidos de autoridad- las hacen cumplir a través de la coercibilidad de las Fuerzas Armadas, elemento natural del derecho. Subvertir el orden público es crear condiciones para el desorden y la anarquía.

Pero, como todo en la vida, alcanzar las metas y objetivos supone estrategias y tácticas. Quisiera creer que todo lo que aparece en los medios es simplemente por estrategia porque da la impresión que con los anuncios de seguridad se podría estar alertando a los delincuentes en lugar de caerles de sorpresa. Quisiera pensar que sólo están hablando de la estrategia y se reservan la táctica por razones de seguridad del Estado que somos todos.

Los genios han hablado de varios temas de cuidado que deben ser revisados y que van desde cadena de mando, abandono de seguridad de autoridades para resguardar calles, el presupuesto, patrullajes, perdida de gasolina en grifos, sueldos, días de franco, pasando por salida de especialistas a las calles, incorporación de empresa privadas de seguridad, apoyo del ejército hasta incomunicación entre unidades de Lima y provincias.

De todos ellos, salvo mejor parecer, preocupan el de incomunicación de la policía entre Lima y provincias, al igual que entre unidades, según dio cuenta hace unos días un programa de televisión. Vistas así las cosas, podrían ser -un penalista, un ingeniero, un desarrollador de software o abogado en derecho informático-, los arquitectos de la solución tecnológica contra la extorsión desde los cárceles, el secuestro de personas, asaltos a mano armada, marcas en cajeros y bancos.

Como se sabe, existen tecnologías modernas que pueden usarse en la lucha contra el crimen tales como el GPS para identificar a las víctimas, hacer seguimiento y captura de los malhechores o prevenir delitos. También es prioritaria la electronización de servicios de policía via desarrollo de software de soluciones previa capacitación de personal, apurar el registro de celulares en las telefónicas (hay miles de teléfonos robados) y como medida extrema los injertos de chips en los tejidos de las personas para evitar secuestros…etc.

Creo que el Congreso ha avanzado por su parte en esta lucha contra el crimen. Baste citar la eliminación de beneficios penitenciarios para la reincidencia en delitos agravados, detención policial sin mandato judicial (ampliación de plazos en flagrancia), la prohibición del kerosene, y está en camino una ley para combatir el delito de receptación (compra de artículos robados), algo que priva de insumos al narcotráfico, dificulta la salida de presos de los penales, evita las fugas y criminaliza acudir a los mercados negros. También se estudia la eliminación de la figura de la confesión sincera que actualmente beneficia a delincuentes –en caso de robo a mano armada, secuestro etc.- con rebaja de pena al mínimo legal. Parece que falta legislar el auxilio de las Fuerzas Armadas a la acción policial puesto que hasta el momento están facultadas a intervenir en caso de guerra exterior, en seguridad interna de un estado de emergencia y por decreto en el caso del VRAE.

Sea cual fuere la situación, lo que parece venir es hacer las cosas en menos tiempo, multiplicar el efecto productivo de los policías, calidad de servicio en el estándar internacional y ahorro de gasto público.