LA LIBERTAD DE EXPRESION ES LA CONCIENCIA DE LA DEMOCRACIA
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Los contenidos de este documento están basados en las declaraciones de los protagonistas del conflicto así como en fuentes informativas locales y de la prensa extranjera en un contexto de imparcialidad, neutralidad y respeto por la búsqueda de la verdad, base de la libertad de expresión en democracia.
JESUS JIMENEZ
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El origen
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Un estudio del profesor John McMillan y del estudiante en economía política Pablo Zoido de la Universidad de Standford explica la prioridad que tuvo la prensa para el ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos en su campaña para controlar la democracia de la nación. “Cómo subvertir la democracia: Montesinos en Peru”, que es el título que lleva el estudio, detalla cómo los propietarios de los canales de televisión recibieron sobornos 100 veces más jugosos que los jueces y los políticos. El control del cuarto poder del estado fue la clave para trastornar “exitosamente” el sistema de balances y contrapesos de la democracia.
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Dentro de este contexto, por vender la línea editorial de su propio canal durante la administración de Alberto Fujimori, el broadcaster José Enrique Crousillat fue sentenciado a 8 años de prisión y a una reparación de 53 millones. El delito fue tomar millones de dólares en sobornos a cambio de una favorable cobertura del régimen de Fujimori en los 90, según fuentes informativas.
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En medio de informes médicos contradictorios, el prófugo fue indultado por el Presidente Alan Garcia, gracia que fue duramente criticada con una opinión pública adversa por no tener el sentenciado un cuadro médico de emergencia: enfermedad al corazón, depresión y diabetes. En tanto, Miguel Facundo, Presidente de la Comision de Indultos del Ministerio de Justicia asegura que la propuesta del indulto se basó en informes médicos refrendados por especialistas. Aclaro que nunca se dijo que Crousillat estuviera moribundo sino en peligro de afectar su salud por estar en la cárcel debido a su mas de 77 años.
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Dicho de otro modo, existe un aparente buen estado de salud de Crousillat (apariciones públicas en la playa de Asia y en un restaurant de la Costa Verde), pero el informe médico de los especialistas del INPE dice lo contrario. Quedan pocas dudas sobre si el informe médico para el indulto de Crousillat fue correcto o no. Para despejarlas, tardíamente una comisión auditora integrada por profesionales de las sociedades de cardiología, neumología y de cirugía interna y bajo la supervisión del ministro de salud Oscar Ugarte se ha nombrado a pedido del ministro de Justicia Aurelio Pastor.
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El indulto presidencial
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El indulto al a ex - directivo de América Televisión, José Enrique Crousillat forma parte de la casuística jurídica peruana. Es el caso de un empresario, sentenciado por corrupción por vender la línea editorial de su canal durante la administración Fujimori, que se benefició –según varias opiniones- con el perdón de la pena en un procedimiento administrativo irregular porque presentó certificados médicos fraudulentos sobre su estado de salud.
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El presidente, si así lo prefiere, puede otorgar un indulto sin causa. Pero este no ha sido el caso porque la gracia fue concedida por razones humanitarias que estuvieron sustentadas en la salud deteriorada de José Enrique Crousillat. El tema es que para sustentar la procedencia del indulto se usó el certificado médico de Crousillat y no el de la Junta médica del INPE, según hace notar el congresista Johnny Lescano.
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La gracia presidencial es un tema sensible. Con este motivo, el jurista Enrique Bernales ha criticado que no se debe manosear un instituto tan importante que tiene que ver con la libertad de las personas.
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El indulto es una gracia presidencial. Una facultad exclusiva del Presidente de la República para perdón el delito. La ley no pone limitaciones. Pueden acogerse a este instituto jurídico desde un delincuente común, pasando por un terrorista, violador sexual hasta un narcotraficante, según la opinión de los juristas.
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El indulto es cosa juzgada, según la Constitución Política del Perú, reconoce el constitucionalista Hernán Figueroa. Pero eso no quita que pueda ser objeto de nulidad argumentando una razón de estado como, por ejemplo, una actitud fraudulenta del beneficiario lo que deviene en un acto administrativo nulo.
