PALPANDO LAS NEGOCIACIONES DEL CONFLICTO MINERO

PALPANDO LAS NEGOCIACIONES DEL CONFLICTO MINERO
Jesús Jiménez Laban
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Chala, distrito de la provincia de Caravelí en Arequipa enterró a seis muertos por una huelga minera. Acaso este lamentable hecho pasará a la historia como foco de resistencia a una nueva legislación minera a favor del medio ambiente. De la misma manera que Moquegua y Bagua, cuyas raíces del conflicto nacieron en los recursos naturales, a los ojos del exterior se ve un poco que tanto el Congreso como el Ejecutivo dan marcha atrás en su intento de legislar por presiones de grupos de interés.
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A juzgar por las declaraciones de gente involucrada en el tema, este conflicto –con saldo trágico de seis muertos- pudo evitarse. Se ha dicho que el Congreso de la República quiso apagar el incendio antes de tiempo, pero para muchos hubo demoras inexplicables por parte del Ejecutivo en el lanzamiento del Plan Nacional de Formalización de la Minería, a pesar de que el Primer Ministro Javier Velásquez Quesquén -según lo que se afirma- suscribió con mucha anterioridad las actas con los dirigentes mineros para aprobar el decreto de urgencia 012-2010, algo que es considerado como una “mecida” por Teódulo Medina Gutiérrez, Presidente de la Federación Nacional de Mineros Artesanales del Perú.
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Cuando el tema fue relanzado, existe la hipótesis de grupos de interés habrían creado una desinformación entre los mineros haciéndoles creer que la norma que pretende aprobar el Ejecutivo va en contra de ellos, lo cual explicaría los enfrentamientos con saldo trágico. Dicho de otro modo, la presión social se produce como una medida de fuerza en protesta por una supuesta norma que perjudica. “Se debió informar y comunicar lo contrario respecto de este decreto de urgencia”, dicen los expertos. En el fondo, parece que una falsa oposición –que no representa el sentir de los trabajadores artesanales- quiere que continúe la informalidad.
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Esa misma oposición ha desinformado a los dirigentes mineros –salvo que sean cómplices- sobre las bondades y jurisdicción de las normas. Para otros, no queda clara la línea divisoria entre los titulares de concesiones y los mineros informales porque reflejan una aparente complementariedad. Queda claro así que el decretos de urgencia 012-2010, cuya bondad apunta proteger la naturaleza es el corazón del asunto, pero intereses económicos oponen resistencia para su aprobación. Los dirigentes mineros ponen en la mira los decretos 1010 y 1040, según se informó.
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No de otro modo, un decreto de urgencia –que apunta a hacer el bien- pudo terminar siendo demonizado y empujando a la violencia social –interrupción de carreteras, impedimento de libre tránsito y desabastecimiento alimentario-, un interés económico que luego –de manera concertada o no- capitalizó políticamente la bancada del Partido Nacionalista que pide la vacancia por incapacidad moral del presidente Alan García, algo que ocupa la primeras planas de la prensa extranjera.
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Quiérase o no, hay quienes señalan que la demora del Ejecutivo en dar curso a los acuerdos de las actas que eran una bomba de tiempo, resultó favoreciendo a los grupos de presión que se oponen a la formalización minera.
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El tema es que con una opinión pública en contra por las seis muertes del conflicto, se quiere arrinconar al Ejecutivo pidiendo la vacancia del Presidente Alan García, aun cuando ésta sería impracticable porque no existen los votos necesarios. Sin embargo, el tema puede presionar para la dimisión del Presidente del Consejo de Ministros porque hay muertos de por medio es algo que se deja deslizar como una posibilidad, según dejo entrever el ex presidente Alejandro Toledo. En los casos anteriores, los ministros han sido fusibles de la figura presidencial. Pase lo que pase, con Velásquez Quesquén o sin él-, lo cierto es que las normas pro ambientales no deben quedar en el archivo, pero existe el riesgo que el triunfo no sea de los mineros artesanales sino de la informalidad, algo inaceptable.
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El pedido de la vacancia presidencial no sólo se ha producido en este gobierno. Esta sería la cuarta pues existen precedentes. La primera fue planteada por Miguel Ángel Mufarech contra el Presidente Fernando Belaunde. La segunda sustentada por el ex militante aprista Jorge Torres Vallejo contra el Presidente Alan García. Y la tercera presentada la oposición contra el ex Presidente Alejandro Toledo.
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¿Qué intereses hay de por medio? ¿Quiénes se esconden entre bambalinas? ¿Qué se esconde detrás de todo esto? Son preguntan flotantes aun sin respuesta.