CAMBIO DE PIEL EN EL CONGRESO Y SEGUNDA VUELTA EN LAS REGIONES

Jesús Jiménez Labán
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Para aplacar las iras de la población, sobre todo cuando un congresista se porta mal y no supera las expectativas de sus electores, la válvula de escape sería cambiar a un parlamentario porque con su desempeño no justifica su permanencia en el escaño.

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Renovar la configuración del Congreso de la República cada dos años y medio es una iniciativa que -con ciertas variantes en renovación por tercios- sólo ha funcionado en Estados Unidos de América (EUA), país que ostenta más 200 años de historia constitucional, un ejemplo de madurez que se ve con admiración en el resto del planeta.

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No podría funcionar aquí porque, en concordancia con la Carta Magna que nos rige desde 1993, nuestro país responde a un sistema presidencialista (gobierno elegido en forma directa por los votantes y no por el congreso) y no a un sistema parlamentario (elección del gobierno emana del parlamento), como ocurre en varios casos en los países que conforman la Unión Europea.
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De acuerdo con fuentes familiarizadas con la situación, la renovación parcial del Congreso generaría inestabilidad porque un gobierno llega a mitad de periodo casi débil y se muestra semigastado –por el ejercicio del poder-, razón por la que un cambio de piel parlamentario lo empujaría al precipicio de una crisis política.
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Como bien apuntan las mismas fuentes, otra cosa sería si funcionara un Congreso con dos cámaras, pero para ello se necesitaría una enmienda constitucional que habilite el sistema bicameral, una constante en la historia republicana. De este modo, el senado quedaría intacto en su función reflexiva y la renovación alcanzaría a nivel de la cámara joven, la cámara de diputados o de representantes, que es como se llama en la cultura jurídica anglosajona en los Estados Unidos de América.
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Sin embargo, ninguna reforma constitucional que aspire a una renovación en estos términos podría darse dentro del plazo constitucional de este gobierno, toda vez que una enmienda pasa por la aprobación del Congreso en dos primeras legislaturas ordinarias de cada año. Esta suma de periodos legislativos permitiría que esta pretensión se ha haga realidad durante el próximo gobierno.
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Se quiere también usar el “ballotage” o “balotaje” para elegir a los presidentes regionales en los próximos periodos, vale decir, que el elector vote en primera y en segunda vuelta como ocurre ahora en Perú con el sistema de votación presidencial en las elecciones generales. El más votado en segunda ronda es quien gana. Constitucionalmente, dicho de otro modo, si ningún candidato logra superar el 50% de los votos válidamente emitidos, se produce la segunda vuelta entre los candidatos más votados.
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Hay constitucionalistas que recuerda que esta figura –inspirada en la constitución francesa de 1958 - V República- llegó incompleta a América Latina y dentro de ella al Perú. Es una importación híbrida porque en su versión original –la constitución gala- la segunda vuelta alcanza a presidente y cámaras legislativas, cosa que aquí se hace de modo incompleto.

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De manera que si procediera una iniciativa de este tipo habría que incorporar a la segunda vuelta no sólo al Congreso sino también a los Consejos Regionales. Si esta idea –propuesta por el presidente Alan García en su mensaje a la nación por el Aniversario Patrio- no se aprobara en el Congreso, se usaría el referéndum como figura constitucional –complemento de la democracia representativa- para que el pueblo vote por sí o por el no.
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A mi modo de ver, en la práctica, con esta lógica todo el mundo estaría en campaña permanente para reafirmarse sus cargos o para asegurar caudal electoral con proselitismos tempranos. Estaríamos sumergiendo en el marketing político a los partidos, movimientos y alianzas sin que quede tiempo para atender las urgencias o asuntos del estado que tienen prioridad.
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No se trata de hacer oposición por oposición, sino de reflexionar sobre las consecuencias políticas, económicas, públicas, fiscales de cada una de esas medidas. Todo lo demás, debe meditarse con esmero porque no se puede cambiar la Constitución con la frecuencia de una lavada de camisa. El argumento de la razón es lo que más convendría porque en política lo visceral no funciona. Ponderación y visión de futuro. Habrá que ver.

EL VACIO DETRÁS DE LOS NUCLEOS EJECUTORES

LOS NUCLEOS EJECUTORES
Jesus Jimenez Laban
Los núcleos ejecutores juveniles -propuestos por el gobierno para usar parte del presupuesto público sin ejecución los gobiernos regionales y locales- han levantado polvareda en la arena política en medio de apasionamiento de uno y otro lado.

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Las comunidades –que también ha escuchado hablar del tema- podrán recordar que esta modalidad –la de núcleos ejecutores- no es nueva. Se ensayó y aplicó, con auspicio del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, en el fondo nacional de Foncodes. La idea que los propios vecinos hagan por su acción obras al servicio de la comunidad tiene su antecedente en la cooperación popular que impulso el entonces presidente Fernando Belaunde, acuñando la frase “el pueblo lo hizo”.