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Es decir, se puede otorgar el indulto, pero si después se descubre que hay un acto fraudulento, éste se declara nulo, lo cual no colisiona con la Constitución. Entonces, como no es revocable –siguiendo a Borea Odría- por su naturaleza constitucional de cosa juzgada, sí es procedente su nulidad. A esta posición se sumó también la Defensora del Pueblo, Beatriz Merino.
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Así lo entendió el Ejecutivo y decretó la orden de captura de Crousillat. En la resolución se advierte, en opinión de los mismos juristas, cierta debilidad que debe ser reforzada. Tal como está redactada –alertó el constitucionalista Fernando de Altuve- el prófugo podría plantear un recurso de habeas Corpus para lo cual cualquier magistrado de la República puede ser juez natural, es decir, con facultad para acoger dicho recurso.
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Sin embargo, hay quienes creen que difícilmente se podría acoger a este recurso, por cuanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha vuelto más renuente.
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Acusaciones graves
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En un momento, por boca del congresista opositor de Peru Posible Carlos Bruce se generó sospechas sobre un supuesto arreglo con el Ministro de Justicia para la salida inmediata de Crousillat, palabras que fueron retiradas luego por el propio Bruce. Despues de todo, en un tema tan delicado, según varias opiniones, es muy difícil que un ministro haga las cosas por su cuenta sin el pleno conocimiento del Jefe de Estado. Sin embargo, el Presidente Alan Garcia, quien afirmó sentirse burlado y alegó que actuó de buena fe, fue el primero en pedir la revisión de los certificados médicos que justificaron el perdón humanitario del empresario de televisión.
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La cosa se agravó cuando se supo que Crousillat tenía intenciones de volver a América Televisión, el canal que vendió a la corrupción, lo cual generó en muchos suspicacias en el sentido que el gobierno estaría detrás de la toma de la televisora.
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Y es que Crousillat formuló una denuncia contra los actuales directores de América Television en un intento por ganar el control de la estación, según su abogado defensor Jorge Castro quien acusó al ex presidente Alejandro Toledo bajo los cargos de colusión y fraude. Dijo, entre otras cosas,que el ex presidente habría presionado al gerente del banco Wiese de entonces para que entregue la acreencia al señor Mohme. “No dejemos que la mafia fuji montesinista se reacomode como en los años 1999, 2000 y 2001”, alertó poco después el ex presidente Alejandro Toledo.
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Por su parte, Fernando Rospigliosi, ex ministro del régimen toledista, argumentaba que el gobierno busca apoderarse de América Televisión con miras a las elecciones generales, criterio que –palabras más, palabras menos- parece ser compartido por el respetado Augusto Alvarez Rodrich. Al mismo tiempo, parlamentarios de diferentes bancadas creen que existe interés en el gobierno por controlar los medios de comunicación ad portas de dos procesos electorales. “Las cochinadas que puede haber en dos procesos electorales, como comenta la conductor Rosa Maria Palacios, llaman a preocupación”.
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Extraña coincidencia o no, Marisol, la hija del broadcaster, es productora general de IRTP desde Julio de 2009 y ex asesora de Ricardo Ghibellini, hombre de confianza del Presidente, recien nombrado en febrero de este año embajador de Peru en Brasil, pero para otros esto resulta subjetivo.
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Como los presidentes no responden constitucionalmente por sus actos, la oposición ha pedido la interpelación del ministro Aurelio Pastor. De manera que la situación, que no era para reír. Pero fue minimizada por el propio primer ministro Javier Velasquez Quesquén a quien le han pedido la renuncia representantes de Peru Posible, ex partido de gobierno de Alejandro Toledo.
