(EFE) La policía española detuvo en Santa Cruz de Tenerife (atlánticas Islas Canarias) a Claus Oswaldo Corpancho, un ciudadano peruano implicado supuestamente en los actos de corrupción del Gobierno de Alberto Fujimori, informó la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil.
Corpancho, de 51 años y natural de Perú, sobre quien pesaba una orden internacional de detención dictada por las autoridades peruanas, está acusado de asociación ilícita, cohecho, encubrimiento real y corrupción de funcionarios.
Venta de material de guerra, construcciones de viviendas para policías e implantación de telefonía en el ámbito rural son algunas de las actividades por las que cobró cifras millonarias tras sobornar a las autoridades del Gobierno de Fujimori, según las mismas fuentes.
El detenido, junto con otros dos socios, formaba parte de un grupo conocido como "Los Gordos", que mantenía estrechas vinculaciones contractuales con Vladimiro Montesinos, el que fuera mano derecha del presidente de la República de Perú, Alberto Fujimori, desde 1990 a 2000.
Los integrantes de este grupo presuntamente pagaban sobornos para que fuesen favorecidos en las asignaciones de las licitaciones de adquisiciones de material de guerra, tanto para el Ejército como a
la Fuerza Aérea.
Estas compras originaron el denominado "proceso Madre" y fue el acto más importante de corrupción destapado del régimen del ex presidente Fujimori, recordaron las citadas fuentes.
Según informaciones recabadas, de las adquisiciones que efectuaron cada instituto armado y la policía entre 1990 y 2000, las empresas en las que participaban "Los Gordos" encabezan la lista de las más favorecidas por las compras ilícitas.
"Los Gordos" están vinculados a la compra de 36 aviones de combate adquiridos a Bielorrusia y por los cuales el Estado peruano pagó más de 518 millones de euros (unos 680 millones de dólares), cantidad muy superior a la de su valor real ya que se estima que el 20 por ciento fue destinado al pago de comisiones.
Por otro lado, también eran propietarios de la empresa constructora "Corporación Unida S.A. ", que ganó la licitación pública para la construcción de 170 viviendas para personal policial.
Claus C.y sus cómplices pagaron alrededor de 116.577 euros (unos 153.000 dólares) a altos funcionarios del Gobierno para obtener su apoyo en las licitaciones convocadas por el Fondo de Vivienda Policial.
Además, antes de que finalizase la dictadura de Fujimori, obtuvieron una concesión por 23. 315.458 euros (unos 30 millones y medio de dólares) para proveer de telefonía al ámbito rural.
El ahora detenido, que pasará a disposición de la Audiencia Nacional española para su extradición a Perú, tiene pendiente otras órdenes de busca y captura internacionales por otros actos de índole similar.
Las penas solicitadas para él son de 15 años por el asunto de la adquisición de material bélico a Bielorrusia y 6 años por el de la construcción de las viviendas policiales.
Corpancho, de 51 años y natural de Perú, sobre quien pesaba una orden internacional de detención dictada por las autoridades peruanas, está acusado de asociación ilícita, cohecho, encubrimiento real y corrupción de funcionarios.
Venta de material de guerra, construcciones de viviendas para policías e implantación de telefonía en el ámbito rural son algunas de las actividades por las que cobró cifras millonarias tras sobornar a las autoridades del Gobierno de Fujimori, según las mismas fuentes.
El detenido, junto con otros dos socios, formaba parte de un grupo conocido como "Los Gordos", que mantenía estrechas vinculaciones contractuales con Vladimiro Montesinos, el que fuera mano derecha del presidente de la República de Perú, Alberto Fujimori, desde 1990 a 2000.
Los integrantes de este grupo presuntamente pagaban sobornos para que fuesen favorecidos en las asignaciones de las licitaciones de adquisiciones de material de guerra, tanto para el Ejército como a
la Fuerza Aérea.
Estas compras originaron el denominado "proceso Madre" y fue el acto más importante de corrupción destapado del régimen del ex presidente Fujimori, recordaron las citadas fuentes.
Según informaciones recabadas, de las adquisiciones que efectuaron cada instituto armado y la policía entre 1990 y 2000, las empresas en las que participaban "Los Gordos" encabezan la lista de las más favorecidas por las compras ilícitas.
"Los Gordos" están vinculados a la compra de 36 aviones de combate adquiridos a Bielorrusia y por los cuales el Estado peruano pagó más de 518 millones de euros (unos 680 millones de dólares), cantidad muy superior a la de su valor real ya que se estima que el 20 por ciento fue destinado al pago de comisiones.
Por otro lado, también eran propietarios de la empresa constructora "Corporación Unida S.A. ", que ganó la licitación pública para la construcción de 170 viviendas para personal policial.
Claus C.y sus cómplices pagaron alrededor de 116.577 euros (unos 153.000 dólares) a altos funcionarios del Gobierno para obtener su apoyo en las licitaciones convocadas por el Fondo de Vivienda Policial.
Además, antes de que finalizase la dictadura de Fujimori, obtuvieron una concesión por 23. 315.458 euros (unos 30 millones y medio de dólares) para proveer de telefonía al ámbito rural.
El ahora detenido, que pasará a disposición de la Audiencia Nacional española para su extradición a Perú, tiene pendiente otras órdenes de busca y captura internacionales por otros actos de índole similar.
Las penas solicitadas para él son de 15 años por el asunto de la adquisición de material bélico a Bielorrusia y 6 años por el de la construcción de las viviendas policiales.
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