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Técnicos de reconocido prestigio –ajenos a la política- hablan bien del modelo porque permite hacer obra pública en atención a las necesidades de salud, educación, agricultura y comunicación. Entonces, ¿por qué se quiere poner un manto de duda a la iniciativa? En esta materia, se ha dicho de todo desde populismo hasta proselitismo político dada la cercanía de las elecciones regionales y municipales. Inclusive, hay dirigentes agrarios que califican los núcleos como divisionistas de la dirigencia social, en tanto que la asociación de municipalidades cree que es una medida provocadora para que los vecinos les hagan la vida imposible a los alcaldes.
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Es cierto que la tentación latente de todo gobierno que se dispone a entregar la posta al sucesor, quiera tirar la casa por la venta, pero la idea del núcleo ejecutor no parece mala porque los proyectos que manejó Foncodes han funcionado con el esquema del BID y no ha generado brotes de corrupción, según testimonio de la propia Contraloría General de la República. Foncodes tiene una bases de dato actualizable que le permite al sistema de control hacer por muestreo el seguimiento del dinero público.
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Y es que cuando se agrupa una comunidad de vecinos para hacer obra, lo que se hace es crear una persona jurídica habilitada para recibir y manejar dinero depositado en cuenta bancaria, siempre bajo estricto control y supervisión del Sistema Nacional de Inversión Pública. Esto hace posible –sin mucho enredo del Snip por tratarse de una obra estándar- la construcción de escuelas, postas, canales de regadío y puentes. Nada le impide a los vecinos incoporar en sus proyectos –previa capacitacion- de últimas tecnologías para poner a sus pueblos a tono con los tiempos.
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Si no hay actos de corrupción, las cosas funcionan y la comunidad es el mejor juez, ¿cuál es el problema? Si bien el pueblo ejerce control de los recursos de su progreso, hay una grieta visible. Y es que si los municipios no participan directamente en los núcleos, lo más probable es que no esté garantizada la sostenibilidad de los proyectos por cuanto las obras requieren mantenimiento y presupuesto sostenido para asignar, por ejemplo, profesores, médicos, ingenieros. Por ello, me inclino por un proyecto híbrido, es decir, la comunidad en alianza estratégica con su respectivo municipio.
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Se requiere de un ente –el municipio en este caso- que impulse la acción comunal con planificación, dirección y control. Ningún núcleo ejecutor es obligatorio, pero hay un clamor popular que no se puede pasar por alto. De lo que se trata es trabajar con un saldo que no se pudo ejecutar en su tiempo. Es tiempo de hacer el gasto público, pero con calidad

FALTO EN MENSAJE AUTOCRITICA, ENMIENDA Y PRECISION

IMPRESIONES ECONOMICAS DEL MENSAJE

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Creo que es muy poco es lo que se ha dicho sobre simplificación administrativa, fortalecimiento de programas sociales orientados hacia el autoempleo y sobre ejecución de presupuesto por resultados para la economía tenga fundamentos sólidos después de la crisis.
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Creo que el país esperaba de este mensaje presidencial una posición autocritica del gobierno para enmendar sus errores en este año - ya que el próximo es electoral, pero se ha preferido un recuento de obras con muchas cifras que ya conoce gran parte del país.

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Aun cuando ha tocado tangencialmente temas delicados vinculados a minería, petróleo y gas, el presidente Alan Garcia no ha mencionado una estrategia articulada para revertir la caída de la inversión privada como consecuencia de la crisis externa. Aun así las cifras de 42 mil millones dólares que mencionó como inversión en los últimos tres años –sin contar la caída última-, es sólo la mitad de lo que tenía previsto en su primer mensaje presidencial.
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Se necesitó más énfasis en la seguridad de las inversiones y una hoja de ruta sobre cómo desenredar los conflictos sociales. Pese a que se ha puesto énfasis en la democracia, el orden y la salvación del país frente a la crisis, sigue en el limbo una estrategia que logre apagar los problemas derivados de problemas energéticos, ambientales y de recursos naturales.
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Llama la atención que a pesar de reconocer que la crisis es profunda, el Jefe de Estado no ha tocado el tema de la reforma laboral, ni la discriminación en diferentes regímenes de trabajo, ni mucho menos anuncie el aumento del sueldo mínimo que sólo se ha reajustado en 50 soles desde el 2006.
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No hay medidas complementarias para aumentar oferta exportable y el agro nacional sigue desprotegido ante la avalancha de productos subsidiados que vienen del exterior que ponen en riesgo la agricultura (algodón, maíz y otros). Tampoco medidas adicionales para consolidar la oferta exportable y estímulos tributarios, crediticios y pensionarios a las pequeñas empresas.
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Me hubiera gustado escuchar más detalles acerca de las pérdidas en las cuentas de los afiliados al sistema previsional privado después del tremendo bajón bursátil, lo mismo que explicaciones sobre el núcleo juvenil en lo que sería el quinto nivel de gasto público después del gobierno central, regional, provincial y distrital. ¿Se va a priorizar con este núcleo juvenil la calidad del gasto? ¿ seguirá operando la contraloría? ¿O simplemente es un asomo de populismo?. Y respecto al código de consumo, parece buena iniciativa si protege al consumidor frente a intereses abusivos de tiendas y entidades, siempre y cuando se respete las reglas del mercado.