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En el Congreso el ministro Pastor sustentó sin convencer el sábado 13 de Marzo el polémico indulto a Crousillat. En esa misma jornada legislativa el congresista nacionalista Pedro Isla pidió su renuncia. El perdón a Crousillat es la más grande traición en la lucha contra la corrupción en tiempos recientes, dijo Antonio Maldonado, ex procurador anticorrupción. La situación no resistió más y en el mismo día se ordenó la recaptura del empresario de televisión temiéndose por su fuga y ordenando el cierre de las fronteras.
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Crousillat en la clandestinidad
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Como lo indica la práctica procesal penal, el juez Cesar Vásquez Arana dicta la detención de Crousillat –en atención a un pedido de la Fiscalia ante un riesgo de fuga del empresario, lo cual –según varios juristas- se corrobora en sus antecedentes judiciales. Se afirma que Crousillat opuso resistencia ante los tribunales cuando fue citado bajo cargo de haber recibido dinero de Vladimiro Montesinos.
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Con la orden de detención dispuesta por el juez, el broadcaster pasó a la clandestinidad bajo el argumento de que es un perseguido político.
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Para algunos, evitar la salida de Crousillat se torna difícil porque la línea fronteriza Ecuador y Peru (Tumbes) tiene 18 kilometros de longitud entre Aguas Verdes-Perú y Huaquillas-Ecuador y el Puente de la Paz, en el Eje Vial Nº1, ubicado entre La Palma y Chacras. Emitida la orden de captura contra el ex directivo de TV, los efectivos policiales reforzaron sus medidas de identificación en los puntos de control de aduanas, migraciones y a lo largo de la Panamericana en vehículos públicos y privados, operativo que incluye hoteles y hospedajes.
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Si bien el indulto es una gracia presidencial, éste no es un derecho pétreo, advierte el ex decano del Colegio de Abogados de Lima, Walter Gutiérrez. Por tanto, puede éste revocarse cuando el acto es erróneo viciado o producto de un fraude. En esencia, en la medida que el Presidente tiene facultad para conceder la gracia, así también la tiene para retirarla o dejarla sin efecto.
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Ahora bien, la defensa de Crousillat podría alegar que está siendo violentado en sus derechos humanos o que es víctima de una campaña política. Jorge Castro, abogado del ex broadcaster, ante la eventualidad de que Crousillat muriera, amenazó con denunciar a los medios que hablaron de irregularidades en el examen médico.
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Sin embargo, tiene en contra a la fiscalía que vería en el derecho de gracia concedido indicios de corrupción (trámite administrativo). Además la Corte Interamericana de Derechos Humanos está en contra de la amnistía usada como instrumento para generar impunidad.
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El pleito por un canal
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Politizado el caso, la oposición le echa la culpa al Presidente Garcia por haber otorgado esta gracia, pero el problema es mucho más complicado. Desde mucho antes de este escándalo mediático, persiste la presunción de ayuda del régimen de Alejandro Toledo, especialmente en la venta de las acreencias en poder del Wiese al grupo Plural TV generadas durante la administración de Crousillat. Se comenta, por eso sotto voce, que el ex presidente habría presionado al gerente del banco Wiese de entonces para que entregue las acreencias al señor Mohme.
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Según Jorge Castro, abogado de Crousillat, hubo graves irregularidades durante el proceso de declaración de insolvencia del canal y la compra de las acreencias de la televisora. Con fecha 8 de marzo de 2010, Jose Enrique Crousillat, por medio de su abogado Castro, denuncio sorpresivamente ante el Ministerio Publico a los actuales administradores de ese canal, Gonzalo de las Casas, Luis Miró Quesada Valega, Gustavo Mohme Seminario y otras 60 personas por los presuntos delitos de asociación ilícita para delinquir, colusión, estafa, falsificación de documentos y fraude en la administración de persona jurídica, hecho que fue de dominio público en todos los medios de prensa.
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La denuncia de Crousillat en un expediente de 650 páginas y dos audios se basa en supuestas declaraciones de Eugenio Bertini que habría denunciado presiones del ex presidente Toledo y de Gustavo Mohme Seminario para declarar insolvente al canal 4 y entregar la acreencia que tenia el banco a Mohme. Pero, de manera reiterada, Bertini ha desmentido esta versión alegando que no recibió ningún tipo de presión, aunque reconoce que se reunió tres veces con Toledo.
