LIMA (Reuters) - Perú rechazó el sábado un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que ordena indemnizar y homenajear a un grupo de guerrilleros muertos durante un motín en una cárcel en 1992 e iniciará acciones legales para neutralizar los efectos de dicha sentencia.
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La CIDH dictó hace casi dos semanas, tras una denuncia de familiares y organismos de derechos humanos, una sentencia que responsabiliza al Estado peruano de la matanza de 41 guerrilleros recluidos en un penal limeño durante el gobierno del ex presidente Alberto Fujimori.
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El mandatario peruano, Alan García, afirmó que "de ninguna manera" accederá a realizar homenajes a los guerrilleros y que buscará alternativas dentro de la "juridicidad mundial" para defenderse de un fallo que consideró "no acertado."
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"En términos generales, participo de una cierta indignación nacional," dijo García a periodistas al referirse a la sentencia de la corte con sede en San José.
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"No cuenten conmigo. (...) El pueblo del Perú de ninguna manera le rinde homenaje ni disculpa a una gente que desencadenó la peor carnicería de la historia de nuestra patria," agregó.
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La matanza en el penal Castro Castro, conocida como el operativo "Mudanza 1," se realizó durante el develamiento de un motín ocurrido entre el 6 y el 10 de mayo de 1992.
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Según organismos de derechos humanos, Fujimori ordenó directamente el asesinato de los rebeldes que efectuaban actividades de adoctrinamiento dentro del penal.
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El mandatario peruano anunció que entablará una demanda civil por daños y perjuicios por más de 5.000 millones de dólares a los responsables de la guerrilla en respuesta a la orden del tribunal de indemnizar a las familias de los rebeldes con montos de entre 4.000 y 20.000 dólares.
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"Creo que está libre nuestro derecho a demandar civilmente una indemnización por los daños y perjuicios que sufrió nuestra patria. Creo que sería una buena medida, nosotros reclamarles a ellos (...) cuánto le deben al Perú y finalmente quién termina debiendo a quién," agregó García.
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EFECTO SOBRE CASO FUJIMORI
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La corte es uno de los órganos del sistema interamericano de protección de los derechos humanos y sus fallos tienen carácter vinculante entre los países que suscribieron y ratificaron la Convención Americana de Derechos Humanos de 1969.
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García exigió también que la Corte Interamericana brinde mayores precisiones y detalles de interpretación de esta sentencia.
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En paralelo a este fallo, la corte condenó el asesinato de nueve estudiantes y un profesor de la Universidad La Cantuta, efectuada por un comando paramilitar en julio de 1992.
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Las sentencias sobre ambas matanzas son, por otro lado, dos de las principales causas que la justicia peruana busca incluir en contra del ex presidente Fujimori en su proceso de extradición desde Chile.
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El jefe de la Unidad de Extradición de Perú, Omar Chehade, informó el miércoles que enviará estas resoluciones como pruebas en caso de que la justicia chilena reabra las investigaciones en el proceso que se le sigue a Fujimori.
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Fujimori, quien gobernó con mano dura contra la guerrilla de Sendero Luminoso entre 1990 y el 2000, es acusado por organismos civiles de cometer violaciones de derechos humanos durante casi dos décadas de conflicto interno que dejó 69.000 muertos y desaparecidos, según cifras oficiales.
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Sendero Luminoso redujo considerablemente su violencia luego de que en 1992 fue capturado su máximo líder, Abimael Guzmán, pero desde entonces sus miembros realizan acciones aisladas, principalmente en zonas rurales del país.
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Fujimori, de 68 años, permanece bajo arraigo en Chile desde noviembre del 2005 y enfrenta acusaciones de delitos contra los derechos humanos, corrupción y enriquecimiento ilícito.
Fujimori, de 68 años, permanece bajo arraigo en Chile desde noviembre del 2005 y enfrenta acusaciones de delitos contra los derechos humanos, corrupción y enriquecimiento ilícito.
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