2010 DEBE SER AÑO DE LA REFORMA MIGRATORIA

AÑO DE LA REFORMA
Jesus Jimenez Laban

Con la propuesta de ley del senado SB 1070 sancionada el 23 de Abril de 2010, se criminaliza a los inmigrantes indocumentados radicados en el estado de Arizona. A todo ciudadano le asiste los derechos civiles de la libertad, la vida, la propiedad y la seguridad, principios en los que se fundó Estados Unidos, según varias opiniones. "La ley antiinmigrante de Arizona representa un gran paso hacia atrás en la historia de los derechos civiles”, afirma Angela Sambrano, directora de la Alianza Nacional de Comunidades Latinas y Caribeñas (NALACC por sus siglas en inglés)
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Y es que la iniciativa firmada por la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, tipifica como delito criminal la permanencia sin papeles en orden en el mencionado estado, medida que entrará en vigencia a fines de Julio o comienzos de Agosto de este año. La gobernadora Brewer, cuya firma en la SB 1070 alcanzará a unos 400 mil indocumentados que viven en Arizona, dice que tres meses es suficiente tiempo para entrenar a la policía, enseñarles los límites de la norma para que no cometan errores.
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Sea como fuere, la norma tiene tres meses para su implementación. Quiere esto decir que los dolores de cabeza empezarán a mediados de año porque nadie estará libre de una intervención policial, por lo menos dentro de la jurisdicción del Estado de Arizona. Los grupos de defensa de inmigrantes han anunciado que plantearán en los tribunales –durante su implementación en los meses de mayo, junio y julio- una demanda para bloquear la ley, pero –en el supuesto que así fuera- hay quienes se preguntan sobre qué ley se tendría que pronunciar el juez si todavía la norma no habrá entrado en vigencia. Dicho de otro modo, lo tribunales estarían atados de manos y pies porque no podrían resolver ninguna impugnación antes de la puesta en vigencia de la citada ley prevista para mediados de este año.
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Vistas así las cosas, no pocos pensarán en abandonar Arizona para radicar en otro Estado, pero existe la preocupación y la incertidumbre que esta medida prenda en otros Estados, lo cual actualiza la urgencia de tratar en la agenda la reforma migratoria en los debates del Capitolio, la misma que lidiará para ocupar un espacio entre las prioridades de la reforma financiera y la energía.
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Bajo sus alcances esta ley, llamada Support Our Law Enforcement and Safe Neighborhoods Act, (SB 1070) y que ha sido criticada por su carácter draconiano, legaliza la detención y el arresto de personas que podrían parecer inmigrantes indocumentados, dice Angela Kelley del America´s Voice. Y es que, según varios juristas, cualquier inmigrante puede ser objeto de una redada cuando, por ejemplo, transporta a un cónyuge indocumentado, aun cuando tuviera residencia o documentos en orden, porque las detenciones se producirían por la apariencia de las personas, el color de sus ojos o de su piel.
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Puestas así las cosas, como se ha dicho, la policía intervendrá por razones de apariencia física, fisonomía o rasgos étnicos, lo cual significa, en buena cuenta, que aquel inmigrante -centroamericano, sudamericano, asiático- que no guarde similitud con el perfil americano, puede ser detenido, aunque tengan sus papeles en orden. El grupo Democracia Ahora, una asociación de defensa de inmigrantes, alega que “se ha decidido poner en práctica una ley que se basa en el aspecto racial de las personas”.
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A juzgar por los contenidos de la norma, queda claro en qué se basaría la policía para detener a un inmigrante. Como se sabe es delito federal vivir y trabajar en Estados Unidos sin papeles, pero esta es la primera vez que la policía de Arizona queda obligada a identificar y detener a los migrantes ilegales, a partir de “dudas razonables”, bajo pena de ser sancionada por cualquier ciudadano del estado.
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Si acaso alguien padeciera el amargo momento de ser detenido, resulta urgente llamar a un abogado. Hasta el momento, la fianza se vislumbra como la figura salvadora para ser puesto en libertad.
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Por el lado latino, nadie entiende qué argumentos esgrimió la Asamblea de Arizona, dominada por republicanos, para aprobar esta polémica ley que para el Movimiento Latino Usa en Los Ángeles es anticonstitucional. En efecto, se trata de una ley que viola el derecho internacional. Como se sabe, contra violaciones de derechos humanos contra inmigrantes existe el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) A este respecto, el presidente Barack Obama, que cree que el pueblo estadounidense merece una reforma integral, ha calificado la ley de “irresponsable” por lo que pedirá al Departamento de Justicia que examine si viola los derechos civiles.
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Podría darse el caso que un estado presente una demanda contra otro estado al amparo del derecho internacional. Hay que recordar que esto ocurrió con México debido las ejecuciones frecuentes (pena de muerte) contra ciudadanos mexicanos en las cárceles de Estados Unidos. Un fallo favorable al país azteca emitido por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) puso en apuros al estado demandado.
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De otro lado, en California, 1984, otra polémica iniciativa –la Proposición 187- generó demandas, indignación y reacción política. Esta medida –que negaba servicios públicos y educativos a indocumentados- fue meses después de ser aprobada declarada inconstitucional por una corte de Estados Unidos, algo que los legisladores de Arizona –siguiendo a Los Ángeles Times- parece han olvidado.
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Es curioso que un tema –el de las migraciones- que tradicionalmente ha estado en el ámbito federal, se encuentre ahora a nivel estatal. Algunos constitucionalistas creen que es natural que los estados tomen las medidas necesarias por razones, por ejemplo, de interés público o de seguridad nacional, pero éstas deben ser racionales y objetivas. Existe latente el riesgo de que un problema estatal pueda convertirse en un problema federal. Con sinceridad, espero que esto no ocurra y que la reforma migratoria sea un hecho este año 2010.
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Más allá de las marchas, vigilias e incertidumbre de inmigrantes, el tema de fondo es la desintegración familiar, de manera que en cualquier momento, cualquier lugar, el progenitor puede ser detenido y luego deportado. Estar integrado en familia es un derecho humano. Así lo entiende el derecho internacional y los hijos legales de inmigrantes ilegales que piden un mejor futuro en el Capitolio, dando luz verde a la reforma migratoria.