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La deuda de América Televisión sólo al Banco Wiese, durante la gestión de Crousillat, era de US$18 millones. Esa acreencia fue vendida a Gustavo Mohme.
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Saliendo al frente de Castro que alega la falsificación de un pagaré falso, Bertini dijo que ese titulo de valor no es cuestionable. Tampoco, agregó, es cierta la versión de un pagare falsificado de 200 mil dólares.
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Sea como fuere, lo cierto es que cuando se empezó a hablar sobre reuniones confirmadas entre Alejandro Toledo y Eugenio Bertini, ex gerente del banco Wiese, el Presidente Alan Garcia exigió una investigación al Congreso y la Fiscalía sobre una supuesta intromisión del régimen toledista en la venta de América Televisión a Plural TV en el 2002. ¿Por que se retrocedió en este tema se pregunta en medios políticos y de prensa?
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En entrevista concedida a Prensa libre, Miró Quesada Valega sostuvo que una investigación en este sentido ad portas de una campaña presidencial implicaría un amendrentamiento contra los directivos de la televisora por lo que reveló que existe una amenza contra la libertad de expresión detrás del pedido del ministro de Justicia, Aurelio Pastor.
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Sin embargo, la denuncia sobre irregularidades en la operación de la televisora no es nueva. Aunque el Poder Legislativo la ha pasado por alto, lo cierto es que en mayo del año pasado Crousillat presento una denuncia constitucional contra el ex presidente Alejandro Toledo. Sobre el tema, Luis Miro Quesada Valega deploró manipulaciones en el Poder Judicial y sospechosos cambios de magistrados.
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Se pone en peligro –advirtió- el procedimiento concursal. Y es que el inicio del proceso concursal no fue motivado por el Banco Wiese por acreencia de US$ 18 millones. Dicho banco no fue el único acreedor del canal, también lo eran varias empresas como Sunat, Wiese, Televisa y 400 trabajadores entre otros acreedores. En ese momento el canal –administrado por las hijas de Crousillat- no tenía cómo pagar las deudas que ascendía a cien millones de dólares y el canal sólo tenía un patrimonio de 20 millones de dólares. Son ellas las que se allanan al proceso del insolvencia, según Gonzalo de las Casas, titular de la Junta de Acreedores de América Televisión.
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La investigación sobre la transferencia de acciones de América Televisión fue asegurada por el ministro de Justicia Aurelio Pastor, pero desmentida horas después por el presidente del Consejo de Ministros, Javier Velásquez Quesquén. Pastor quedó desautorizado porque su posición no fue acuerdo de gabinete. Es más, Velásquez Quesquén refirió que dicha operación fue válida y lícita en un porcentaje muy importante. Sin embargo, vale recordar, este tema no es nuevo. Se vio también con intensidad en la Comisión de Fiscalización en el año en el año 2003, pero todo quedó sepultado por el polvo del olvido.
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Con el ojo puesto en la información clasificada
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Si bien el primer ministro ha dicho que no se puede poner en tela de juicio la parte mayoritaria de esa operación, la fiscal provincial Teresa Acuña Deza de la 47 Fiscalía ha solicitado información clasificada a la Superintendencia de Banca y Seguros sobre la insolvencia de América Televisión cuando estuvo administrada por José Enrique Crousillat. En base a los documentos que encuentre decidirá si abre o no una investigación formal, según fuentes del Ministerio Publico.
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De haber prosperado esta artimaña de Crousillat, se habría producido el retorno de un broadcaster al mismo canal al que le vendió su línea editorial. Hay quienes creen que ello habría sido el retorno de un sentenciado por corrupción indultado para que reincida en el mismo delito por el que fue sentenciado.
