Una resolución de la Corte Suprema de Argentina ordena dos aumentos anuales a más de 5 millones de jubilados. Sin embargo, la medida del ejecutivo, que indica elevar el mínimo y debe ser aprobada por el gobierno, representa gasto público y aumento de consumo, lo cual presiona hacia arriba los precios con inflación, según varias opiniones de analistas. El proyecto en mención nació en la Defensoría de la Tercera Edad tiene como base la Constitución Política, pero este derecho quedo en suspenso desde el año 1995.
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