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De no haberse hecho manifiesta su voluntad de retornar a América Televisión, el poder fujimorista en la sombra habría dado un salto de tigre. Definitivamente, un poder invisible lo protegía, advierten otros. Crousillat siempre tuvo beneficios penitenciarios. Por razones de salud, fue internado por cerca de un año en una clínica, desde donde fue difícil trasladarlo al penal debido a influencias poderosas desde arriba, según lo dejó entrever el programa Cuarto Poder.
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Se ha visto claramente a través de un reportaje de Cuarto Poder, el programa símbolo de América Televisión, cómo Crousillat se había dado maña para urdir una estrategia en el Poder Judicial para retornar al canal, operación que fue desmontada por la defensa legal de los ejecutivos que ejercen la administración de la televisora. El argumento fue siempre el mismo, la irregularidad en la transferencia de la propiedad y la influencia del poder para la entrega de las acreencias a los medios que ahora rigen los destinos de América.
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De Asia a Motupe
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A veces resulta inexplicable para abogados consultados la actitud de ciertas personas cuando abandonan la prisión. Algunos no terminan doblegados por la ejecución de la condena, como ocurre en opinión de juristas con el ex directivo de América Televisión, José Enrique Crousillat. Pudiendo éste quedarse tranquilo en su casa, decidió hacer una nueva maniobra judicial para recuperar lo que considera su propiedad, el canal 4 de América Televisión.
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Quizás confiado en que la figura del indulto es cosa juzgada, por lo tanto, irrevocable, el ex empresario “traslado” su domicilio desde Asia, el lujoso balneario del sur limeño al sólido norte, en la calurosa y polvorienta Motupe, al norte de Chiclayo. ¿Existe otra explicación? Las investigaciones posteriores arrojarán nuevas luces.
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Lo primero que hizo fue alquilar una casa en Motupe por 300 soles, con miras a la recuperación judicial del canal que quebró (en su administración tenía un patrimonio de 20 millones de dólares mientras sus deudas trepaban a los 100 millones, según diferentes testimonios dados a conocer por Canal N) para luego tramitar personalmente un certificado domiciliario.
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El documento, que fue entregado por un funcionario edil que alegó no conocer la ley. El tema es que este certificado debió ser expedido por la división de renta y no por catastro en la municipalidad de Motupe. Con todo, el papel le sirvió para plantear una medida cautelar ante el juzgado de esa localidad, repitiendo la experiencia (expertise) de otro broadcaster que logró por la misma vía cautelar desde un juzgado del Cono Norte la administración de una televisora durante cinco años, según los constitucionalistas Figueroa y Altuve.
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La medida cautelar es la excepción, no la norma. Conocidos los entretelones de su maniobra, el Alcalde de Motupe anulo el certificado domiciliario, acto administrativo que sirvió de base para que el juez motupano que entregó la medida cautelar, retrocediera devolviendo el expediente y anulando su decisión.
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Según los constitucionalistas, lo que buscaba Crousillat con esta medida cautelar es volver las cosas al estado anterior, es decir, al momento previo al inicio del proceso concursal de América Televisión para recuperar el canal.
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Sin embargo, la defensa legal de Crousillat alega que el juez no puede retroceder porque no se necesita certificado domiciliario sino solamente la prueba de contrato de alquiler de la vivienda. “Cualquiera puede hacer un amparo desde cualquier punto del país, incluso una persona que decide mudarse por razones de vacaciones o descanso”, comenta el abogado Jorge Castro.
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Es urgente que las instituciones funcionen
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La nación entera ha quedado notificada. Sea como fuere, no queda claro qué es lo que verdaderanente pasó en un canal de televisión, esencial los pesos y contrapesos, del sistema democrático. Algunos recordaron radio Bagua, el canal Yurimaguas, Canal 11 y la frustrada intervención de la Sunat en la línea editorial del canal vecino. La Democracia es el encuentro al más alto nivel con la libertad de expresión. Sin ella no existe calidad de vida democrática. Y es que la libertad de expresión es la conciencia de la democracia.
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Se quiere que los ciudadanos voten y expresen sus preferencias de manera transparente y que el voto sea el reflejo de su voluntad y para ello deben funcionar las instituciones tanto del sistema electoral como de la prensa y los poderes en su conjunto.
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Aun cuando Crousillat vuelva a prisión, deja el veneno y a todos enjuiciados, pero con un velo de duda que debe ser esclarecido. Todavía queda un camino de esclarecimiento en los pasillos del Ministerio Público y del Poder Judicial. Sin embargo, aun quedarán flotantes preguntas que fluyeron al calor del debate en medios serios tales como ¿por qué no se puede conocer toda la verdad sobre cómo fue el traspaso de acciones? ¿por qué Toledo conversó con un banquero para ver acreencias de un canal privado? ¿Qué interés tenía el actual mandatario en ser piadoso con un condenado por corrupción? ¿Por qué no continuó con la investigación de la transferencia de la televisora?, se preguntan otros.
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Las interrogantes no deben ser interpretadas como ataques contra políticos y directivos, periodistas de medios, sino un ataque a un problema de fondo en la libertad de expresión. Es una Dicho de otro modo, queda la duda sobre si el poder quería manejar un canal privado o si un ex presidente entrego o no de manera arreglada el canal de televisión a medios poderosos. La información veraz es lo que exige la nación por la salud de la democracia. Es la defensa de principios y valores de la prensa el tema dominante.
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Del mismo modo, se conoce que fueron las propias hijas de Crousillat -según deelaraciones hechas por televisión- quienes que se acogieron al procedimiento concursal después de la declaratoria de impotencia patrimonial de América Televisión , vale decir, no poder pagar las deudas en los plazos previstos, por razones diversas tales como situación política, recesión y caída de la publicidad, según declaraciones de Marisol Crousillat. Los acreedores principales son Sunat, Wiese Sudameris, Televisa y los propios trabajadores. ¿Cómo influyen ellos en la línea editorial?, es otra pregunta sin respuesta. ¿Pueden trabajar periodistas sin problemas para ejercer su cláusula de conciencia? ¿Puede cualquier periodista ejercer su profesión sin pertenecer al grupo?
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En medio de esta marejada mediática, lo cierto es que no se profundiza el tema de la propiedad. Algunos señalan que se quiere distraer a la opinión pública en la tramitología del indulto, sin tocar el tema de fondo, la transferencia de América Televisión. Nada impide que un sentenciado, por muy corrupto o delincuente que fuere, ejercer el derecho al reclamo de su propiedad, si tiene pruebas fehacientes merituadas por la autoridad judicial, comentan en los pasillos del Congreso.
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Ganó terreno la salida política de la renuncia a la que fue renuente el Ministro de Justicia Aurelio Pastor –que parece ser apoyado por Jorge del Castillo aunque otros dirigentes entre ellos Carlos Arana y Mauricio Mulder muestren el pulgar hacia abajo. Por la tarde del 16 de Marzo se comentaba que su dimisión sería antes de la sesión de interpelación para lo cual una oposición poco cohesionada reunía firmas en el Congreso. La situación generaba incertidumbre. Un congresista de la oposición Carlos Torres Caro fue más allá. Pidió la interpelación del gabinete de Javier Velasquez Quesquén.
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Finalmente, previa denuncia de presiones por grupos mediáticos, el ministro Aurelio Pastor, presentó su renuncia, volviendo a su escaño.
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Es cierto que nadie ha podido traspasar la valla de los 61 votos para la censura de un ministro, pero esta vez la oposición –centrada en Unidad nacional, Partido Nacionalista y Acción Popular- se jugaba todo su poder de representación. Sin embargo, habría resultado difícil una censura con los votos juntos de apristas y fujimoristas, según sondeos en los pasillos del Congreso.
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Acaso esta crisis, que no se veía desde el escándalo de los petro-audios, no ha terminado. Por lo pronto, son los ministros los fusibles del Presidente. Son ellos los que refrendan los actos del Jefe de Estado. Habrá que ver.
¿CAMINO A UNA SOLUCION DE LOS HIJOS ABANDONADOS?